L.G.G. ha conseguido generar un debate al más alto nivel de la Justicia en España. Fue el principal motivo que le llevó a llevar su caso hasta el Tribunal Constitucional. Ahora, dos años después de volver a atreverse, el tribunal de garantías acaba de admitir a trámite su recurso para estudiar si la rebaja de la condena por los abusos sexuales continuados de Santigo Romero, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla entre 1997 y 2009, es realmente oportuna para casos de violencia sexual, en los que es habitual que las víctimas, como ella, no denuncien los hechos inmediatamente, sin que eso afecte a la credibilidad de sus acusaciones. Habla por primera vez con un periódico de todo lo sufrido, de las secuelas que aún padece, de la terapia a la que se sigue sometiendo. “Cada vez que abría el ordenador para ponerme a escribir un artículo académico veía la cara de Santiago amenazándome con que no me lo iba a publicar”, recuerda.
Su hija de cinco años le decía estos días que estaba orgullosa de ella. La misma niña que, al octavo mes de gestación, se movía agitada en el vientre de su madre durante las cuatro horas de interrogatorio a las que se enfrentó en el juicio oral celebrado en marzo de 2016. Tanto el juzgado, en enero de 2017, como la Audiencia de Sevilla, en diciembre de 2019, consideraron probados los abusos sexuales sobre tres profesoras y condenaron por tres delitos continuados al catedrático. Romero, en cambio, vio cómo en la segunda instancia se le redujo de siete años y nueve meses a dos años y nueve meses de cárcel, principalmente por la atenuante de dilaciones indebidas, esto es, el tiempo transcurrido entre los hechos y la sentencia. “Es una satisfacción que el TC haya considerado que se trata de una asunto de especial trascendencia constitucional y que merece la pena estudiar el recurso. Eso ya es un reconocimiento”, comenta a elDiario.es Andalucía su abogada, Amparo Díaz, en su despacho junto a L.G.G., de 42 años.
Ambas coinciden en que el paso de una víctima de abusos sexuales por la Administración de Justicia es muy duro. “Sale muy caro para una víctima denunciar y dar el paso”, dice L., que apunta que “es muy costoso que se te reconozca todo lo que has sufrido, es muy difícil tener que demostrarlo”. La Audiencia rebajó la condena al catedrático por el retraso en el procedimiento, quedando además conmutada la pena por una multa de 2.400 euros, a pagar en tres meses. “¿Se le puede considerar rehabilitado como para no merecer la pena de prisión si no ha reconocido los hechos ni se ha mostrado arrepentido? ¿Qué mensaje se le está dando a las víctimas si el retraso del proceso va en su contra?”, denuncia la letrada, quien lamenta que la “interpretación” y la “justificación” que hicieron los jueces de la Audiencia para que Romero no entrara en la cárcel “perjudica a las víctimas”. “Lo hiriente y lo más sangrante es que se le aplicaran las dilaciones indebidas por inercia jurídica a su favor. Es necesario remover esa inercia”, argumenta.
El Tribunal Supremo ha determinado ya en varias ocasiones, por ejemplo en 2019, que la denuncia a las víctimas “no se les puede volver en su contra cuando tardan en denunciar, porque hasta se sienten estigmatizadas por hacerlo, y, en muchos casos, hasta culpables, cuando son víctimas, no culpables”. El Constitucional ha entendido ahora que el caso de Santiago Romero da pie a un proceso de “reflexión interna” en el seno del alto tribunal para aclarar o cambiar su doctrina. Una de las posibilidades es incorporar la perspectiva de género a las dilaciones indebidas, como pide Díaz: “Hay que revisar el sistema en su conjunto para mejorar todos los ámbitos de atención a la víctima”, señala. “El Constitucional ha abierto una puerta de esperanza al considerar que sería posible hacer mejoras y atender a situaciones de violencia sobre las mujeres fuera del ámbito de la pareja”, añade Díaz al respecto.
L.G.G habla de “la herida emocional”, de las “secuelas” que padece por los hechos, del “bloqueo” que le impidió seguir adelante con la que iba a ser su vida. Su relato, corroborado por el juzgado y por la Audiencia, se remonta a 2006 cuando logró sacar plaza de profesora ayudante, aunque “el acosos ya lo había sufrido como alumna” y llegó al departamento “marcada de rebelde” al no acceder a las pretensiones de Santiago Romero. “Te va a arruinar la vida”, le dijeron cuando dio el paso, junto a otras dos compañeras, de poner la situación en conocimiento del Rectorado de la Hispalense después de quedarse “un día en clase sin poder articular palabra” antes sus alumnos. Desde entonces, no ha podido volver a la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla. “Ni volveré”, zanja sobre aquella “aversión” a todo lo relacionado con la que fue su facultad.
