Aseguran que no son casos aislados, si no que son prácticas “excesivamente frecuentes”. Las principales organizaciones de mujeres se han unido para denunciar “el maltrato judicial” al que se enfrentan algunas víctimas de violencia de género cuando hacen lo que el sistema les pide: denunciar. Representantes de los cinco colectivos presentes en una rueda de prensa celebrada este lunes han hecho hincapié en que se trata de un paso hacia adelante tras diez años de aplicación de la Ley de Violencia de Género.
“Se insiste en que las víctimas deben denunciar, pero luego en muchas ocasiones no tienen una respuesta adecuada por parte de los operadores jurídicos”, afirma Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. Todas las organizaciones han asegurado que reciben decenas de casos de víctimas que relatan “no haber contado con la tutela judicial efectiva”, en palabras de Amalia Fernández, presidenta de Themis, a la hora de interponer una denuncia por maltrato.
Entre los “fallos del Estado” enumeran “los prejuicios que ponen en duda la credibilidad de la víctima”, la aplicación del Síndrome de Alienación Parental (SAP), la falta de especialización de los juzgados de lo penal, el establecimiento de amplios regímenes de visitas con padres condenados por violencia de género, la obligación de que ciñan su relato al último episodio sufrido o las diferencias entre territorios a la hora de conceder órdenes de protección.
Ante este escenario, las organizaciones han llegado al acuerdo de empezar a denunciar públicamente este tipo de casos y presentar quejas contra juzgados concretos en el Consejo General del Poder Judicial.
Uno de ellos es el de Isabel López, que ha servido para ejemplificar lo que enuncian. La mujer, presente en la convocatoria, fue increpada por la fiscal Carmen Hidalgo en una vista para modificar el régimen de visitas que su hija mantiene con su padre, condenado por violencia de género en una sentencia firme. Isabel fue absuelta de una denuncia que interpuso el hombre poco después de haberlo hecho ella asegurando que habían sido él el agredido. Por lo que considera “un calvario judicial”, la mujer ha presentado una queja ante la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juzgado de Arganda del Rey (Madrid) que instruyó su caso.
La reparación del daño
Lo que le ocurrió a Isabel es lo que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ llama denuncia cruzada o contradenuncia –que el agresor denuncie a la víctima– y que las organizaciones han nombrado como uno de los elementos presentes en los juzgados. Junto a la queja de esta mujer, las asociaciones han presentado otra ante la misma Comisión contra el titular del Juzgado de Primera Instancia nº1 de Sagunto (Valencia) porque “desde hace tiempo” mujeres cuyos casos han sido instruidos en él “nos han manifestado su malestar por el trato que les ha dispensado”.
“¿Qué es lo que sucede con las mujeres que han hecho lo que el sistema les pide y no son protegidas?”, se preguntaba Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, que ha insistido en que el Estado “debe reparar el daño causado cuando éste se produce” porque “la mala respuesta judicial ”va seguida de un daño muy grave para la mujer, los hijos e hijas o la familia“. Una situación que, según Besteiro, impacta de manera negativa ”en el proceso de recuperación de la mujer“ y desata ”una falta de confianza en el sistema“.
Fernández, por su parte, se ha referido a los casos en los que la mujer “es obligada” a ceñirse a la última agresión sufrida, de manera que la violencia deja de concebirse como una situación mantenida en el tiempo. “No se le permite hablar del resto”, ha esgrimido antes de interpelar al CGPJ para pedirle que “se preocupe por investigar lo que está ocurriendo”. Aunque las organizaciones afirman que son “muchos” los juzgados que funcionan “correctamente”, coinciden en asegurar que “no se puede seguir animando a las víctimas a denunciar si no se puede garantizar su protección”.