ALERTA ALIMENTARIA
Esther, de 37 años, sigue en terapia psicológica. Fue de las primeras personas que, en marzo de 2019, sufrió la contaminación por la bacteria Listeria monocytogenes que derivó en el peor brote de listeriosis de España y que, en su caso particular, tuvo como consecuencia un aborto muy doloroso por lo que le había costado llegar al embarazo. Luego, sus gemelos llegaron en pandemia, pero el sufrimiento que dejo aquella intoxicación alimentaria aún perdura. Igual que a Victoria, de 34, que perdió a su madre un año después del brote, víctima de un cáncer que avanzó durante los meses en los que tuvo que dejar su tratamiento de quimioterapia por la listeriosis. “Aquí nadie ha pagado nada todavía y mi madre lo hizo con su vida”, zanja. Ambas coinciden en reclamar justicia, que ya está empezando a pedir cuentas y que prevé determinar las responsabilidades de que aquella carne mechada en mal estado estuviera al alcance del consumidor.
La listeriosis acabó con la vida de cuatro personas, provocó siete abortos y más de 200 afectados. Un juzgado de Sevilla decidió en junio continuar las actuaciones contra siete personas, principalmente de la empresa Magrudis SL, y declaró responsable civil al Ayuntamiento de Sevilla. Tanto el grueso de las personas perjudicadas por el brote como Facua-Consumidores en Acción piden penas de hasta 12 años de prisión para los cuatro máximos responsables de las empresas que estaban tras la marca 'La Mechá', diez años para la veterinaria municipal del Ayuntamiento de Sevilla que autorizó el plan de autocontrol de Magrudis y dos años para el arquitecto técnico que trabajaba para el negocio. La empresa y sus gestores, a través de su representación legal, acaban de romper su silencio en elDiario.es Andalucía tres años después de aquel verano.
Los gemelos de Esther no le han quitado del todo “el miedo y la pena” de que no hubiera “un tercero” tras el mal trago de aquella intoxicación que no le permitió a ella y a su pareja disfrutar ahora de tres hijos y no de dos. Había sido “un bebé muy buscado” a través de varios tratamientos de fertilidad y el consiguiente “desgaste para los sentimientos, y la economía”, explica por teléfono a elDiario.es Andalucía. “Tres meses después de haberlo conseguido, me empecé a encontrar mal, con fiebre muy alta. Me aislaron por gripe A y, tras muchas pruebas, me dijeron que era listeria”, relata. Una mirada a wikipedia y “una ecografía un sábado a las doce de la noche” le confirmaron el “jarro de agua fría”: había perdido a su bebé. Ingresada varios días, lo peor llegaría después al tener que dar a luz a un hijo sin vida.
Fue “de las primeras” en intoxicarse y estuvo varios días ingresada con un tratamiento de choque. Había consumido aquella carne mechada en un bar. Una llamada desde el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla le advirtió que la cepa hallada en su cuerpo era la misma que la de aquel producto. No fue la única. Las aclaraciones ya le servían de poco tras su aborto. “Luego me obsesioné. Hubo varios intentos más”, hasta que por fin lo pudieron conseguir y “en plena pandemia” tuvieron sus gemelos. Esther, después de lo pasado, lamenta que pudiera haber algún tipo de negligencia por parte de la empresa o del Ayuntamiento. “Se aprende a vivir con ello” pero no acepta que haya personas que no hagan bien su trabajo y que por ello “se juegue con la vida” de otros que quedan “en situación de vulnerabilidad”. “Que se haga justicia”, sentencia.
Victoria es oncóloga en el mismo hospital donde ingresaron a su madre en agosto de 2019. Ella tenía cáncer desde hacía diez años, pero fue la listeria la que desencadenó una muerte prematura a los 59 años, asegura su hija en su cita con elDiario.es Andalucía en el despacho Ateneo Abogados, ubicado en Alcalá de Guadaíra. Seis meses sin tratamiento de quimioterapia estuvo su madre, y eso la pasó una factura definitiva al sufrir aquella infección en una paciente inmunodeprimida. “Empezó con fiebre alta y la llevamos delirando al hospital. Estuvo dos días sentada en un sillón, porque era verano y había alas cerradas por el poco personal que había. Le hicieron los hemocultivos y se vio que era listeria”, relata Victoria.
Su madre, tras haber vuelto a casa con una bomba de antibióticos por la intoxicación, había retomado en marzo de 2020 el tratamiento contra el cáncer, justo al empezar la pandemia, pero “su organismo ya estaba resentido”. Falleció un año después de intoxicarse con aquella carne adquirida en una panadería. “Fueron meses de calvario, porque la enfermedad avanzaba, ella lo sabía y le hizo mucho daño emocional. Nunca volvió a ser la misma después de la listeriosis”, relata. “Su calidad de vida pasó de 100 a 10”.
Para Victoria, es “muy fuerte” que determinados responsables municipales “no sepan las consecuencias que puede tener una bacteria en personas inmunodeprimidas” pero esa posible “mala praxis ha repercutido en muchísimas personas”. “Mi madre no quería morir, y siempre me decía que quienes hubieran causado todo eso no podían salirse con la suya. Que lo que había pasado para ella se quedaba, pero que no podía volver a pasar, que tiene que haber más controles. Tenía muchas ganas de darle guerra a esta gente”, recuerda su hija. “Esto ha sido un problema de salud pública, y un fallo puede llevarse vidas por delante. Todo nos equivocamos, pero hay fallos y fallos”.
La póliza del Ayuntamiento de Sevilla aportada por la veterinaria municipal, según las últimas novedades de la causa, cuenta con un límite de indemnización de 1,20 millones de euros. Una cantidad que se aleja bastante de las estimaciones del grueso de las personas en la acusación particular, representada por el letrado Germán Grima, quien apunta que el conjunto de indemnizaciones se prevé entorno a los cinco millones de euros. Cabe recordar que, a mediados de julio, la acusación particular había solicitado al juzgado que requiriera a la veterinaria municipal y al Ayuntamiento hispalense que identificaran a las compañías con las que tenían suscrita la póliza de seguro de responsabilidad civil y aportaran las condiciones generales y particulares de dichas pólizas, a lo que ha accedido el juzgado.
El peor brote de listeriosis conocido en España se convirtió en la primera gran crisis del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos. La Junta de Andalucía cerraría la alerta sanitaria y alimentaria por listeria dos meses después del brote mortal por la contaminación, confirmada el 14 de agosto de 2019. La Junta no hizo mucha autocrítica de la gestión del brote de listeriosis y sacó pecho al comienzo, aunque en última instancia, una vez superados los momentos más críticos, reconoció “muchos fallos”. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, que como en la crisis de la COVID-19 fue el principal portavoz de la Junta, se refirió en su última comparecencia pública a la dificultad para implementar los protocolos de actuación y para identificar las primeras muestras, así como a las comunicaciones con el Ayuntamiento de Sevilla. El brote se advirtió “en las últimas semanas de julio” ante el incremento de casos de infección por listeria, que se alargaron con el arranque del curso político, hace tres septiembres. La situación de alerta quedó cerrada el 17 de octubre tras 20 días sin ningún caso nuevo.
Cabe recordar que en marzo de 2020 tanto el propietario y administrador único de Magrudis, Sandro José Marín Rodríguez, como su padre, José Antonio Marín Ponce, fueron puestos en libertad provisional sin haber satisfecho la fianza de cinco millones de euros impuesta al conjunto de investigados del caso, cuatro de los cuales recibieron el archivo de las actuaciones en su contra.
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