La plantilla de la grúa en Sevilla anuncia huelga indefinida desde Semana Santa

La plantilla del servicio municipal de grúa de Sevilla ha acordado emprender una “huelga indefinida” a partir de Semana Santa, comenzando el 22 de marzo, Viernes de Dolores. Así lo ha informado el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), que encabeza el comité de este colectivo gestionado por una unión temporal de empresas (UTE) conformada por Talleres y Automóviles Diego y Tranfocar, al término de una asamblea general celebrada este jueves para abordar dicho asunto.

Hasta entonces, los trabajadores han acordado iniciar nuevos paros parciales desde mediados de febrero y romper definitivamente todo contacto con la UTE adjudicataria del servicio. De esta forma, vuelven a reclamar al Gobierno local del Ayuntamiento hispalense que licite ya el nuevo contrato de este servicio, con vistas a promover un cambio de la entidad responsable del mismo habida cuenta de lo agravado del conflicto laboral de los trabajadores con Talleres y Automóviles Diego y Tranfocar.

La asamblea de este jueves ha tenido lugar a la vuelta de las fiestas navideñas, periodo durante el cual este servicio público ha estado marcado por los paros parciales protagonizados por los propios trabajadores, con la suspensión de “cerca de 60 servicios” requeridos por la Policía Local para la retirada de vehículos estacionados en lugares indebidos, según datos del sindicato.

Antecedentes del conflicto

En su anterior escrito de preaviso de huelga, los representantes sindicales de la plantilla señalaban que la entidad gestora de este servicio público no estaría cumpliendo el acuerdo alcanzado el pasado mes de abril de 2023 en el seno del Sercla, con el cometido de poner fin al conflicto laboral que atravesaba ya entonces el servicio, con huelga incluida.

Para la convocatoria de huelga promovida entonces, el sindicato avisaba de que la unión temporal de empresas (UTE) Grúa Sevilla, como entonces nueva adjudicataria de este servicio municipal y encabezada en ese momento por el Grupo SSG, no había “subrogado las condiciones laborales de los trabajadores de la anterior empresa concesionaria del servicio, limitándose a darles de alta en la seguridad social acogiéndolos a un convenio colectivo diferente (convenio colectivo andaluz de grúas móviles autopropulsadas) y no al convenio colectivo de retirada e inmovilización de vehículos, depósito y gestión de cobros de la grúa municipal de Sevilla (...), con la evidente pérdida de derechos tanto económicos como sociales que todo ello conlleva”.

El acuerdo alcanzado el pasado mes de abril para levantar la convocatoria de huelga implicaba la aplicación del convenio colectivo de empresa del que ya disfrutaba esta plantilla antes de la nueva adjudicación del servicio, pero de manera “transitoria” hasta que pese una resolución judicial que resuelva qué convenio corresponde aplicar, si el convenio propio esgrimido por los trabajadores o el de ámbito autonómico que defiende la empresa.

La empresa, según el acuerdo, aplicaría esta primera medida en materia de nóminas, incluso de manera retroactiva, con el compromiso de no incorporar a nuevo personal durante este periodo transitorio, a menos que la plantilla actual no pudiese afrontar las contingencias del contrato.

“Incumplimiento” de los acuerdos

Sin embargo, desde entonces, de acuerdo con la versión del comité de huelga encabezado por el Sppme, la entidad estaría “faltando de forma recurrente a su compromiso, incurriendo en numerosos, variados y continuos incumplimientos”, como el correspondiente a la aplicación transitoria del convenio colectivo “hasta que hubiese resolución judicial que delimite cuál es el convenio aplicable”, extremo que según la plantilla aún no ha sucedido.

También avisa del supuesto incumplimiento de los acuerdos correspondientes a los contratos de relevo, al imponer a los trabajadores “cláusulas abusivas de movilidad geográfica”; criticando en paralelo la instalación de “sistemas de videograbación” en el centro de trabajo, con “pretensión” de hacerlo además en los vehículos grúa, con una “más que probable vulneración del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen” de los trabajadores.