La Federación de Periodistas reclama al alcalde de Sevilla que no dé publicidad oficial a 'medios' condenados por mentir

La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) han instado al Ayuntamiento de Sevilla (con José Luis Sanz, del PP, como alcalde) y a Tussam, la empresa municipal de transportes, a que retiren y modifiquen la adjudicación de campañas de publicidad a medios y empresas que “han sido condenadas por sentencia judicial, o algunos de sus periodistas, por publicar y difundir mentiras e informaciones falsas”. En este sentido, recuerdan que esta decisión “incumple principios éticos de la profesión acordados por las asociaciones de la prensa de España”.

En concreto, ambas entidades se refieren al contrato Servicios de difusión de las campañas publicitarias de Tussam durante el periodo comprendido entre final de 2023 e inicio de 2024, que ha repartido más de 320.000 euros de dinero público (IVA incluido) a distintos medios y grupos de comunicación. A su juicio, la campaña “no se ajusta al principio de audiencia” que determina la jurisprudencia de los tribunales de Justicia en esta materia, además de que hace llegar fondos a medios de comunicación que han sido condenados por mentir.

La APS recuerda que en la última asamblea general celebrada por la FAPE, en abril de este año, los representantes de los periodistas de toda España, y a propuesta de la propia entidad sevillana, aprobaron por unanimidad dos resoluciones sobre la publicidad institucional. La primera es exigir a todas las administraciones públicas que, para el reparto de su publicidad, sigan como criterio de reparto las audiencias de los medios de comunicación, tal y como establece la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de los Tribunales Superiores de Justicia.

En cuanto a la segunda, insta a las administraciones a que no contemplen en el reparto de estas ayudas públicas a aquellas empresas periodísticas que estén condenadas por sentencia judicial, o algunos de sus trabajadores, por difusión de mentiras, bulos, o por promover informaciones falsas. Este es el caso de algunas de las empresas que han sido adjudicatarias de la publicidad de Tussam.

No servir a “intereses de otro tipo”

De hecho, la APS y la FAPE consideran que en la adjudicación y distribución de esta campaña de publicidad de la empresa municipal de transportes “se incumplen claramente estas dos resoluciones”. Desde su punto de vista, el reparto económico no se ajusta al criterio de audiencia de los medios de comunicación establecidos por los propios tribunales de Justicia, y que defiende la FAPE, y además se concede dinero público “a empresas y medios de comunicación que han sido condenadas por sentencia judicial, o algunos de sus periodistas, por publicar y difundir mentiras e informaciones falsas”.

Ambas entidades, además de esta petición concreta al Ayuntamiento de Sevilla y a Tussam, reitera su llamamiento a todas las administraciones públicas para que el reparto de las campañas de publicidad institucional responda siempre a principios de transparencia, de audiencia contrastada y de ética de la profesión periodística, “y no a intereses de otro tipo bien distinto”.