La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural ha votado este jueves a favor de incluir al lobo, sin distinción, en el listado de Protección Especial. Esto implica que no pueda cazarse de manera generalizada en ninguna parte del territorio como pedía el Minsiterio de Transición Ecológica. Sin embargo, la propuesta para dedeclarar a la tórtola europea especie vulnerable no ha obtenido un respaldo de la mayoría y se ha quedado en empate tras dos rondas. El Ministerio de Transición Ecológica será ahora el que emita la orden para revisar el estatus legal del Canis lupus siguiendo el dictamen científico que así lo recomendaba.
La votación para elevar la protección de estas especies, en la que participan las comunidades autónomas y el Gobierno, ha obtenido un empate en la primera ronda. Pero en esta comisión no hay voto de calidad para deshacer un resultado así y obtener una decisión por lo que se ha vuelto a votar. Y entonces ha sido cuando la propuesta para el lobo ha sido aprobada, pero la tórtola ha repetido el empate. Con todo, la propuesta de nueva calificación para esta ave pasará a la mesa de la Dirección General de Biodiversidad porque el expediente de sanción contra España por insuficiente protección de la especie sigue su camino y Bruselas aguarda una respuesta antes de remitir el caso al Tribunal de Justicia.
Nueva estrategia
En febrero de 2020, los expertos que revisaron la situación del lobo ibérico consideraron que, si bien no cumplia con los requisitos para calificarse como “vulnerable”, sí era adecuado igualar su estatus legal en todo el territorio y que la especie estuviera entre las protegidas sin divisiones al norte y sur del río Duero como hasta ahora. Argumentaron su “importancia como patrimonio cultural y científico así como los servicios ambientales que produce la presencia de este carnívoro en los ecosistemas”. Esta recomendación fue incluida en el borrador de nueva estrategia de gestión del lobo en España que prepara Transición Ecológica para actualizar la existente cuya fecha de revisión expiró en 2015.
Con esta nueva calificación, la especie dejará de ser cinegética, es decir, no habrá un cupo de ejemplares cazables cada temporada entre las manadas situadas al norte del Duero. Luego las comunidades autónomas eran las encargadas de incluir al lobo, o no, en las órdenes de caza cada año como venía haciendo, por ejemplo, Castilla y León. Fuentes de Transición Ecológica afirman que esto no impide realizar “controles poblaciones” en zonas específicas donde se certifiquen daños, normalmente a la ganaderia. “Pero eso es algo mucho más controlado y regulado y cuando no haya otra alternativa”, aseguran. El Gobierno castellanoleonés ha puesto voz a los opositores a dar este paso: su consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha anunciado “una batalla importante” porque, ha dicho, se “atenta a los derechos de los ganaderos”. También la Xunta de Galicia ha rechazado la medida diciendo que no ha “habido diálogo con las comunidades afectadas”. El Gobierno de Nuñez Feijoo aduce que la protección general del lobo ha sido una proposición de un “grupo ecologista”, sin citar a la asociación Ascel, aunque no completa que esa propuesta obtuvo el respaldo de un comité científico ajeno a la organizacón y que, además, rechazó la principal petición de Ascel que era catalogar al lobo como “especie vulnerable”.
Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, pide al Gobierno, tras la decisión de la comisión, que tramite la orden “con la mayor celeridad”, pero, al mismo tiempo, solicita a las comunidades autónomas que “paren las cacerías de lobos” y no “se escuden” en el tiempo que dure la tramitación para “continuar matando lobos, al contrario, es tiempo que de que faciliten la convivencia del lobo con la ganadería”.
El director de Conservación de WWF, Luis Suárez, también se ha felicitado por la inclusión del lobo en el listado que califica de “hecho histórico”. Suárez piensa que este jueves supone “el principio de un cambio en el que el lobo dejará de ser perseguido y esperamos que se ponga en valor todos los beneficios que esta especie aporta a los ecosistemas y a la sociedad para primar su conservación y apostar por medidas para la coexistencia”.
El expediente europeo por la tórtola
La calificación pedida para la tórtola responde al proceso de sanción abierto por la Comisión Europea a España por no proteger adecuadamente a esta ave como mandata la legislación de la Unión Europea. Tras cubrir los avisos previstos en el procedimiento de infracción comunitario iniciado en 2019, Brueslas remitió una especie de ultimátum en diciembre de 2020 dando dos meses a España para informar de cómo resolverían el problema. El plazo venció este miércoles.
La tórtola ha venido padeciendo un declive de su población en España que los científicos achacan a la degradación de sus hábitats al que se le superpone la presión cinegética. Estos argumentos sirvieron para que el Comité Científico del Ministerio de Medio Ambiente en 2016 recomendara que la tórtola se considerara vulnerable y, por tanto, saliera de las autorizaciones de caza. Pero no se avanzó más en esa dirección.
En 2018, la Comisión Europea diseñó una estrategia específica para la tórtola en la que se contemplaba una moratoria de la caza para permitir la recuperación de la especie. En España, la recomendación cayó, prácticamente, en saco roto hasta que llegó la apertura de expediente. Entonces, algunas comunidades autónomas, que son las encargadas de diseñar las autorización de caza cada año, comenzaron a reducir los cupos de tórtolas cazables, pero otras cuantas mantuvieron los permisos para abatir cientos de miles de ejemplares. Así hasta que se remitió el último aviso desde Bruselas antes de presentar el caso en el Tribunal Europeo de Justicia para dirimir si se pone una sanción (normalmente económica) al Estado español.