Junio es el Mes del Orgullo, una fecha marcada por las fiestas, reivindicaciones, pero también para recordar lo que han sufrido y vivido las personas de este colectivo a lo largo de la historia, especialmente durante el periodo de la dictadura franquista. Pablo Morterero, presidente de la Asociación Adriano Antinoo, ha recordado, en una conferencia sobre Memoria Histórica en la Alameda de Hércules de Sevilla, que se llevaron a cabo “modificaciones terribles” de leyes que servían para “perseguir y violentar a las personas homosexuales, bisexuales y trans por su orientación y/o su identidad”.
Ha explicado que a los homosexuales se les comenzó a declarar “depredadores sexuales” al reformar la ley del Código Penal en 1944 “donde se establecieron los 23 años como la edad mínima de consentimiento entre dos hombres o dos mujeres”. Mientras que en una relación heterosexual “se mantuvo en los 13 años”. Además, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social también fue modificada en la década de los 50 para incluir los delitos de homosexualidad.
El presidente de la asociación ha explicado que había los llamados tribunales de honor para los homosexuales, que no fueron prohibidos hasta la Constitución de 1978. Ha puesto de ejemplo que “se podía forzar la expulsión laboral de un farmacéutico por el simple hecho de que fuera gay”. Las últimas investigaciones que ha realizado Pablo escenifican “una realidad aún más terrible y desconocida”.
La supuesta práctica judicial de buscar y culpabilizar de delitos a “personas vulnerables”, dejando libres a culpables y condenando a inocentes. Esta persecución policial al colectivo LGBT+ mostraba una “eficacia policial falsa” a través de testimonios de personas trans y personas homosexuales que muestran el horror que ha pasado este colectivo. Morterero cuenta durante la conferencia el caso de E.T., una mujer trans que cuenta que fue detenida en Sevilla y traslada a la Comisaría de la Gavidia donde, después de interrogarla y exigiendo que confesara que había robado, “un policía me bajó a la celda, me metió en el ascensor y me violó”.
La negativa de un hombre homosexual, A.J., a firmar una declaración de culpabilidad en la misma comisaría (Gavidia) por el asesinato de un ciudadano inglés que había sucedido días antes en Torremolinos hizo que se “llevara una paliza por un famoso policía apodado Billy el Niño”. “Querían hacerme firmar sin que leyera lo que ponían en el papel”, añadía el afectado.
El 3 de noviembre de 1959 se produjo un robo en el Hotel Cecil Oriente en plaza Nueva, donde el policía Julio Pérez Fuentes fue asesinado con una metralleta que fue robada tras un asalto al destacamento del Ejército del Aire del aeropuerto de San Pablo, explica Morterero como muestra de uno de los casos más claros de injusticia contra el colectivo. “La clave para encontrar a los culpables fue el arma, que fue encontrada un mes después en un hueco de la muralla de la Macarena”, añade.
Rafael Pino Cordón y Rafael Romero Peña fueron los “culpables” de este asesinato. Fueron juzgados el 21 de diciembre en un Consejo de Guerra y, “a pesar de declararse inocentes durante el juicio”, fueron condenados a muerte por “intimidación con arma de fuego y con resultado de homicidio”. Fueron ejecutados el 20 de febrero de 1960 a garrote vil, procedimiento para ejecutar a un condenado comprimiéndole la garganta con una soga retorcida con un palo con un aro metálico u oprimiéndole la nuca con un tornillo, como explica la Real Academia Española de la Lengua.
Sin “conseguir una sola pista en el primer mes del suceso y con la presión social” la policía en menos de tres semanas “consiguió encontrar a los culpables confesos” y, a pesar de “declararse inocentes, son ajusticiados en menos de dos meses”. A esto se le añade la intervención de Monseñor Camilo Olivares, quien fue sacerdote de la Santa Caridad y que acompañó a los dos “culpables”.
En una entrevista para el ABC, Olivares comentó entonces sobre las dos personas asesinadas que “eran personas frágiles, de corta inteligencia, extremadamente amanerados y físicamente débiles”. Con un “sentimiento terrible de culpa” el sacerdote añadió que “parecía difícil de comprender que hubieran sido capaces de robar un arma de fuego en un cuartel, planear y realizar personalmente un atraco y disparar en un tiroteo matando a un policía armado”. Pablo Morterero termina la conferencia denunciando que la policía no investigó cómo consiguieron el arma homicida y que “no hicieron justicia al policía asesinado”.
La memoria histórica debe reivindicar “de dónde venimos” porque “muchas personas eran despreciadas por sus familias, pero nosotros estaremos aquí para luchar por su memoria”, ha sentenciado el activista.
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