Los asesinatos machistas vuelven a crecer tras la tregua que supuso 2016
Solo unas horas después de que al Gobierno se el exija que ponga ya el dinero necesario para lanzar las medidas concretas del plan estatal contra la violencia machista, un nuevo asesinato, esta vez en Azuqueca de Henares, se llevó la cifra de mujeres muertas a manos de hombres a casi el medio centenar. 2017 ha traído un repunte en las victimas mortales tras el mínimo marcado el año pasado.
Los datos oficiales del Ministerio de Igualdad contaban 46 mujeres muertas al acabar noviembre. Ya solo eso era más que todo 2016 que se cerró en 44, el mínimo desde que el Ministerio ofrece estadísticas (2003). El año pasado se rompió una tendencia al alza arrastrada desde 2012. No ha durado. Desde el inicio de este diciembre, al menos tres mujeres más han perdido la vida por ataques de sus parejas o exparejas: Andrea Carballo (cuyo exnovio estampó su coche contra el pilar de una gasolinera con ella dentro), la mujer muerta en Sant Adrià de Besòs en Navidad y una tercera víctima cuyo marido la mató a cuchilladas con sus tres hijos presentes en Guadalajara. La cuenta está en 49 asesinatos.
“Las víctimas mortales son la punta del iceberg de un problema muy complejo. No sirven para sacar conclusiones planas”, explica la directora de prevención y atención frente a la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid, María Naredo. Tan complejo como demuestra echar la vista atrás y comprobar que, desde enero, las muertas han sido mujeres desde 20 a 79 años (pasando por todas las decenas), que habían denunciado, que no habían denunciado, todavía en pareja con sus agresores o que habían puesto fin a la relación. Con órdenes de alejamiento y también sin ellas. “Es el sistema el que falla”, concluye Naredo.
El exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, reafirma que “nunca hay una homogeneidad de las víctimas porque lo común entre ellas es el machismo, no las características particulares o cercanas de cada víctima. Es el machismo el que mata y los hombres ejecutan”.
Y falla porque no es todavía una prioridad, según las expertas, más allá de la cifra final que certifica el Ministerio cada año. De hecho, Lorente apostilla sobre las recuentos: “El año pasado fue el curso con menor número de víctimas, pero es importante subrayar que cuando se cerró la estadística había seis casos en investigación. Y luego no se ha vuelto a saber de ellas. No puede permitirse que seis víctimas terminen por desaparecer estadísticamente”.
“¿Qué hemos hecho de un año para otro para que haya diferencias? No hay diferencias ni herramientas para cambiar la educación que reciben nuestro hijos varones o los hombres. Si no se añaden cosas nuevas vamos a tener el mismo resultado. No podemos esperar cambios sustanciales”, analiza la fiscal y presidenta de la asociación Gafas Lilas, Inés Herrero.
Con y sin denuncia
Para ilustrar esa falta de prioridad, Naredo se pregunta: “¿Qué nos dicen estas últimas mujeres que han muerto y que sí tenían denuncia puesta?” Tanto en Benicàssim como en Sant Adrià, las víctimas habían acudido a la policía. “Es muy fuerte, desde luego, que una mujer haga todo lo que se supone que tiene que hacer para protegerse y acabe asesinada”. Ahí “no ha sido por falta de recursos si no que se entendió que no había que activarlos”, explica el exdelegado del Gobierno.
Los datos cuentan que, dependiendo de donde se viva, esas denuncias tienen más o menos probabilidades de obtener una respuesta. La diferencia entre partidos judiciales a la hora de conceder órdenes de protección dibuja un mapa en el que, en los últimos seis años, algunos rechazan el 80% y otros solo el 4%.
Pero si no llega la denuncia, ¿no hay nada que hacer? “Cabe preguntarse por qué no se presentaron denuncias. ¿Dónde pudieron acudir esas mujeres? ¿Pasaron antes por un médico de cabecera? ¿Tenían hijos menores? Todo esto son indicadores de que no existe esa prioridad”, analiza María Naredo que reclama que se haga un esfuerzo especial para investigar y diagnosticar las fugas y fallos de ese sistema.
En este sentido, Inés Herrero añade que “ahora dependemos de la suerte para que un año haya tres mujeres menos asesinadas porque haya tenido, por ejemplo, una red familiar más fuerte. Contener la respiración y esperar a que ellas implementen su seguridad”.
¿Conciencia social?
Ante los asesinatos que saltan a los titulares informativos se crea una sensación de gran conciencia acerca del machismo que termina fulminando a mujeres. Sin embargo, esta percepción puntual no se ve refrendada por los datos sostenidos en el tiempo. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas reflejaba que solo el 0,8% de los encuestados pensaba que la violencia contra las mujeres estaba entre los tres mayores problemas del país. Es el porcentaje habitual.
Precisamente este miércoles, la Conferencia Sectorial de Igualdad ratificaba el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Nació con algunas discrepancias, como las del grupo parlamentario de Unidos Podemos, y con una sombra: necesita que se aprueben los fondos que lo conviertan en realidad. Así lo exigieron representantes de las comunidades autónomas según salían de la reunión con la ministra Dolors Montserrat. Montserrat aseguró que los primeros 200 millones de euros estarían de una manera o de otra. Pero aún precisan materializarse.
“Lo que realmente marcará la importancia que se le dé será que se haga efectivo y tenga los fondos para que el sistema cumpla con sus obligaciones”, anticipa Naredo. “Serán las mujeres y el feminismo los que impidan que los políticos miren para otro lado”, augura Lorente que, además, añade: “El pacto debería ser contra el machismo, igual que hubo uno contra el terrorismo, no contra los atentados terroristas. Solo así se va al núcleo del problema”.