Aquel episodio concreto ocurrió a finales de 2010, tras cuatro años de abusos: “tienes que follar más, que estás muy flaca”; “la abrazó de manera efusiva para, a continuación, bajar las manos hasta tocarle los glúteos mirándola de manera lasciva”; “en una ocasión una profesora se agachó a coger algo, momento en que él la empujó con el pie diciendo ‘esta es una puta, qué se va a esperar’”; “le cogió la mano y venciendo la resistencia que ella le ofrecía, la colocó sobre sus genitales”; “la besó en varias ocasiones en la boca venciendo la resistencia de la víctima”, corroboró la Justicia hasta en dos ocasiones. “El acoso fue bestial”, resume L. “Si no iba sola a su despacho, me amenazaba con abrirme expediente”.
L. había empezado a somatizar. Infecciones, fiebres y un continuo ir y venir al médico, y al psiquiatra, “hasta que me di cuenta de la causa-efecto, de que me ocurría cuando él me llamaba o quería reunirse conmigo”. Una ansiedad y un estrés que solo pararon cuando huyó a México durante un año. A su vuelta, “la sintomatología se agravó por el tremendo acoso”, relata. Noches sin dormir, fobias a aquel “espacio hostil” en que se había convertido la facultad. “Yo amaba dar clase, pero he sido incapaz de volver allí”. Antes había pedido traslados que siempre le denegaron. Desde 2019 trabaja como contratada doctora en la Facultad de Enfermería.
Sus secuelas psicológicas siguen siendo tratadas. Ahora asegura que necesita hacer “cosas que ayuden a los demás”, pero las “heridas” del trauma sufrido no le hacen rendir ni mucho menos como antes, cuando se volcaba en investigaciones ligadas a la fisiología de la actividad física y el deporte. Sabe que llegar al Tribunal Constitucional puede cambiar las cosas y ayudar, precisamente, a otras víctimas. Así expresa lo que desea: “Quisiera que se reflexionara y que se cambiara a nivel jurídico todo lo necesario para que las personas que sufren hechos de este tipo tengan la seguridad de que se les va a hacer justicia y que les va a merecer la pena lucha por los derechos que se les ha vulnerado”.
A su juicio, “es importante para la víctima que, cuando se sufre un abuso, la reparación sea inmediata para que no se cronifique”, como a ella le ha pasado. “Además de contra el agresor, lo ideal sería que las víctimas no tuvieran que luchar contra el sistema judicial y todas las administraciones públicas”, apunta su abogada al recordar L.G.G. lo que le dijeron en un tribunal médico de los muchos por los que tuvo que pasar, haciendo “malabares” para que le concedieran las bajas laborales: '¿Usted qué problema tiene en que su jefe le toque el culo?', le preguntaron. “Prejuicios” y “falta de la perspectiva de género” han sido también cuestiones a las que se ha tenido que enfrentar, relata.
“Soy otra persona diferente, pero no concibo haber actuado de otra forma” ante “aquella situación traumática” que sufrió y que la unió a las otras dos profesoras víctimas del catedrático, responde acerca de si se ha arrepentido en algún momento de haber denunciado los hechos. “Me vi muy perdida en todo este proceso y me gustaría que esto sirviera para algo. Cuando salió la sentencia, todos se acercaban y me decían que qué valiente había sido, pero muchos de esos te decían antes que no iba a merecer la pena”. “Pero esta lucha es necesaria”, sentencia.
Para L., el exdecano “no fue condenado como debía, pero el objetivo es crear conciencia”. “Dolida” pero “sn ánimo de venganza”, ella tiene claro que “otras mujeres tienen que tener las herramientas para que las cosas no se le pongan tan difíciles, porque el proceso por el que he pasado ha sido largo, tedioso y difícil”, resume. “A ese tipo de hombres hay que pararles y tienen que saber que no pueden hacer con las mujeres lo que a ellos les apetezca”, señala. “Ojalá hubiera tenido una condena justa y a tiempo”, dice L., que afronta con “esperanza” lo que determine el Tribunal Constiticional.
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