Reducir la lista de espera a la dependencia en un 75% requeriría un incremento en el gasto anual del Estado de 1500 millones de euros. Es decir, ese sería el dinero necesario para atender al menos a 190.000 personas de las 258.000 que tienensu derecho a prestación por dependencia reconocido pero que todavía no la han recibido. Así lo calculan en un último análisis la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, a partir de las certificaciones anuales de las Comunidades Autónomas.
Con esa inyección de 1500 millones, el Estado pasaría a aportar un 36% de la financiación pública al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Quedaría aún lejos del 50% estado-autonomías que prevé la Ley de 2007, pero recortaría algo la diferencia actual. La Administración central aportó al Sistema según estos datos en 2018 únicamente el 16,08%, 1.327 millones; las comunidades el 83,3%, 6.707 millones. En total, fueron 8.054 millones de euros para la dependencia.
El cálculo lo hace la Asociación en base al gasto promedio por dependiente atendido en 2018, 8.090 euros al año. El número de personas que sí está atendida por el Sistema roza el 1.100.000. Desde la Asociación creen que “se debería considerar” que esa inversión de 1500 millones generaría 45.000 puestos de trabajo directos y se obtendría al menos un retorno de 600 millones de euros en concepto de Seguridad Social, IRPF.
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación, cifraba hace un mes para eldiario.es en 700 millones de euros el aumento para reparar solo una parte de la paralización del sistema, la situación de los Grandes Dependientes. Eso conseguiría volver con ese grupo al menos a niveles de 2012, cuando se implantó el Decreto Ley que recortaba la financiación al Sistema. En datos de agosto, las listas de espera de atención a la dependencia se habían incrementado en más de 6.000 personas graves o severas, la primera vez que este grupo crecía desde 2015. Los 1500 millones serían lo necesario para reducir la lista de espera global, la cual incluye a dependientes leves.
La financiación estatal “se estanco” tras los recortes de 2012 y desde entonces “no ha sido objeto de un tan ansiado Decreto-ley que alivie la situación”, escribe la Asociación en un comunicado. Denuncian en él que no se han cumplido tampoco los compromisos de los últimos Presupuestos Generales del Estado, los aprobados por el ministro del PP Cristóbal Montoro y todavía vigentes, que preveían un incremento progresivo del Nivel Mínimo de Financiación al 5% anual. “A todas luces insuficiente, pero que tampoco han visto la luz. Es obvio que –independientemente de la inestabilidad política– alguien ha considerado otras prioridades”, lamentan.
La Asociación recuerda que este jueves hay un Consejo Interterritorial para la dependencia en el cual no se incluye como orden del día el asunto de la financiación, “de nuevo una oportunidad perdida”. Piden consenso entre todas las comunidades autónomas para exigir la aprobación de un Real Decreto que cumpla, al menos, con ese 5% de Montoro. Recuperan otro dato: cada mes, aproximadamente el 1% de esa lista de espera causa baja por fallecimiento, unas 80 fallecidas sin haber podido ejercer su derecho. También hay una cifra récord desde 2012 en España de personas pendientes de valoración: a finales de agosto eran 140.000.