Alcalá de Henares (Madrid) ha localizado las tumbas de 268 personas que el franquismo mató entre abril de 1939 y febrero de 1948. Todas fueron ejecutadas después de la Guerra Civil. Siete décadas después de los últimos asesinatos, el trabajo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alcalá de Henares (ARMHADH) señala los lugares de enterramiento.
Los muertos eran amas de casa, jornaleros, un capellán, maestros, albañiles, militares, médicos, zapateros, fotógrafos, un pastor... Respondían a nombres como Julia, Manuel o Pablo. Y ahora es posible saber dónde están sus sepulturas en la ciudad complutense.
La lista de los “ajusticiados al finalizar la guerra” recorre “varias páginas”, apunta el colectivo memorialista. Los fusilamientos llegaban tras juicios y “condenas realizadas por tribunales sin ninguna posibilidad de defensa para el reo”. Son episodios, dicen, “enmarcados en la política de represión y terror de los primeros años del franquismo”.
La localización de las tumbas donde fueron arrojadas es fruto de una investigación realizada por el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alcalá de Henares, Manuel Ibáñez. “71 años después de la última saca de presos camino al paredón de ladrillo rojo del camposanto alcalaíno”, ya están marcadas en el mapa de la ignominia.
Las cifras de la violencia fascista
La violencia fascista sumó en España varios miles de asesinatos tras la Guerra Civil. Ejecuciones tras juicios 'farsa' y sentencias que las asociaciones de derechos humanos y memorialistas consideran viciadas. Entre las reformas previstas para la Ley de Memoria Histórica está revisar la justicia franquista.
El país de la desmemoria ha abierto desde el año 2000 poco más de 740 fosas y recuperado más de 9.000 esqueletos. Del total de desaparecidos forzados que provocó el golpe de Estado y la dictadura franquista, en torno a 150.000 personas, en la actualidad solo sería posible recuperar de las cunetas a unas 25.000 como máximo.
Y, de estos cuerpos, solo unas 7.000 serían identificados con nombre y apellidos, según el informe 'Estado actual de las exhumaciones de las fosas comunes de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Recomendaciones para el futuro', elaborado por un grupo de expertos bajo encargo de la Dirección General para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia y al que ha tenido acceso eldiario.es.
Sin “fosas comunes masivas” en Alcalá
En Alcalá de Henares “no hubo fosas comunes masivas como en otros lugares de España”. La averiguación de Manuel Ibáñez certifica esta realidad, contraria “a lo que se creía popularmente”. “Los enterramientos de fusilados eran en tumbas de entre una y siete personas”, asegura.
Pero, terminada la Guerra Civil, el Cementerio Viejo de la ciudad quedó abierto a las terribles consecuencias de la represión franquista, sumando 268 personas asesinadas. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alcalá de Henares no descarta que la cifra de ejecutados por la dictadura de Franco en la ciudad “aumente en cuanto sigan las investigaciones”.
La “novedad” que aporta la investigación “es que se ha podido establecer exactamente la localización de un buen número de esos fusilados”. Para ello, Ibáñez ha cotejado “los pocos datos conservados por tradición oral así como los contenidos en el Archivo Histórico Municipal, en el Libro de Registro del Cementerio y en el Registro Civil”.
Las tumbas en “cuarteles” del camposanto
Las tumbas están en cinco zonas, “llamadas cuarteles”, del antiguo camposanto. Con un detalle: “la macabra burocracia nos ha permitido comprobar cómo los tribunales que sentenciaban a muerte ordenaban a los ayuntamientos de procedencia de los ajusticiados facilitar, cuando era posible, los ataúdes en los que eran enterrados”.
En dos de estos “cuarteles”, los números 5 y 9, “algunos restos fueron traslados por sus familiares años después y otros pasaron al osario”. En las zonas denominadas Caridad y Civil, en cambio, la situación “apenas han variado de como estuvieron en los años 40 del siglo pasado”.
Algunos cuerpos “han sido ya exhumados por sus familiares”. El último caso se produjo el 15 de junio de 2018. “Tras una labor de investigación por parte de familiares e historiadores, en la que también colaboró la ARMHADH, Jesús Carrera Olascoaga, secretario general del PCE al terminar la Guerra Civil, fue localizado por un equipo de arqueólogos y antropólogos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi”, explica el colectivo memorialista.
Los restos óseos fueron trasladados al panteón familiar en la localidad guipuzcoana de Hondarribia. Y en otros casos los propios descendientes de las víctimas del franquismo han identificado las tumbas con lápidas, “no siempre con todos los nombres de los que allí permanecen y, en no pocas ocasiones, apenas se adivina una tumba en lo que hoy es un trozo de terreno baldío”.
“Persecución y juicios sin garantías”
La ciudad complutense tuvo un papel destacado durante la Guerra Civil, siendo base de importantes unidades militares de la República, de un aeródromo y también lugar de nacimiento de su último presidente, Manuel Azaña. El mismo día que las unidades franquistas tomaron Madrid, el 28 de marzo de 1939, ya se izó la bandera bicolor en el edificio de Teléfonos de Alcalá de Henares, explica la ARMHADH.
Sin embargo, continúa, “no sería hasta dos días después que las tropas sublevadas entraron en la ciudad de la mano de la columna de Sagardía, el conocido como Carnicero de Pallars por las masacres cometidas meses antes en esa comarca leridana”.
A partir de ahí, subraya, “comienza la persecución de todo aquel sospechoso de no ser afecto al nuevo régimen”. Con las cárceles a rebosar, y sin haber cumplido ni un mes del fin oficial de la contienda, comienzan las ejecuciones.
La primera saca de fusilados se realiza el 28 de abril de 1939. “A las cuatro de la tarde, y en las inmediaciones de la Ermita del Val, junto al río Henares, en lo que era un campo de tiro entonces a las afueras de la ciudad, fueron ajusticiadas nueve personas”, narra la asociación memorialista.
El lugar de los asesinatos colectivos, “ya siempre al alba”, sería cambiado pronto por las tapias del Cementerio Viejo. Un sitio “por entonces también en el extrarradio pero lo suficientemente cerca para que los vecinos se despertaran periódicamente con las salvas de los fusiles”. La última ejecución documentada tuvo lugar el 5 de febrero de 1948.
Y los juicios por los que eran condenados a muerte los reos, bien fuera primero el Juzgado Militar Permanente de la ciudad o, años más tarde el Juzgado Especial para Delitos del Comunismo, “se realizaban sin ninguna garantía”, sostiene. Una farsa judicial que dictó “sentencias basadas en pruebas circunstanciales, con testigos poco fiables, testimonios parciales u obtenidos bajo presión o simplemente tortura y acusados sin posibilidad de tener una defensa digna”.