Todos los ojos vuelven a mirar a la Atención Primaria. Después de asumir el papel clave en el control de la pandemia tras el confinamiento domiciliario de marzo y estar inmersa en una campaña de vacunación contra la gripe que busca ser de récord, todo apunta a que será esta red la que se encargará de la tarea decisiva de administrar la vacuna contra la COVID-19. Lo deslizó, sin nombrarlo explícitamente, Pedro Sánchez este domingo, cuando anunció que la estrategia de vacunación “única” nacional contaría con 13.000 puntos en todo el territorio, que coinciden con el número de centros de salud y consultorios de toda España. Este lunes el portavoz Fernando Simón confirmaba que será en los puntos “habituales” de vacunación, que cuentan con “experiencia” y capacidad “más que suficiente”. Es decir, en los centros de Atención Primaria. Afrontarán el reto lastrados por la falta de refuerzos y, en muchos casos, al límite por la sobrecarga que arrastran desde hace meses.
En este escenario, más recursos y organización es lo que siguen reivindicando sanitarios y sindicatos médicos y de enfermería. Estos profesionales son desde que comenzó la 'nueva normalidad' los responsables de detectar los casos sospechosos y tramitar las pruebas para identificar contagios y cortar las cadenas de transmisión, y como ya venían avisando, han acabado desbordados. El punto álgido fue entre agosto y septiembre, cuando hablaban de “colapso”, antes de que los hospitales comenzasen de nuevo a llenarse. Algo que no quieren que se repita: “Tendrá que producirse un refuerzo de la plantilla, puesto que de lo contrario va a ser inasumible”, resume Cristina Sánchez Quiles, responsable nacional de Atención Primaria de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).
Los profesionales de Atención Primaria (AP) coinciden en que sí tienen que ser ellos los que administren la vacuna contra la COVID-19, no puede ser de otra manera. Concretamente, las enfermeras –en femenino por ser un sector altamente feminizado–. María José García, portavoz del sindicato estatal más grande que las agrupa, SATSE, cree tajante que “tiene que recaer sobre Atención Primaria. La vacunación es una de las acciones que vienen desarrollando desde siempre las enfermeras de Atención Primaria, son los profesionales adecuados”. Pero repite la condición: “Eso no quita que haya que reforzar, adecuar agendas y conseguir un número adecuado de profesionales para dar respuesta a cómo se precise”.
El objetivo para la COVID-19 es inédito porque se pretende administrar dosis a largo plazo a un número muy alto de personas, el 75% del país. Sí hay vacunaciones masivas anuales: las infantiles y la de la gripe, que este año buscaba vacunar al 75%, pero este porcentaje solo referido a la población de riesgo. Como operativo, sin embargo, el del coronavirus tiene ventajas: como señalaba Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, todas esas personas no serán vacunadas a la vez, sino que las dosis irán llegando paulatinamente. Se cubrirán colectivos de forma progresiva y, a falta de conocer las características de las vacunas, se priorizará en principio a sanitarios y mayores en residencias. También destacaba eso Simón: la operación se va a efectuar “progresivamente”. El ministro Salvador Illa prevé alcanzar a vacunar a 10 millones de ciudadanos de enero a mayo con la de Pfizer, pero no llegarán todas las dosis de golpe, sino en menos cantidades en enero, febrero y los meses sucesivos. Por contra, la campaña de inmunización de la gripe se logra en apenas mes y medio. De hecho, en SATSE también son optimistas ante el hecho de que los dos despliegues no van a coincidir en el tiempo, porque para finales de enero habrá concluido ya el trabajo con la gripe.
Una inversión pública estancada
Javier Padilla, médico de Atención Primaria en Madrid y autor del libro Epidemiocracia, defiende algo parecido: “Lo lógico es que se vacune en Atención Primaria, no sé si en la que tenemos ahora o reforzada. Movilizar a una cantidad de gente necesaria, principalmente enfermeras. Ya se hizo cuando se sacó a gente de AP para llevarla a IFEMA”. Critica, eso sí, que el presidente Pedro Sánchez no fuese claro y hablase de “13.000 puntos de vacunación”, “luego miras y ves que efectivamente, si sumas los centros de salud y consultorios, salen 13.000. Me parece una falta de respeto. La forma de venderlo y de comunicarlo debería ser decir que gracias a la Atención Primaria tenemos capacidad para disponer de 13.000 lugares de vacunación”.
