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Andrés Ortiz había votado una vez en su vida en unas elecciones. “Hace muchos años, con las pesetas”, responde cuando se le pregunta exactamente cuándo. Para las primeras generales que ganó José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004 y ya con el Euro, no le llegó a casa ni propaganda de ningún partido, ni tarjeta censal. “Les enviaron a mis hermanas y a mis padres. A todos menos a mí. Me enteré así de que no podía votar, fue una gran decepción”. Han pasado 15 años desde ese momento y este 28 de abril de 2019, a sus 37 y tras la aprobación en el Congreso de una reforma de Ley Electoral (LOREG), Andrés puede volver a participar como ciudadano de pleno derecho en unas elecciones.
Puede hacerlo él y unas 100.000 personas más en una situación similar. La de Andrés supone un diagnóstico de inteligencia límite y un 66% de discapacidad. Fue el motivo por el que, poco antes de aquellas elecciones de Zapatero, sus padres habían solicitado una incapacitación para que permaneciese tutelado por ellos. “Temíamos sobre todo que, como tiene dificultades para entender el valor del dinero, alguien le engañara, así que teníamos que hacerlo. No sabíamos en ese momento que iba a perder el derecho a votar y no había opción de evitarlo”, cuentan su madre, Isabel, y su padre, también de nombre Andrés.
Durante ese proceso le hicieron un examen que supuestamente valoraba si era apto para votar “en el que me preguntaron por cosas como el precio de un piso... algunas las sabía y otras no”. Las personas con discapacidad intelectual habían sido, durante los 41 años que llevamos de Democracia, los únicos ciudadanos españoles que pasaban por una prueba de esas características para poder ejercer el derecho al sufragio. Solo ellos tenían que demostrar conocimientos acerca de la Ley d’Hont o los partidos para que se les permitiera introducir la papeleta en la urna.
Eso dejó de ser así el pasado 18 de octubre, el día que con ese cambio en la LOREG España se convirtió en el octavo país de la Unión Europea que dejaba atrás esa discriminación. En el camino de casa al colegio electoral, Andrés le explica el desarrollo de todo esto a una vecina con la que se encuentra, Carmen, que no sabía nada: “¡Por fin puedo votar! No podía porque estaba tutelado por mis padres, pero con este gobierno se ha cambiado la ley”. Ella le da la enhorabuena.
Andrés llevaba tiempo esperando este momento y el voto lo tenía decidido desde hace meses, aunque estas semanas “he consultado los folletos, lo que iban diciendo por la tele”. No les quiere decir claramente a sus padres cuál es su opción, “el voto es secreto, íntimo mío”. Sí intuyen que los tres votan parecido, al mismo bloque pero a distintos partidos: “Pasa en muchas familias. Compartimos unos valores de igualdad, claro”. Eso es lo que le dirían a quien piense que el voto de las personas con discapacidad intelectual están especialmente influidas por la familia, que es per se menos libre que en cualquier otro hogar, como se ha aducido muchas veces para negárselo.
¿Y a las personas que, como él, disfrutan por primera vez en mucho tiempo este 28 de abril su derecho al voto, qué les diría? “Que sean valientes, que voten sin miedo. Que piensen bien en sus propias decisiones para cambiar España”.
Andrés está empadronado en casa de sus padres, en Galapagar –vota en el mismo colegio que Pablo iglesias, aunque él lo hace unas tres horas más tarde que el candidato de Unidas Podemos–. Se prepara ahí dos papeletas, de Senado y Congreso, pero solo para la foto. Pasa en ese municipio de la Sierra de Madrid los fines de semana pero ahora vive temporalmente con dos compañeros en Barajas, en un piso de ADISLI (Asociación para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual y Límite) donde les enseñan “a ser autónomo, poner lavadoras, la compra… para luego poder vivir solos”. Una oportunidad que su madre, Isabel, se empeña a recalcar que tiene gracias a que su familia dispone de recursos.
Andrés lleva varios años en paro y ha hecho prácticas en varias instituciones, y en ese piso se dedica, además de a aprender a gestionarse sus cosas, a estudiar oposiciones para conserje. De los programas electorales se ha fijado en las propuestas de los partidos para la dependencia, pero no solo: en sus circunstancias, para él es importante la reforma laboral, “yo que quiero trabajar”, y las pensiones, “que tienen que subir”.
Durante los años que no ha podido votar nunca ha dejado de estar atento a la política, “por lo que vivía aun peor el no poder decidir. Era muy injusto”. La sigue por la tele, pero sobre todo vía internet: “Esta noche tendré que negociar cómo lo vemos. Mis compañeros no están tan interesados, yo sí. Los debates me los perdí porque querían ver películas. Si pasa lo mismo hoy, veré el recuento con el móvil”.
Su participación política no se limita a informarse y votar sino que ha acudido a manifestaciones, como la del 8M, y ha protagonizado vídeos de concienciación para ADISLI. Y ahora, con su voto claro para las generales desde hace semanas, está ya pensando en las europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo: “Sigo mucho las propuestas, me interesa lo que digan los candidatos sobre los cercanías y sobre las ayudas autonómicas”.
Otros años no ha acudido a acompañar a sus padres al colegio, a unos doscientos metros de casa, “¿para qué, si no podía votar?”. Hoy va directo a la mesa que ya sabe que le toca, la B. Esta vez sí que aparece su nombre en las listas del censo: Ortiz Arjona Andrés, busca y encuentra el presidente. Andrés mete las dos papeletas que ha seleccionado en el mismo colegio –sin meterse en la cabina, pero discretamente– rodeado de dos apoderados, uno de Vox y otro del PP.
Nadie le pregunta nada y, si no fuera porque le acompaña un fotógrafo, nadie repararía en que su voto es un poco especial, al menos para él y sus padres. Iba “nervioso. Tenía ganas, quería ser uno más en la sociedad”, y sale del aula “mejor. Siento que por fin puedo participar como ciudadano”. Se encuentra en el pasillo con su madre, que votaba en la mesa A:
-¡Pues ya hemos votado! Ha sido muy fácil.
-Y cuantas más veces lo hagas, más fácil será.
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