La violencia machista ante el 28A: entre el riesgo al retroceso y el reto de ampliarla más allá de la pareja

22 segundos. Es el tiempo que dedicaron a la violencia machista los entonces candidatos a la presidencia del Gobierno en uno de los debates previos a las últimas elecciones generales, en 2016. El escenario ha cambiado en estos tres años y ahora el asunto ya no pasa desapercibido gracias a un empuje feminista que ha vuelto a sacar pulso este 8M. El Congreso y la calle han hablado de ello más que nunca, pero las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia física, psicológica y sexual y, aunque mucha es perpetrada por sus parejas o exparejas, el reto de reconocer como violencia machista la que se da fuera de este ámbito sigue vigente.

El Gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril se encontrará con este desafío, al que obliga el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014. Aún así, está por ver qué papel juegan las demandas feministas en la campaña electoral en un escenario político marcado por voces que las cuestionan. Tras la propuesta de Ciudadanos en las generales de 2015 –se repitieron en junio de 2016– de eliminar las penas específicas por violencia machista, irrumpe con fuerza el relato de Vox, que cuestiona sin tapujos las leyes que la combaten. Por su parte, el PP de Casado se ha plegado a parte de sus demandas al hablar habitualmente de “violencia doméstica” cuando se refiere a la violencia de género.

Mientras tanto, los datos oficiales siguen mostrando únicamente la incidencia de la violencia machista en el seno de la pareja o expareja, que es la que reconoce la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004. Así, en lo que va de año 15 mujeres han sido asesinadas por hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación sentimental, según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género; 988 desde 2003, cuando empezaron a contabilizarse. Las dos últimas, ya confirmadas, esta misma semana en Alicante y Tenerife.

Los primeros pasos para ampliar los datos e incluir todos los asesinatos de mujeres por el hecho de serlo ya han empezado a darse. Así, el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció que había comenzado a recopilar estos casos, pero aún no ha habido un cambio estadístico. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también prevé contabilizar en sus boletines denuncias de otros tipos, como violaciones o acoso sexual, y en su último informe anual de asesinatos ya incluyó algunas sentencias de mujeres asesinadas por hombres que no eran sus parejas.

Aún así, habrá que ver de qué manera se configura a nivel legislativo y judicial el cambio más importante en esta materia desde la aprobación de la ley en 2004. A abrir este debate han contribuido casos como el de Laura Luelmo o Diana Quer, cuyos asesinatos a manos de hombres han servido para cuestionar el concepto tradicional de la violencia machista. Primero, la reivindicación se amplificó con el hallazgo del cadáver de Diana en la Nochevieja de 2017, cuando se supo que fue asesinada mientras volvía sola a casa. Con Laura Luelmo ocurrió algo similar. Un hombre mató a la joven cuando salió a correr por el campo y la autopsia reveló más tarde que también la había agredido sexualmente.

Nunca antes la violencia sexual había ocupado como ahora el centro de la agenda y de la opinión pública y, de hecho, algunas voces ya la colocan como corazón de una nueva ola feminista. Junto al #MeToo y al #Cuéntalo español, el caso de 'la manada' y las masivas movilizaciones de apoyo a la víctima, han estimulado una ruptura del silencio sin precedentes. Lo ocurrido en Sanfermin de 2016 motivó también el debate sobre la forma en que se juzga la violencia contra las mujeres e impulsó una revisión de los delitos sexuales en el Código Penal.

La norma, que diferencia entre agresión y abuso sexual en función de si existió violencia e intimidación, no ha sido aún reformada, a pesar de que el grupo de expertos al que el Gobierno encomendó una propuesta ha pedido que se elimine la distinción. La diferencia abre la puerta a que las mujeres deban demostrar que se resistieron para probar la existencia de fuerza física y directa, tal y como demostró la sentencia de 'la manada', que condenó a los cinco hombres por un delito de abuso sexual con prevalimiento y no de agresión sexual.

Más denuncias, pero no todas

El caso también puso de manifiesto la revictimización a la que suelen enfrentarse las mujeres cuando denuncian violencia sexual o de género, algo que lastra al sistema y engorda la bolsa de criminalidad oculta de este tipo de delitos. Sacar a la luz el maltrato es otro de los retos todavía pendientes mientras el discurso aupado por Vox alimenta el mito de las denuncias falsas –la Fiscalía las cifra en el 0,01% del total–. Según una encuesta de Metroscopia publicada hace menos de un mes, cuatro de cada diez ciudadanos consideran que hay muchas denuncias contra hombres que son mentira.

