A las Comunidades Autónomas no les salen las cuentas. Los consejeros educativos de Andalucía, Asturias y Canarias acusan al Ministerio de Educación de presentarles unos cálculos de financiación de la reforma educativa que no se ajustan al coste real y a solo dos meses del nuevo curso. “Una imposición absurda de una reforma educativa sin pies ni cabeza, con el único objetivo de acabar con la escuela pública”, ha resumido Ana González, la titular asturiana.
José Ignacio Wert adelantó la semana pasada que la mayor parte del presupuesto para aplicar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) vendrá de Europa. Sin embargo, los detalles del plan de financiación a través de convenios con el Fondo Social Europeo aún no están del todo detallados. Al menos, los máximos representantes educativos los desconocen y retransmitirán sus dudas a Wert en la Conferencia Sectorial que tendrá lugar esta tarde.
De lo que han podido saber los representantes autonómicos, todo críticas. Por un lado, el canario Juan Miguel Pérez ha asegurado que la financiación que reciban las comunidades procedente del Fondo Social Europeo se suscribirá con convenios con el Ministerio de Educación en forma de “préstamos”. Este modelo será “una trampa” para las Comunidades, según el consejero, porque computará como deuda en los presupuestos autonómicos.
En este sentido, Juan Miguel Pérez y Ana González han resaltado que, para cumplir con las exigencias de déficit que les impone el Gobierno central, tendrán que dejar de gastar en otras partidas necesarias que tenían planteadas en sus presupuestos. “¿A quién le quitas dinero para meter eso como deuda? A sanidad, a dependencia, a pensiones, etcétera”, lamentaba Pérez.
Por otro lado, las desviaciones en el gasto a la baja han sido otra crítica común. Luciano Alonso, el consejero andaluz, advierte de un “error de cálculo” de 395 millones de euros en su Comunidad Autónoma. El Ministerio estima un gasto de unos 189 millones, mientras que la Junta eleva la cifra a los 584.
La previsión detallada del gasto en las distintas etapas educativas tampoco cuenta con el respaldo de los consejeros. Ana González y Luciano Alonso exprensan sorprendidos cómo el Ministerio puede no calcular ningún coste en la implatación de Primaria. El próximo curso, la LOMCE entrará en las aulas de primero, tercero y quinto de primaria y supone la implantación de asignaturas nuevas, con la necesidad de ampliar el equipo de docentes, ha expresado el titular andaluz.
La LOMCE se implantará formalmente, pero otra cuestión es cómo lo hará en la práctica. Los libros de texto protagonizan otro debate acerca de la implantación de la reforma educativa del Gobierno. La patronal de editores, la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE) expresó su inquietud ante la recomendación de varias Comunidades Autónomas de no renovar el material escolar el próximo septiembre.
En Andalucía y Canarias existen sistemas de gratuidad de libros de texto, pero sus consejeros de Educación apuntan que el presupuesto para renovar todos los materiales se escapa de su presupuesto. Alonso asegura que la gratuidad de libros se mantendrá en la región, pero deja abierta la posibilidad de conservar los libros de este curso. “Trabajaremos para no imcumplir la ley”, apuntan desde su cartera ante esta posibilidad.
“Imposible implantar la FP básica”
Con estas cuentas y a último día de junio, Ana González ha sido tajante al afirmar que es “imposible” implantar la Formación Profesional Básica en septiembre, como prevé la LOMCE. Además, la responsable asturiana ha instado al ministro Wert a revisar la planificación del gasto, puesto que no contempla ninguna partida para la remodelación de infraestructuras. “Pregunten en Alemania si tienen infraestructuras específicas para la FP Básica”, ha remachado.
En Asturias, la cantidad fijada por el Gobierno Central debería ser multiplicada “por cuatro” para llevar la FP Básica a las aulas, según González: de los 4,4 millones de euros a los 16,5.
En este sentido, Juan Miguel Pérez ha criticado el escaso conocimiento del funcionamiento del sistema nacional de educación del ministro. Según el representante educativo, en Canarias la fórmula de cálculo de gasto no se ajusta a la población de las islas, ya que se estima para una media de 30 alumnos por clase, cuando la realidad en algunas de sus regiones será bastante menor. “Y el coste es mucho mayor para aplicar la FP para 15 alumnos que para 30”.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se reunirá esta tarde con los consejeros de todas las comunidades para analizar los costes y la financiación de la reforma educativa, que comienza a implantarse el curso próximo.