El caso Funnydent que investigaba el cierre súbito de las nueve clínicas dentales de esta cadena no fue una estafa sino “mala gestión empresarial”, según la jueza encargada de la instrucción que ha archivado la causa.
Cristóbal López Viviar clausuró las clínicas Funnydent el 28 de enero de 2016. Ese mismo día, 167 personas denunciaron que se les había dejado colgados con los tratamientos sin acabar y habiendo desembolsado al menos 2.200 euros. Al final, entre todos los centros (siete en la Comunidad de Madrid y dos en Cataluña) se acumularon más de 2.000 denuncias de afectados.
Lo que ha decretado al magistrada es el sobreseimiento provisional ya que, considera, la situación fue consecuencia de “mala gestión en el año previo al cierre y no un propósito de incumplir las obligaciones asumidas ante los pacientes”.
Se ha basado en el informe de los administradores concursales de la empresa: “Se desprende que no ha existido irregularidad que pueda ser penalmente reprochable, al margen de la responsabilidad civil y concursal del investigado”. Es decir, según la instrucción, fue un mal empresario pero no trató de estafar a los clientes.
Para argumentar esta decisión, el auto explica que “no se ha evidenciado ningún incremento económico en el patrimonio del investigado que pudiera llevar a pensar que el cierre fue consecuencia de dicho ánimo de lucro”. Así, entiende que el caso puede tener consecuencias en la vía civil pero no en la penal y lo archiva.