El Polígono Sur de Sevilla ha repetido este año como barrio con menor renta neta media anual por habitante de toda España. Los planes de recuperación de las administraciones llevan años sin terminar de dar el resultado deseado. Y, ahora, una cuestión burocrática, un traspaso de competencias, un problema de contratación, les ha dejado sin su Centro de Tratamiento Ambulatorio, el lugar que sirve como puerta de entrada a la red de atención a las personas con problemas de adicción a las drogas. La federación provincial de drogodependencias Liberación considera “intolerable” el cierre temporal y denuncia que la situación “repercute negativamente en los procesos de incorporación social de las personas con adicciones”.
El centro público, que se dedica a la prevención, orientación, deshabituación-rehabilitación y reinserción social de sus usuarios (unas 500 personas, aproximadamente), lleva unos días cerrado y “se ha trasladado funcionalmente” al Centro Social de Miraflores, “donde se sigue prestando la atención presencial”. Se trata de “una situación transitoria”, según Rocío Sutil, diputada de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, y que está motivada por varias causas, en concreto, la coincidencia del periodo vacacional del personal, junto a dos bajas por enfermedad acaecidas recientemente y la jubilación de un médico han motivado esta circunstancia, según detalla a este periódico.
Pero detrás de la falta de personal aflora la citada cuestión administrativa. Según la diputada, “nos encontramos en un marco legal complejo” porque desde que en 2019 que la Junta decidió pasar las competencias de drogadicciones a la Consejería de Salud, como informó este periódico en aquel momento, se dejó “a las diputaciones provinciales sin convenio y, por lo tanto, sin competencias delegadas”, solamente “sometidas a una subvención”, algo que “dificulta el proceso para la contratación de personal, por ejemplo”. La Diputación, insiste, trabaja “para poder reanudar el servicio presencial médico a la mayor brevedad” y se están “buscando fórmulas que nos permitan reanudar el servicio”. “No es un problema de dinero, pero nosotros no podemos contratar”, añaden fuentes de la Diputación.
Sutil incide en que “la Diputación quiere continuar colaborando con la Junta de Andalucía como hasta ahora para la prestación del servicio de tratamiento de adicciones” pero reclama “un marco jurídico que ampare estas funciones delegadas, ya que es competencia exclusiva de la comunidad autónoma, así como una revisión e incremento de la financiación”. Según informó este periódico el año pasado, la Junta de Andalucía ya reconoció “dificultades en algún caso puntual” para cubrir las bajas de profesionales sanitarios en las comunidades terapéuticas, también encargadas de la atención a drogodependientes y en las que se advertía “improvisación” por parte de la administración autonómica.
La diputada Rocío Sutil indica a este periódico que “el presupuesto provincial asciende a 3,8 millones de euros y la Junta solo aporta 1,2 millones de euros, soportando la Diputación el mayor peso de su financiación sin tener competencias en la materia. ”Este tema ha sido prioritario para la Diputación desde que se produjo el cambio de modelo en 2019 y así lo hemos venido manifestando en las diferentes reuniones mantenidas con los responsables que ha tenido el servicio, de los que entendemos buena predisposición pero hasta la fecha seguimos en el mismo punto que en 2019“, indica la diputada.
Desde la Consejería de Salud y Familias señalan a este respecto que se mantiene “una estrecha y muy buena comunicación” con la Diputación de Sevilla “para la adecuada prestación de los servicios en materia de adicciones”. “Estamos en conversación con ellos para establecer de manera consensuada un nuevo marco jurídico que regule las relaciones de ambas Administraciones en esta materia, proceso que entendemos debe realizarse garantizándose en todo momento la continuidad en la prestación de los servicios a las personas con problemas de adicciones”, apuntan fuentes del departamento dirigido por Jesús Aguirre.
En cuanto al modelo de financiación de este servicio, la Junta arguye que “ha sido el mismo desde sus orígenes, con el mismo porcentaje de cofinanciación por parte de ambas administraciones”, por lo que rechaza que se hable de “un cambio” del mismo en 2019, si bien no obstante reconoce la Consejería que “hubo intentos de modificar este modelo en legislaturas anteriores que nunca llegaron a plasmarse en la realidad”.
