El 65,5% de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia machista ya se ha cumplido

España cuenta con un Pacto de Estado contra la violencia de género desde 2017: ese año, y después de intensas negociaciones entre los grupos parlamentarios, se aprobó un texto que contenía 290 medidas. Cinco años después, el 65,5% de esas medidas se han cumplido, según el balance presentado este jueves en el Congreso por la Ministra de Igualdad, Irene Montero. Concretamente, 190 ya estarían plenamente en funcionamiento, mientras que 85 (el 29,3%) están en ello.

Las medidas que contiene el Pacto se dividen en diez ejes con objetivos concretos. Son los tres primeros los que más medidas cumplidas tienen: el eje para “romper el silencio cómplice”, el que buscaba mejorar la respuesta institucional y el que se proponía perfeccionar la asistencia, ayuda y protección a las víctimas. El eje dos, relacionado con la mejora de la respuesta institucional, es al mismo tiempo el que más medidas tiene por cumplir. Este era el punto que más propuestas contenía de todos los incluidos en el Pacto.

Entre las medidas que ya se han culminado está, por ejemplo, la ampliación del concepto de violencia contra las mujeres para incluir, no solo la violencia de género por parte de parejas o exparejas, sino también otros tipos, como la violencia sexual o los feminicidios familiares o sociales. En ese sentido, la ley del solo sí es sí es otra de las medidas cumplidas. También la suspensión de las visitas de hijos e hijas con los padres condenados por violencia machista o la prohibición de la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), contenidas en la ley de protección a la infancia que el Gobierno aprobó en la pasada legislatura.

Hay cinco ejes que tienen todas las medidas cumplidas o en marcha: el que habla del impulso a la formación para mejorar la asistencia, el seguimiento estadístico, las recomendaciones a comunidades autónomas y entes locales, la atención a otras formas de violencia y el que tiene que ver con el compromiso económico.

Por contra, el 5,2% de medidas están pendientes o bien no son responsabilidad de la Administración General del Estado. Son fundamentalmente las medidas relacionadas con la parte penal y procesal, que dependen del Ministerio de Justicia. Se trata, por ejemplo, de eliminar los atenuantes de confesión y de reparación del daño en los delitos de violencia de género, de establecer criterios de referencia para medir el riesgo a la hora de conceder órdenes de protección y de aprobar el inicio inmediato

Son relativas a cuestiones penales y procesales: suprimir las atenuantes de confesión y de reparación del daño en los delitos de violencia de género, establecer criterios de referencia del riesgo para impedir que disminuyan las órdenes de protección, fijar por ley que la ejecución de penas sea inmediata tras sentencia firma o que los partes de lesiones y las denuncias ante los juzgados se incluyan en el sistema de protección Viogén.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado satisfecha con el grado de cumplimiento del Pacto que, ha dicho, muestra el compromiso del Ejecutivo: “Ha sido una herramienta sobre las que ha pivotado la acción de Gobierno”. Montero ha insistido en que el Pacto no es ni punto de partida ni de llegada, sino “una herramienta para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres” que debe multiplicarse.