La Defensora del Pueblo Español, en su condición de Mecanismo para la Prevención de la Tortura, sugirió hace más de dos años instalar “con carácter prioritario” cámaras en las celdas del centro penitenciario Sevilla II donde se realizan las sujeciones mecánicas debido a la “alta frecuencia” en el uso de correas. La sugerencia se formalizó en mayo de 2015 y se remitió a la administración penitenciaria, junto a una veintena de consideraciones, tras la visita sorpresa los días 9 y 10 de marzo. Más de dos años después de aquello, las cámaras siguen sin instalarse.
Una visita sin previo aviso de técnicos de la Defensoría los pasados 23 y 24 de mayo, dos años y dos meses después de la anterior, trató de comprobar el grado de cumplimiento de las sugerencias. En el informe de seguimiento de la Defensora, al que se puede acceder en su web, esta cuestión aparece aún sin haber sido aceptada o rechazada por el Gobierno, con una respuesta de la administración que dice que “se está valorando la posibilidad de colocar cámaras”. Según fuentes de la Defensoría, La respuesta de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tras la visita del pasado mes de mayo es la misma: “se está valorando la posibilidad de colocar cámaras en ellas”. La institución ha encargado “una ampliación de actuaciones” para ver cuándo tienen previsto hacerlo.
El propio Gobierno, en una respuesta escrita el pasado abril, señala a este respecto, en general y pese a una pregunta concreta de la senadora de Podemos Maribel Mora, que “se está procediendo paulatina y escalonadamente a la instalación de cámaras en aquellas celdas de los centros penitenciarios destinadas a la aplicación de la medida de sujeción mecánica”. En su visita del pasado enero, a la citada senadora no le permitieron visitar el módulo de aislamiento pero le comunicaron verbalmente que las cámaras no se habían instalado, asegura a este periódico, que ha preguntado sin éxito a Instituciones Penitenciarias si aquella sugerencia se ha concretado o se va a concretar en la cárcel de Morón.
Correas homologadas
Según consta en varias respuestas del Gobierno a preguntas escritas de la citada senadora andaluza, la aplicación de medidas de contención mecánica en el centro se ha reducido a prácticamente a la mitad en 2016 respecto al año anterior, al menos en lo que se refiere a medidas de temporalidad prolongada (correas homologadas). El Ejecutivo distingue entre esta aplicación por tiempo prolongado y el uso de las esposas, de temporalidad reducida.
En ese sentido, y según datos estadísticos que constan en el Sistema de Información Penitenciario para los años por los que se interesa la senadora (2014, 2015 y 2016), en 2014 las esposas se aplicaron en 20 ocasiones y las correas en 116; en 2015 las esposas se aplicaron en 27 ocasiones y las correas en 120; y en 2016 las esposas se aplicaron en 37 ocasiones y las correas en 63. La fuerza física personal se aplicó en unas 500 ocasiones en cada uno de estos tres años, al igual que el aislamiento provisional y las defensas de goma se utilizaron entre 10 y 20 veces cada año. El uso de aerosoles se produjo solo en dos ocasiones en 2015, según datalla el Gobierno.
Aquella visita en marzo de 2015 de dos técnicos de la Defensora del Pueblo y un técnico externo médico psiquiatra se centró en comprobar la aplicación de la sujeción mecánica como medio coercitivo a los internos. A tal fin, se mantuvieron entrevistas con el equipo directivo, personal sanitario, internos y funcionarios, y se examinó documentación. Cabe recordar que, recientemente, y también por escrito, el Gobierno se ponía de perfil ante las denuncias de malos tratos a presos en Sevilla II.
Preguntada recientemente la propia Defensora, Soledad Becerril, dijo a eldiario.es Andalucía en Sevilla que “cuando un interno formula una queja, nosotros, que visitamos constantemente los centros penitenciarios, hacemos una inspección, pedimos los datos y el informe de la situación dentro de la prisión, y si vemos que hay indicios de malos tratos, lo ponemos en conocimiento de la Fiscalía”, si bien no advirtió repunte en este centro de este tipo de denuncias, informa Luis Mesa.
Recientemente, la Defensora presentó ante la comisión mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo una guía de buenas prácticas para el uso de contenciones mecánicas en centros de privación de libertad, que tiene por objetivo difundir los criterios que, a juicio del Defensor del Pueblo, deben ser tenidos en consideración, en actuaciones que requieran el empleo de las mismas.
Sin datos sobre trastornos mentales
Por otra parte el Gobierno, preguntado por el número de personas presas en este centro que tengan recetada medicación ansiolítica o psicotrópica, señala que “no es posible concretar” ese número de personas. Tampoco responde sobre los presos que tengan diagnosticada una enfermedad mental o un trastorno mental porque, según asegura el Ejecutivo, es “un concepto amplio” y “no existe un registro puesto que ninguna entidad nosológica perteneciente a esta categoría es objeto de declaración obligatoria numérica o individualizada”. Mora había insistido en “la necesidad de implantar mayor número de programas de tratamiento dirigido al alto porcentaje de población reclusa que sufre enfermedades mentales y/o adicciones”.
En cuanto al número de ocasiones en las que, al amparo del art. 68.4 del Reglamento Penitenciario, se ha recurrido al sometimiento de la persona presa a rayos X para detectar la presencia de algún objeto o sustancia peligrosa o prohibida, la dirección del penitenciario Sevilla II informa que se recurrió a ello en 254 ocasiones en 2014, 182 ocasiones en 2105 y 122 ocasiones en 2016. Este recurso ha ido disminuyendo progresivamente, si bien “en el 68’58% de los casos el resultado ha sido positivo a cuerpo extraño”. A juicio de Mora, es “una salvajada” hacer pasar por ahí a los presos procedentes de algún permiso, que en más del 30% de los casos no tiene resultado positivo.
61 muertes en diez años
El Gobierno también ofrece otras respuestas acerca del centro de Morón, como que el número de expedientes disciplinarios incoados fue de tres en 2014, tres en 2015 y ninguno en 2016. Respecto al número de quejas y/o denuncias relativas a actuaciones incorrectas o malos tratos por parte de los funcionarios que consten en el archivo o libro de registro de denuncia de malos tratos sugerido por la Defensora del Pueblo, se indica que se abrieron diez procedimientos en 2015, seis en 2016 y, de momento, uno en 2017.
El último informe de la Defensoría del Pueblo también destaca que la prisión de Morón destaca por el número de fallecimientos y, en cifras absolutas, está a la cabeza en número de muertes en prisión, con 12 muertes. En cuanto al número de fallecimientos de personas presas mientras se encontraban ingresados en Sevilla II entre 2008 y este 2017, el Gobierno informa que se han producido 61 muertes (27 por muerte natural, 6 por VIH/SIDA, uno por suicidio en 2009, 26 por drogas y una por agresión en 2013).