La Unesco mantiene bajo el foco la nueva mina de Aznalcóllar y exige “extremar la prudencia” para evitar daños en Doñana

El estado en general del acuífero de Doñana, la alarmante reducción en el número de aves que invernan en el parque y la ley de PP y Vox para indultar regadíos en su entorno son las cuestiones principales sobre las que la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha expresado su “máxima preocupación” en su último informe, en el que analiza la situación de este enclave Patrimonio de la Humanidad que, advierte, está en riesgo de perder este reconocimiento. Pero a todo lo anterior hay que sumar otro aspecto incluido en el documento sobre el que mantiene una vigilancia especial, la reapertura de la mina de Aznalcóllar, cuestión sobre la que insta a “extremar la prudencia” y sobre la que la empresa que explotará estas instalaciones (Minera Los Frailes) aporta unas garantías que –insiste– hacen imposible que se repita el vertido de Boliden hace 25 años.

La Unesco lo que hace en su informe es volver a instar a España para que desarrolle “un plan claro de preparación contra riesgos y establezca capacidades de respuesta rápida a emergencias” teniendo en cuenta las necesidades de protección de Doñana. La reclamación la hace en el contexto de “la necesidad de extremar la prudencia en la reapertura de la antigua mina de Aznalcóllar”, para lo que reclama al Estado una mayor iniciativa y, de paso, le solicita que los documentos en los que detalle estos planes de protección se presenten “tan pronto como estén disponibles y antes de que se tomen decisiones finales o irreversibles sobre la reapertura de la mina”.

En la memoria de este organismo está lo que ocurrió hace un cuarto de siglo en Aznalcóllar, cuando la rotura de la balsa minera arrojó seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos al cauce del Guadiamar, que se convirtió en una marea negra rumbo a Doñana. La rápida construcción de un dique de contención permitió al menos que el desastre ambiental se quedara en las puertas del parque nacional y no le afectara, y es que este río es una auténtica autopista natural para colarse en este enclave.

Un proyecto sin balsa de residuos

A todo esto, el actual proyecto minero está en su fase final de tramitaciones, tal y como ha anunciado hace unos días la Consejería de Industria, Energía y Minas, que está a la espera del informe que determine el impacto en el dominio público marítimo y terrestre de los vertidos de aguas del futuro complejo. Eso sí, el consejero, Jorge Paradela, insiste en las garantías de seguridad que aporta la futura mina, ya que su sistema de explotación facilitará la reutilización del material que se extraiga (“permitiendo que prácticamente no existan depósitos de residuos”) y una importante reducción de la huella hídrica, “con un grado de recirculación del agua del 82%”.

¿Y qué se replica desde Minera Los Frailes ante las cautelas de la Unesco, que por cierto comparten las organizaciones ecologistas? Pues básicamente, que se trata de una explotación subterránea y sin balsa de residuos y, por lo tanto, radicalmente diferente a la de Boliden, a lo que se une que los vertidos (agua destilada tras un proceso de depuración) no irán a parar al Guadiamar sino al Guadalquivir, con lo que no podrán llegar a Doñana. Este impacto es precisamente el que analiza ahora el Gobierno andaluz, paso previo a la concesión de la necesaria autorización ambiental.

En conversación con este periódico, desde la empresa se insiste en que a la hora de analizar el proyecto no se puede olvidar que nació como una “operación minera innovadora y eficiente” con el encargo primario de gestionar “los pasivos ambientales que dejaron las minas del pasado”. “La reapertura de Aznalcóllar es la garantía de la regeneración ambiental total del entorno”, ya que entre sus encomiendas está por ejemplo acabar con las dos cortas a cielo abierto cargadas de agua tóxica que dejó tras de sí Boliden.

Un “proyecto de rehabilitación ambiental”

El informe de la Unesco, subraya la compañía, “no cuestiona en absoluto la idoneidad del proyecto: sostiene que en el proceso de autorización se deben implementar las medidas necesarias para minimizar riesgos”. Un aspecto, asegura Minera Los Frailes, con el que está “comprometido plenamente” y que es además objeto de la propia autorización ambiental unificada que se está tramitando en este momento en la Junta de Andalucía, “con la regulación ambiental más estricta de la Unión Europea”.

“No se trata de un simple proyecto industrial, es un proyecto de rehabilitación ambiental sustentado por una operación minera”, un proceso de cooperación público-privada “con el apoyo de los 109 diputados que componen el Parlamento” andaluz y en el que la Junta de Andalucía seleccionó a una compañía para esta tarea. Una adjudicación, por cierto, que sigue judicializada y que se dirimirá en los tribunales en 2025.

En el proceso de tramitación, además, se ha realizado una “evaluación específica” sobre los posibles impactos ambientales de la mina en Doñana, “y se ha concluido que no existe riesgo” debido sobre todo a que no hay presa de residuos. El estudio ambiental de la propia empresa apunta que tampoco existen impactos negativos por el consumo hídrico (“más del 83% del agua se recircula en el proceso”) y además se recupera el curso natural de ríos como el Agrio, muy alterado por anteriores proyectos mineros, “mejorando así la cuenca del Guadiamar y dando continuidad al corredor verde”.

Agua tóxica heredada

Si no hay presa de lodos como tenía Boliden, ¿cómo va a ser entonces la gestión de los residuos? La empresa responde que los estériles serán tratados en una planta para convertirlos en pasta cementada con propiedades estructurales, que se utilizará para rellenar las cámaras de la mina, la propia corta de Aznalcóllar y una escombrera. La mayoría de esos lodos y estériles, una vez convertidos en pasta, serán reintroducidos en los huecos mineros.

La empresa gestiona desde 2015 los antiguos pasivos mineros, sobre todo dos cortas a cielo abierto, Los Frailes y Aznalcóllar, la segunda de las cuales acumula 14 millones de metros cúbicos de agua de contacto con metales y está rodeada por escombreras abandonadas en 2002. El proyecto incluye la depuración total de ese agua de las antiguas explotaciones, para lo que se construirá una planta de tratamiento desde la que se verterá al Guadalquivir, a lo que se une el sellado total de la corta de Aznalcóllar con material impermeable para evitar la contaminación con el contacto de los antiguos pasivos mineros. Junto a ello, se habilitará una red de infraestructuras que almacena el agua en una nueva balsa en caso de que haya precipitaciones extraordinarias.

Minera Los Frailes será una mina polimetálica de zinc, cobre y plomo, requerirá una inversión que rondará los 450 millones de euros (60 de ellos serán para la estación depuradora) y generará más de 1.200 empleos fijos directos e indirectos de alta cualificación, así como otros 800 puestos de trabajo inducidos. La compañía confía en contar con todos los permisos antes de que finalice el año, para así iniciar en 2024 las instalaciones y empezar a extraer el mineral ya en 2027.

Todas estas garantías ambientales no terminan de convencer a organizaciones ecologistas como WWF, que asegura que la reapertura de la mina “supone un riesgo catastrófico para Doñana”, básicamente porque considera que la depuración prevista no es suficiente y no garantiza que las aguas no lleguen contaminadas al río. Ecologistas en Acción, por su parte, considera que el proyecto no es viable con la actual sequía, a lo que une su crítica porque el Gobierno andaluz mantenga los planes de reactivación de la mina pese al juicio por la adjudicación.