La Universidad Pablo de Olavide lidera un estudio de viviendas inclusivas para personas con discapacidad intelectual

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha iniciado un proyecto basado en la construcción y validación de una herramienta para evaluar alternativas habitacionales o convivenciales de un territorio en relación con su nivel de inclusión social para personas con discapacidad intelectual. La institución afirma que esta iniciativa supone “un paso significativo para la creación de entornos amables, inclusivos y sostenibles que faciliten la vida de las personas que forman parte de este colectivo”.

Así pues, el proyecto Fri-Housing dirigido por las investigadoras Rosa María Díaz Jiménez, doctora en la UPO, y Yolanda de la Fuente Robles, catedrática de la Universidad de Jaén, ambas del área de trabajo social y Servicio Sociales, persigue mejorar la comprensión de los procesos habitacionales para las personas con discapacidad intelectual, profundizando en las alternativas, su implementación y el impacto que tiene.

De esta forma, se tratan de identificar factores que favorezcan la autonomía y que conduzcan hacia la plena inclusión social de este colectivo. Todo ello, desde un enfoque multidisciplinar que abarca vivienda, urbanismo y desarrollo comunitario, para facilitar la accesibilidad, la emancipación e independencia residencial de las personas con discapacidad intelectual.

“Se parte de la hipótesis de que alojarse en una vivienda normalizada, con apoyos, en entorno accesible, donde se viva amigablemente, aumenta la autonomía de las personas con discapacidad intelectual y sus posibilidades de inclusión social y ejercicio de la ciudadanía”, explica Rosa María Díaz. Así, en el marco de este proyecto, con la identificación de entornos de convivencia adecuados, se favorecerá el desarrollo de políticas públicas más amables en los territorios.

Para la realización de esta investigación se pretende contar con todos los actores relacionados con la temática, como pueden ser los principales interesados del proyecto: las personas con discapacidad y su familia, además de otros actores políticos y sociales, sostiene De la Fuente.