Sin embargo, la realidad de la violencia de género es que apenas se denuncia. Eso a pesar de que el número de denuncias se ha incrementado en los últimos años al pasar de las 128.000 registradas en 2012 a las 166.000 de 2018 (un 30% más), según los últimos datos del CGPJ. Solo uno de los 15 asesinatos ocurridos en lo que va de 2019 había llegado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a los juzgados y la última Macroencuesta, elaborada en 2015 por el entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, reveló que aproximadamente el 65% de las víctimas nunca denuncia.

Por otro lado, la cifra de procesos que terminan en absolución sigue siendo significativa. Así, en 2018 los juzgados de lo penal, que ven la violencia de género grave y cuando no hay conformidad entre las partes, absolvieron al acusado en un 43% de los casos. Ello se une a otro de los puntos negros del sistema: la desigualdad a la hora de conceder órdenes de protección. La cifra de medidas de este tipo acordadas se ha incrementado con el paso de los años, pero aún se rechaza un 30% de las solicitadas y el lugar en el que reside una denunciante condiciona que obtenga o no la orden.

Con la violencia sexual, el patrón de la infradenuncia también se repite. Las expertas apuntan a que los casos denunciados son todavía la punta del iceberg de una realidad que, por otro lado, también está saliendo cada vez más a la luz. Los datos del Ministerio del Interior demuestran que las denuncias por agresión y abuso sexual se han incrementado un 60% en los últimos seis años al pasar de las 6.732 en 2012 a 10.727 en 2018. Los mayores aumentos se han producido desde 2016, año de la violación de 'la manada' en los Sanfermines.

El alcance del Pacto de Estado

Con el objetivo de que la violencia de género fuera considerada una política central y sostenida, el Congreso aprobó en septiembre de 2017, y tras casi un año de trabajos y negociaciones, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incluye 200 medidas en todos los ámbitos. El PP salió del gobierno con la moción de censura sin aplicar ninguna de ellas. El PSOE, por su parte, aprobó en agosto un decreto que luego se convirtió en proposición de ley para ser ampliado por el resto de grupos políticos.

Esta iniciativa, que seguía su trámite parlamentario, ha caído ante la convocatoria de elecciones. No obstante, hay medidas destacadas que sí entraron en vigor, entre ellas la reforma del Código Civil para que los psicólogos no tengan que pedir permiso a padres maltratadores para atender a sus hijos o el sistema de reconocimiento de las víctimas sin necesidad de que denuncien, algo que todavía el Ejecutivo está desarrollando. El Congreso ha aprobado el refuerzo de la formación judicial en violencia de género, actualmente en fase de implantación.

En cuanto a los menores, el Ministerio del Interior ha puesto en marcha un nuevo protocolo de valoración del riesgo que les incluye, pero aún no se han desarrollado las medidas pertinentes para controlar los regímenes de visitas que se siguen concediendo a padres investigados por maltrato. Por otro lado, el Congreso sí ha dado luz verde a la reforma que garantiza y mejora las pensiones de orfandad de los niños y niñas cuyas madres son asesinadas por violencia machista, 11 en lo que va de año. Aún así, son muchos los obstáculos a los que todavía se enfrentan estos menores y las familias que se quedan a su cargo.

El Pacto de Estado también incorporaba un compromiso económico para los siguientes cinco años que, tras la presión social y una enmienda en el Congreso impulsada por los socialistas, el PP admitió consignar en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Los populares venían de ejercicios en los que habían dejado la partida de prevención de la violencia machista bajo mínimos, con recortes que llegaron a casi el 30% menos de gasto entre 2010 y 2016. Aunque en 2017 ascendió, no llegaba a alcanzar lo presupuestado siete años antes. Los PGE finalmente destinan lo estipulado en el pacto –200 millones de euros entre CCAA, ayuntamientos y la Administración Central– después de que no salieran adelante los del PSOE, que se había comprometido a duplicar el dinero para los entes locales.

El Pacto de Estado, sin embargo, apenas desarrolló medidas relacionadas con la violencia sexual, tal y como ha denunciado Amnistía Internacional. En su reciente informe Ya es hora de que me creas, la organización alerta de la práctica ausencia de políticas públicas, lo que “lleva Estado español a incumplir su deber de diligencia debida” sobre esta materia. El modelo de prevención, atención y reparación “ha quedado supeditado a las decisiones que cada comunidad autónoma tome al respecto”, denuncia la ONG, que apunta a que la mitad de las autonomías no cuentan con centros específicos para atender a las víctimas.

Así las cosas, la posibilidad de avance o retroceso en cuanto a las políticas de violencia machista dependerá de los resultados de las próximas elecciones en un momento en el que el desafío de ampliar el concepto se enfrenta a las voces que directamente ponen en duda la existencia de este tipo de violencia.