La diputada Sutil añade que, en cualquier caso, la atención a usuarios en Miraflores ahora “es con cita previa” ya que “la mayoría cuanta con tratamientos de larga duración y que son dispensados en el propio centro de salud o en farmacias de su entorno”. “Los usuarios continúan el suministro de su tratamiento que dispensa el Centro de Salud de Polígono Sur dos días a la semana y en horario de 8.00 a 10.00, y siguen su atención y seguimiento telefónico del equipo del Centro de Tratamiento”, si bien en caso de necesidad de atención presencial deben acudir a las instalaciones de Miraflores.
El Comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, entiende “las dificultades” que ha tenido la Diputación para mantener el servicio durante unos días pero “se nos ha manfestado por su parte que em breve plazo, lo más seguro que la semana que viene, se abrirá de nuevo el centro”, por lo que “habrán sido solo unos días para cuadrar las vacaciones de los profesionales. ”Indudablemente, es para nosotros un centro muy importante, porque atiende aproximadamente a unas 500 personas, donde se hace un especial seguimiento de las personas con adicciones, hacen una prescripción y luego el centro de salud dispensa funadamentalmente metadona“. Bretón indida a elDiario.es Andalucía que confía en que lo que se le ha manifestado desde la Diputación ”se lleve finalmente a cabo“, que este cierre ”solo sea de unos días“ y que las personas que requieran de una especial atención no tengan apenas que desplazarse.
Por su parte, la federación provincial de drogodependencias Liberación denuncia que se trata de un “desmantelamiento del sistema público de atención a las personas con adicciones”, considera “intolerable” el cierre temporal del centro, según indica en un comunicado remitido a este medio. y denuncia “falta de recursos humanos” en ambos centros. “Esta situación no es nueva. Desde hace casi un año son varios los centros de tratamiento ambulatorio que han sido trasladados al Centro Social Miraflores: La Rinconada, Polígono Norte y Coria del Río, a más de 20 kilómetros”, lamenta Liberación.
Asimismo, indica la federación que la situación “repercute negativamente en los procesos de incorporación social de las personas con adicciones, ya que el Centro Social Miraflores se encuentra más alejado y se dificulta el acceso de la población más vulnerable y con dificultades económicas”, lamentando que haya “un gran número de centros” de este tipo que “carecen del personal necesario y no se están cubriendo las bajas”. “Falta de médicos, administrativos o trabajadores sociales viene siendo la dinámica habitual de estos centros. No es admisible el recorte de servicios públicos, con mayor agravante en los barrios más desfavorecidos de Sevilla. Este es el caso de Polígono Sur, considerado el barrio más pobre del Estado español según el informe anual del INE. Son en estos barrios donde existen dinámicas de consumo de drogas más cronificadas, por lo que estos centros de atención y tratamiento a las personas con adicciones son imprescindibles”, apunta la federación.
Por otro lado, Liberación considera que “la adherencia a un tratamiento integral y personalizado estando el recurso tan alejado de la población es ficticia” pues el tratamiento farmacológico (entrega de metadona en los centros de salud) es solo una pata más del proceso terapéutico“. ”Es imprescindible que los centros de tratamiento ambulatorio sean recursos dotados con el personal técnico suficiente, accesibles, cercanos y que respondan a las necesidades del colectivo. Además, descentralizando la atención en diferentes localizaciones, se pone en riesgo un trabajo en red real y efectivo“.
L“as personas que requieren gran parte de estos servicios sufren una doble exclusión: no contar con los recursos necesarios para poder vivir con dignidad y no poder acceder a recursos públicos básicos. Liberación exige que se tomen las medidas oportunas para acabar con esta situación claramente injusta, impropia de un estado social, que vulnera el derecho a la salud y a la atención social de tantas personas vulnerables”, concluye la federación.
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