La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta ha confirmado este miércoles el cierre “de manera voluntaria” de la residencia de mayores Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, en la calle Manuel Siurot de Sevilla, tras una inspección en la que se detectaron “deficiencias graves”, como “incumplimiento de los requisitos materiales y funcionales, sobreocupación y ausencia de autoevaluación”. La Fiscalía investiga un posible delito de abandono de mayores, después de constatar que se les servía poca comida (y en ocasiones caducada) y se les ataba con sábanas.
En un comunicado, la Junta ha aclarado que el centro, con 20 plazas, es de titularidad privada y “no tenía ”ninguna plaza en concierto social“ con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda). Las instalaciones (continúa la nota) fueron objeto de inspecciones por parte de la Delegación territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla ”en varias ocasiones“.
El expediente que ha derivado en el cierre, una información adelantada por Canal Sur, se remonta al pasado 28 de enero. Tras varias visitas de la Inspección, y al detectarse “incumplimientos graves que no son solucionados”, se propuso el cierre de las instalaciones, que se hizo efectivo “de manera voluntaria” el pasado 24 de marzo, según el relato de la Junta.
Una vez comunicada su intención de proceder al cierre, la residencia avisó a los familiares de los usuarios, que se hicieron cargo de todas ellas salvo de una persona. En este caso concreto, desde la Consejería de Igualdad se reubicó al usuario en un centro de titularidad pública.
Investigación de la Fiscalía
Del caso se ha hecho cargo el fiscal delegado de Personas Mayores y con Discapacidad de la Fiscalía Provincial de Sevilla, Norberto Sotomayor, que investiga un posible delito de abandono de personas mayores. Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Fiscalía, Sotomayor ha recibido las actas correspondientes a la citada inspección, que se remontaría al pasado 28 de enero, toda vez que dicho centro arrastraría deficiencias sin subsanar ya detectadas en 2018, entre otras incidencias.
El centro, con 20 años de funcionamiento a sus espaldas, contaba en el momento de la inspección con 19 personas mayores, algunas de ellas sin familia directa, con un alto grado de dependencia y con diferentes enfermedades. Las actas de la inspección detectaron “graves irregularidades” que superarían el concepto de infracción en el funcionamiento, como por ejemplo deficiencias en las recursos de sujeción de los ancianos, algunos de los cuales habrían sufrido caídas, o incluso incidencias con la calidad de los alimentos.
Se trataría, según la Fiscalía, de incidencias en materia de “falta de atención” a las personas mayores, con posibles riesgos en la salud de los residentes de este centro. Es por ello que el fiscal investiga un presunto delito de abandono de personas mayores, una causa que dirige principalmente contra el director del centro como responsable del mismo.
A tal efecto, el representantes del Ministerio Público incluye en su investigación aspectos como los permisos de la residencia, las inspecciones realizadas por la Administración andaluza en los últimos tiempos y la respuesta del centro ante tales supervisiones.
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