La izquierda y Vox exigen más dureza con los pisos turísticos en Sevilla y vuelven a tumbar la propuesta del gobierno del PP

Sevilla sigue sin un consenso político en el Ayuntamiento que haga posible la limitación de los pisos turísticos. Desde que el pasado 20 de junio la oposición municipal (PSOE, Vox y Podemos-IU) tirase por tierra la propuesta de regulación que presentó en el pleno el gobierno de José Luis Sanz (PP), se han producido tres infructuosas reuniones para desatascar un problema que sigue al alza, porque el número de licencias no deja de crecer: ya son 9.457 las viviendas de este tipo que hay en la capital hispalense, 73 más que cuando la cuestión fue a sesión plenaria. Y la cifra va a seguir creciendo, porque la oposición ha vuelto a tumbar el último amago del PP, al que le insiste que endurezca la norma.

El último capítulo se ha vivido en el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo, a la que el gobierno local ha llevado por urgencia una propuesta que entiende mejorada sobre su posición inicial. Pero no ha llegado ni a debatirse, porque no se ha admitido que el punto entrase en el orden del día por la vía rápida. La abstención de la oposición ha hecho que, al requerirse mayoría cualificada, el PP haya vuelto a chocar con su minoría y no haya conseguido su objetivo.

Lo ocurrido pone de manifiesto no sólo que el gobierno local está en minoría, con 14 de 31 concejales en el pleno, sino que tiene serios problemas de interlocución con el resto de grupos políticos y una tendencia a actuar como si gozase de mayoría absoluta. La oposición había solicitado la retirada de este punto del orden del día en Urbanismo, a lo que el PP se ha negado como también hizo en el último pleno pese a saber que iba a perder la votación. Por ahora, sigue sin encontrar aliados ni a su izquierda ni a su derecha.

'No' a una moratoria de licencias

Mientras tanto, el alcalde mantiene las líneas maestras de la norma que le derribaron hace 20 días en el pleno: se niega a aplicar una moratoria de manera general (como reclama la oposición) y postula que los pisos turísticos sean el 10% del total de viviendas de cada barrio. Esta cifra es excesiva para el resto de partidos, pero el PP defiende que supondría no dar ni una licencia más en 11 barrios –todos del centro– ya saturados. Eso sí, todavía habría bastante margen de crecimiento en el resto de la ciudad.

Tras fracasar las tres reuniones previas, la última propuesta incluía la posibilidad de rebajar este 10% en barrios de alto esfuerzo familiar para alquilar una vivienda, en zonas acústicamente saturadas y en espacios de carácter patrimonial. Esto introduce la novedad de establecer un porcentaje distinto, pero ni se específica cuál se aplicaría ni en qué puntos concretos de la capital. De hecho, las tres excepciones recogidas coinciden en la práctica con las zonas que ya están consideradas saturadas de pisos turísticos.

Junto a ello, introducía dos mejoras más: revisar la aplicación de la norma por barrios cada tres meses (antes era anualmente) y una mesa de seguimiento para supervisar la eficacia de las medidas. Aunque se reconoce que se produce un ligero avance, PSOE, Vox y Podemos-IU insisten en que es insuficiente, que falta concreción y que hay que endurecer más el texto para superar la actual avalancha de licencias que se están concediendo.

A contrarreloj para que vaya al pleno

La aprobación en el consejo de gobierno de Urbanismo era requisito imprescindible para que la cuestión pudiera ser elevada al pleno de la semana que viene, en un nuevo intento de conseguir su aprobación definitiva. Esta sesión es la última antes del periodo vacacional, aunque todavía hay opciones de que la cuestión se aborde antes de septiembre: puede haber sobre la marcha una nueva convocatoria para lograr el visado de Urbanismo, entrando a continuación por urgencia en el pleno. Pero para ambas cuestiones es necesario alcanzar un acuerdo político previo que hoy no se vislumbra.

La dificultad principal para ello es que las posturas políticas siguen alejadas. El PSOE, por ejemplo, insiste en la moratoria, pide una modificación del PGOU para dificultar la concesión de nuevas licencias y reclama que, mientras tanto, se inste al Gobierno andaluz a que no admita nuevas inscripciones en el registro que valida estas viviendas. El alcalde, por ahora, se ha limitado a criticar que “para este tripartito bloqueador, la limitación de licencias de pisos turísticos no es un tema urgente”.

Podemos-IU, por su parte, considera que el gobierno local “no se ha movido ni un milímetro” de su propuesta inicial, a la vez que acusa a José Luis Sanz de “comportarse como un agente comercial en favor de los intereses del lobby turístico”. De paso, insiste en reclamar una moratoria y una reducción del porcentaje de pisos turísticos, cuestiones que también exige Vox, que ha achacado a la “soberbia del PP” la imposibilidad de tramitar esta regulación. “Celebramos que con este revés, el gobierno de Sanz tome conciencia de la aritmética parlamentaria y afronte los problemas de otro modo”, se subraya desde la formación de ultraderecha.