Los colectivos LGTBI advierten de que los talleres en centros se han reducido tras la polémica del 'veto parental'

Asociaciones de familias, sindicatos y organizaciones proderechos humanos y LGTBI se han unido este jueves en Madrid la censura educativa en centros escolares que Vox ha impuesto en los presupuestos de PP y Ciudadanos en Murcia y en Andalucía. Carlos Sanguino, de Amnistía Internacional, ha fijado la posición de todos en contra de esta medida que la ultraderecha llamó 'pin parental': “No tenemos libertad para ser intolerantes. Las familias no tienen derecho a impedir que un menor sepa detectar las violaciones de derechos humanos en clase”, ha insistido. Loren González, de la Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB), lo ha resumido en pocas palabras: “Es una cuestión de valores constitucionales. No es negociable”.

Desde el colectivo LGTBI COGAM, la entidad que se encarga de la mayor parte de los talleres educativos de este tipo en la Comunidad de Madrid y en cuya sede se ha celebrado la rueda de prensa, José Velo ha advertido de un cambio de paradigma que están analizando. El pasado curso “hubo lista de espera: no llegamos a todos los centros educativos que los solicitaban, no teníamos capacidad para ello”. Este año “no se está cubriendo el mismo cupo”.

El periodo 2018-2019, cuenta Vela, cubrieron 63 centros y abarcaron a unos 8.000 alumnos y alumnas en toda la Comunidad de Madrid. En 2019-2020, su previsión al actual ritmo es que los harán en 40 centros. Aunque otros años en enero la agenda de COGAM con los colegios e institutos ya suele estar cerrada hasta mayo, el curso no ha terminado, por lo que no pueden dar estos datos como definitivos. Tampoco pueden asegurar hasta qué punto esa bajada y los “impedimentos” que han dado cuenta de algunas familias se deban a la polémica mediática del veto parental, pero Vela, a partir de las conversaciones con los equipos directivos y Asociaciones de Familias, sí tiene la “impresión” de que ha afectado.

“La inmensa mayoría del profesorado y familias están a favor de estos talleres y tienen buena disposición. Es una minoría la que en algunos centros se cree estas difamaciones y entorpece o dificulta”, ha destacado Vela. Desde que Vox instauró el debate sobre la censura educativa, sobre todo a partir de la aprobación de los presupuestos de Andalucía, han detectado unos pocos centros en Madrid en los que sí se les ha insistido con requerimientos no habituales.

Entre ellos, proporcionar datos personales de las personas que iban a impartir los cursos, que por ley han de contar con el expediente que acredita que no tienen antecedentes de delitos sexuales, como así certifica la asociación antes de comenzar los cursos. Unos cursos que ha descrito como destinados únicamente a “apreciar la diversidad, prevenir el acoso, especialmente LGTBIfóbico –uno de los mayoritarios en primaria y secundaria– y fomentar la convivencia pacífica”.

“Haría falta algún tipo de ayuda administrativa o que la propia administración los asuma. De momento solo las entidades los estamos asumiendo”, ha dicho Vela sobre la falta de recursos para cubrir todas las solicitudes que tuvieron el año pasado. La educación en valores de igualdad debería ser “transversal”, como contempla la Ley de Educación, aunque esto no suele cumplirse y de ahí defienden la importancia de su labor. Sus talleres son impartidos por profesionales con formación, muchos voluntarios, y son los propios centros los que se ponen en contacto con COGAM para solicitarlos.

“Estamos viendo que amedrentar, difamar, sí está pudiendo tener un efecto negativo entre algunos centros y padres”, ha reiterado, porque “en casi todos los centros hay una familia que se cree estas difamaciones y que al final, pese al compromiso de la inmensa mayoría de los centros con la educación en igualdad, les crean dificultades administrativas”. Vox también exige la medida de lo que ellos llaman 'pin parental' para aprobar los presupuestos en Madrid, pero la presidenta Isabel Díaz Ayuso, por el momento, se ha desmarcado.

En la rueda de prensa han participado además miembros de AI y de la (FELGTB), una representante de Comisiones Obreras (CCOO) y otra de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA). Entre el público también había algunos exalumnos de los talleres de diversidad afectivo-sexual a los que ataca Vox, que han prestado su testimonio, y miembros de la Unión Nacional de Asociaciones de Familias respaldando. Desde la CEAPA, Carmen Morillas, como representantes de familias, han indicado su firmeza con la “igualdad” en la educación y han invitado a las familias a utilizar los trámites reglados, acudiendo a los tutores, a la dirección de centros y a las Asociaciones de padres y madres para informarse de las actividades en esta materia, pero no recurriendo a la censura de contenidos LGTBI.

Como portavoz de CCOO, Paula Guisando, ha denunciado que el “pin” “atenta contra el modelo de educación igualitaria” y, también, cuestiona “la profesionalidad de los docentes” y “los valores constitucionales, los derechos humanos”. Desde el sindicato han pedido concretamente al gobierno que se reúna por fin de forma urgente el Observatorio de la Convivencia Escolar, que lleva más de ocho años parado. Una de las funciones de este órgano consiste en recabar cifras acerca del acoso escolar y proponer medidas para atajarlo: diversas organizaciones señalan la LGTBIfobia como una de las principales causas del bullying, pero el Ministerio no cuenta con datos oficiales ni un plan concreto. Desde CCOO también llaman a la “movilización” del profesorado, “a no amedrentarse”, y a quienes dicen “apoyarán individual y colectivamente en el ejercicio de su profesión”.