El líder del PP de Sevilla descarta recurrir la investigación por prevaricación para no “expandir fango”

El presidente del PP de Sevilla y delegado de la Junta de Andalucía en la capital, Ricardo Sánchez, ha descartado recurrir el auto de diligencias previas abierto por el Juzgado de Carmona por encontrar indicios de prevaricación administrativa en el caso del tanatorio de Mairena del Alcor. Municipio que Sánchez gobernó como alcalde entre 2011 y 2019, y que lleva con un proyecto de tanatorio municipal paralizado ocho años, mientras que el Ayuntamiento impulsó uno privado vinculado a la firma familiar de un alto cargo del partido en un plazo de seis meses.

Preguntado por este periódico, el líder popular ha dicho que no iba a recurrir “porque no hay sentencia” y prefería guardar silencio para no “expandir fango”. “Cuando haya sobreseimiento, entonces hablaré y mucho”, ha manifestado a la entrada de un acto que tenía agendado este jueves en la capital junto al actual alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, también investigado en este mismo proceso.

Contra este auto –firmado por el juez el día 4 de junio y notificado el pasado día 11–, cabe presentar recurso de reforma en el plazo de tres días o interponer recurso de apelación antes de cinco días desde su notificación a las partes, según señala el juez en el documento al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es. Aun así, Sánchez ha optado por no recurrir, según lo expresado a este medio.

Un silencio con advertencia

Hasta este jueves, el PP había evitado hacer declaraciones públicas en torno al proceso de investigación iniciado el pasado martes contra tres dirigentes del partido a nivel provincial y regional: el propio Ricardo Sánchez, el actual regidor de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, y Francisco Jesús Rodríguez Roa, actual consejero de la RTVA por designación de su partido y miembro de la ejecutiva regional de Juan Manuel Moreno.

Al ser preguntado por los periodistas a la salida del acto celebrado este jueves, el presidente del PP de Sevilla ha insistido en que no quería “expandir más fango” y ha aseverado que hablará cuando se cierre el caso porque “no tiene fundamento” y, entonces, “alguien tendrá que pedir perdón”, según ha añadido.

La investigación parte de una denuncia interpuesta por el grupo municipal socialista de Mairena del Alcor el pasado 11 de abril, pero el juez ha tardado dos meses en abrir diligencias y dar traslado a la Guardia Civil y al Ministerio Público. 

Según la acusación de los socialistas en la oposición, el líder del PP de Sevilla habría obrado como “cabecilla o urdidor” de una supuesta “trama” de “pelotazo urbanístico”, que arrancó durante su mandato como regidor en Mairena del Alcor y que continuó su sucesor, al mantener el freno al proyecto de tanatorio público aprobado por el Consistorio en 2015 mientras se impulsaba otro privado, en beneficio de la empresa familiar de Rodríguez Roa, y de la que formó parte como trabajador durante ocho años hasta que asumió el cargo de consejero en RTVA.

Colaborar con los jueces

Fue Juan Manuel López –número dos de Sánchez durante la etapa de este último como alcalde– quien concedió en 2021 la licencia de obras a la firma familiar de su compañero de partido, el también denunciado Rodríguez Roa. El tanatorio privado tardó menos de seis meses en ponerse en marcha, desde que la promotora vinculada al citado dirigente del PP solicitó la licencia –en mayo de 2021– hasta que el Ayuntamiento gobernado por el PP –ya con López al frente– se la concedió en octubre de ese mismo año.

El regidor popular ha sido el único miembro de su partido en hacer públicamente unas declaraciones sobre el proceso judicial iniciado este martes. En un comunicado remitido a los medios de comunicación expresa su “predisposición, respeto y colaboración a los jueces”, así como su deseo de que “esta situación se resuelva lo más pronto posible”.

López explica que “tal como está contada la historia aportada a través de una denuncia por parte del portavoz del grupo socialista de Mairena del Alcor, el juez puede entender que puede ser constitutiva de delito y, por tanto, solicita información complementaria para aclarar la situación”. De ahí que el alcalde diga “alegrarse” de que “se pida todo tipo de documentación aclaratoria por parte de su señoría, ya que así se podrá discernir este asunto de forma definitiva”.