Desbloqueada la búsqueda de la fosa del franquismo en el municipio sevillano de Almadén: el trabajo arqueológico arranca en noviembre

La búsqueda de la fosa común en Almadén de la Plata (Sevilla) ya tiene fecha: a principios de noviembre arranca la tarea arqueológica. Acaba así el bloqueo inicial del alcalde local, Carlos Raigada (Ciudadanos), sobre un enterramiento con hasta 32 víctimas del franquismo, como adelantó en exclusiva elDiario.es Andalucía.

La paralización de los trabajos acabó llegando al Parlamento de Andalucía. Los grupos parlamentarios de PSOE y Adelante Andalucía preguntaron a la consejera de Cultura de la Junta, Patricia del Pozo, por el caso. Y la Junta asumió la necesidad de desbloquear la cuestión: “Es un problema que vamos a resolver”.

Los trabajos arqueológicos comenzarán una vez pasado el Día de Todos los Santos, el día 1 de noviembre, como han confirmado a este medio desde la propia Consejería de Cultura, aunque sin aportar más detalles sobre la búsqueda. Desde Ciudadanos, partido al que pertenece el alcalde de Almadén, sostienen que siempre han respaldado estas intervenciones: “No ha habido nada extraño, todo ha sido avalado según informes técnicos”, sostienen las fuentes consultadas.

Una fosa “polémica”

La fosa de Almadén ha estado envuelta en polémica en los últimos meses. Los trabajos cuentan con financiación de la Junta de Andalucía, adjudicada desde 2018 en un paquete con otras, caso de Alcalá del Río, Salteras o Benacazón.

Todas estas fosas fueron abiertas, menos la de Almadén. El Ayuntamiento no permitía la intervención pública en el cementerio local porque el informe preliminar señalaba como posible ubicación en el exterior del recinto. Pero en el transcurso de la investigación surgía un testimonio clave: el del hijo del enterrador en 1936, que desvela que la tumba colectiva estaba dentro de las tapias del camposanto.

“El Ayuntamiento no niega el permiso, lo da basándose al informe de la Junta de Andalucía”, alegaba entonces el alcalde de Almadén. Aquel documento inicial es “una hipótesis, una propuesta de trabajo, y esto no son documentos cerrados sino que pueden evolucionar y cambiar”, respondía el autor del estudio, el arqueólogo Miguel Ángel Vargas.

La polémica estalló cuando el alcalde melojero calificó a los arqueólogos de “chupadores de subvenciones”, según un comunicado que difundió en sus redes sociales. Aunque posteriormente matizó a este medio que no se refería a “todo el colectivo” de arqueólogos. Estas palabras motivaron un manifiesto de la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología ante las declaraciones de Carlos Raigada.

Los grupos parlamentarios de PSOE y Adelante Andalucía llevaron la cuestión al Parlamento de Andalucía. “La consejera conoce la situación esperpéntica de la fosa con financiación aprobada de años previos, con todos los informes, equipo licitado, y que hay una dificultad absoluta que impide que los técnicos puedan hacer las funciones de delimitación de la fosa de Almadén de la Plata”, reclamaba la portavoz en la Comisión de Cultura de Adelante Andalucía, Ana Naranjo. Por su parte, el PSOE, pedía al Comisionado de la Concordia que tome cartas en el asunto: “Debe hacer estas funciones, ante el conocimiento de que el alcalde impide la localización y exhumación y, en su caso, la identificación víctimas; tiene que actuar”, según Francisco Javier Fernández.

“Tranquilidad” porque la intervención arqueológica “se va a llevar a cabo” en cuanto Cultura tenga el nuevo informe técnico con los nuevos datos que apuntan a que la fosa estaría dentro del cementerio, aseguró entonces la consejera. El Gobierno andaluz, añadió, prepara un proyecto por el que va “a blindar las exhumaciones para los próximos tres años en Andalucía”, según Patricia del Pozo.

Aunque, de momento, el único movimiento conocido en las políticas públicas de la Junta de Andalucía es el recorte a las ayudas para la Memoria Histórica para dedicarlo al fondo Covid-19. El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos recorta a menos de un tercio la convocatoria de subvenciones para reparar a las víctimas del franquismo: de 260.000 euros a 75.000.