Es algo sobre lo que también llama la atención Silvia Durán, coordinadora del sindicato médico AMTYS y médica de familia. “Por lo que dijo el presidente, es fácil de prever que serán los centros de salud, pero nos llama mucho la atención que ni se nombre ni se diga directamente. Atención Primaria no puede con esa sobrecarga sin que haya refuerzos”, explica. En SATSE esperan “con ilusión” un plan de contingencia adecuado para todo esto, sigue María José García, “pero no podemos sobrecargar aun más a profesionales sobrecargados. Hay que buscar medios y maneras”. A la necesidad de planificación también se refiere Sánchez Quiles, que reclama “instrucciones centralizadas y muy claras para que no haya visitas masivas de la población y para que no se produzcan diferencias ni entre pacientes ni entre comunidades autónomas”.
Para afrontarlo, desde el sindicato de enfermería piden, concretamente, contratos no precarizados. “En muchos sitios se hacen contrataciones de un día o dos con distancias geográficas inasumibles”. En Alemania, que no dispone de una red de centros de salud tan amplia y extendida como la española, ya han anunciado que se van a usar, más allá de consultorios, velódromos como lugares para vacunar. En SATSE no dicen ni que sí ni que no a esa opción: “Lo que está claro es que tienen que ser profesionales sanitarios asistenciales quienes vacunen. Luego ya, si se pueden adecuar espacios para momentos determinados, se pueden adaptar. En esta crisis se han usado gimnasios de hospitales, por ejemplo. Se puede plantear siempre que se tenga claro que lo crucial es la seguridad del paciente”. Desde AMTYS sí están totalmente de acuerdo con esta idea y apuntan a que el uso de 'macroespacios' de vacunación, como carpas, por ejemplo, puede ser “eficaz”.
La Atención Primaria, recuerdan los sanitarios, en todo lo que llevamos de pandemia no ha dejado de estar sobresaturada. Pero tampoco viene de esta crisis: la inversión en AP lleva estancada desde la anterior crisis económica. Amnistía Internacional ha calificado estos últimos años de “década pérdida” para la sanidad, y especialmente para esta primera puerta de entrada: ajustado a inflación, el gasto público ha caído un 13%, al pasar de los 9.346 millones de 2009 a los 8.122 de 2018.
El ensayo general de la gripe
La vacunación de la gripe ha sido el ensayo general de este año para la COVID-19. Cada temporada es masiva, pero la de 2020 más, porque precisamente para que no coincidiese la incidencia con la COVID-19, se pretendía alcanzar esas coberturas de hasta el 75% en grupos de riesgo –otros años ronda el 55%–. El Ministerio de Sanidad todavía no da datos pormenorizados acerca de lo que se ha conseguido, aunque Pedro Sánchez y Fernando Simón cifran que son 14 millones de personas las que se han podido inmunizar desde octubre.
La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica solo ha reportado, a fecha 19 de noviembre, un caso de gripe en toda España, concretamente en Aragón. Pero esto no quiere decir que la campaña haya sido un éxito total: el portavoz de Sanidad ya avisó de que las notificaciones se podían ver alteradas por la pandemia de coronavirus, y además el pico suele situarse siempre más próximo a Navidad, no en noviembre. Los profesionales reportan problemas puntuales de suministro, “pero es algo relativamente frecuente todos los años”, indica Javier Padilla. La campaña de prevención de la gripe ha sido “desigual” entre comunidades, según SATSE, que rechaza especificar a falta de datos oficiales dónde ha resultado mejor o peor. Prefieren una sentencia global: “Se ha demostrado que si se articulan los medios, se puede”.