Al final habrá limitación a los salones de juego y casas de apuestas en Sevilla, pero con un alcance mucho menos ambicioso del que se había ideado inicialmente. Ante la inminencia del fin de la moratoria impuesta a estos negocios, que expira este miércoles, el gobierno local ha encontrado una fórmula legal que le permita prohibir la apertura de un local de estas características a menos de 150 metros de un colegio, aunque eso implique renunciar a los otros dos objetivos que se perseguían: imponer restricciones para que no proliferen estos salones en los barrios más desfavorecidos y obligar a que estén separados entre sí por 250 metros.
El gobierno de Juan Espadas (PSOE) considera que así se actúa en el marco de las competencias municipales, a la que se dará forma mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, lo que en teoría debería evitar un choque de competencias con la Junta de Andalucía, que había advertido al Ayuntamiento de que recurriría cualquier medida que limite la actividad. La propuesta municipal, además, reduce la distancia entre locales y colegios de 500 metros (como se había planteado inicialmente) a 150, en la línea del decreto que ultima la propia Administración andaluza.
Para la aprobación urgente de esta medida se convocará este jueves un consejo extraordinario de la Gerencia de Urbanismo, para que así pueda validarse en el pleno municipal que se celebra ese mismo día. Los servicios jurídicos municipales consideran que esta solución se ajusta a criterios de “proporcionalidad, no discriminación y necesidad”, lo que abre la puerta a tomar esta decisión desde el ámbito urbanístico.
La modificación del PGOU, concretamente, establecerá una zona de protección de 150 metros de todas las parcelas ocupadas o previstas para centros de enseñanza reglada no universitaria, de tal manera que no puedan abrirse este tipo de locales. La propuesta inicial del Consistorio hispalense era fijar esta distancia en 500 metros, pero eso en la práctica supondría impedir nuevas aperturas en todo el término municipal, algo a lo que los servicios jurídicos municipales no dieron su visto bueno.
De esta manera, el gobierno municipal logra sacar adelante su propia normativa tirando de pragmatismo: admite que, ante la falta de avales jurídicos, no es todo lo ambiciosa que le hubiese gustado, pero así la blinda ante posibles impugnaciones de la Junta ya que esta en la misma línea que el decreto andaluz y, en la práctica, lo que hace es adelantarse ante la inminencia del fin de la moratoria. De esta manera, no se darán licencias para salones cercanos a colegios.
La moratoria impuesta al sector ha impedido que durante 15 meses se abrieran nuevos locales de este tipo en Sevilla. Acabado el plazo, el Ayuntamiento insiste sobre todo en que la vía por la que se opta para “proteger a nuestros menores” es de plenas garantías jurídicas. “Hemos analizado todas las opciones técnicas y jurídicas para encontrar una medida que dentro de nuestras competencias y con seguridad jurídica nos permitiera proteger los centros educativos de la ciudad. Y hemos encontrado esta fórmula que vamos a llevar adelante”, señala en este sentido el delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz.
Conflicto de competencias
La alarma social que ha generado la proliferación de este tipo de locales (algo que se niega desde el sector) y su vinculación con un aumento de la ludopatía, tal y como en Sevilla refrenda un informe del Área de Salud, ha llevado a muchos municipios a desarrollar su propia normativa para establecer una limitación vía urbanística, que entra dentro de sus competencias. Eso llevó a la Consejería de Hacienda a recordar que la potestad en materia de juego y apuestas corresponde en exclusiva a la comunidad autónoma (artículo 81.1 del Estatuto de Autonomía), por lo que va a recurrir todas las normas municipales que se aprueben en este sentido.
Esta advertencia llevó a muchos municipios, entre ellos Sevilla, a frenar su iniciativa, aunque otros han decidido seguir adelante pese a ello, como por ejemplo los de Alcalá de Guadaíra o Cádiz. La norma de este último consistorio de hecho ya ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aunque desde Hacienda se avanza que se hará lo mismo con otros casos.
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