La Comunidad de Madrid va a construir dos colegios que vendrán con un concierto debajo del brazo desde antes de existir y se levantarán sobre suelo público por el que los beneficiarios no tendrán que pagar nada. Esta medida –habitual en los Gobiernos regionales del PP en este siglo pero que se había paralizado en los últimos años– va directa contra las previsiones de la Lomloe y las intenciones del Gobierno, que trató de evitar estos episodios en la nueva ley, aunque no los llegó a prohibir directamente.
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado este jueves la convocatoria de dos concursos públicos para construir sendos “centros educativos privados concertados” –aunque no exista tal cosa como los colegios concertados: se conciertan aulas, no centros– sobre suelo público que se cederá de manera gratuita a los beneficiarios. El trato, simplificando, es que la Comunidad de Madrid pone el suelo –valorado en 11,5 millones de euros entre las dos parcelas y por el que no cobrará nada– y el concierto, con lo que financia el coste de mantenimiento del centro una vez activo. El ganador del concurso solo tiene que pagar la construcción de las instalaciones.
La cesión de las parcelas públicas está prevista inicialmente para 40 años, prorrogables a 75. Uno de los centros se ubicará en Villa de Vallecas y el otro, en Valdebebas. Este último será el primer instituto que ofrezca Secundaria en todo el barrio, donde no hay posibilidad de estudiar la ESO en uno público, según datos de la Comunidad de Madrid.
La administración autonómica y el Ayuntamiento han conseguido esquivar la Lomloe para convocar estos concursos. Ambas parcelas pertenecían hasta hace unos meses al Ayuntamiento, pero las corporaciones municipales no pueden ceder suelo público para construir centros educativos privados, tienen que ser públicos, según estipula la Lomloe en la disposición adicional decimoquinta. Las comunidades autónomas, sin embargo, sí pueden.
¿Solución? En mayo se firmaron sendos acuerdos de cesión por los que el Ayuntamiento de Madrid regalaba las dos parcelas a la Comunidad para que construya dos colegios. Se explica en los acuerdos que esto se hace porque es el Gobierno regional el que tiene las competencias en Educación, pero el Ayuntamiento ya había cedido parcelas en otras ocasiones para colegios cuando no estaba prohibido. Por ejemplo, en el colegio JH Newman, donde además se ha permitido la construcción de un gimnasio privado en un suelo público también cedido gratuitamente.
Esta práctica de ceder parcelas públicas de manera gratuita –o a cambio de un canon simbólico– para la construcción de colegios ya concertados antes de levantarse ha sido muy propia de la Comunidad de Madrid en este siglo, durante buena parte de él contra los postulados de las leyes de educación. Hasta julio de 2020 había levantado por este método al menos 45 centros, según su propia información. Este fue el método que utilizó Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de Esperanza Aguirre, para lucrarse con una veintena de centros cobrando mordidas. Acabó en la cárcel por ello.
Si está prohibido, se regula
Como este proceder iba contra las leyes educativas –que establecen que los conciertos se otorgan a centros privados ya existentes que cumplen determinados requisitos–, el PP las regularizó explícitamente en su Lomce en 2013 incluyendo un octavo punto de nuevo cuño en el artículo 116, que regulaba los conciertos: “Las Administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”, una previsión muy concreta para algo que básicamente solo hacía Madrid y algo la Comunitat Valenciana.
La Lomloe –que incluye varias medidas pensadas directamente para controlar la escuela concertada a raíz de las políticas madrileñas, según admitieron responsables socialistas– vino a reparar esto. Eliminó la disposición, introdujo varias en las que daba preferencia a lo público a la hora de asegurar la oferta de plazas educativas e introdujo la palabra “pública” en la disposición adicional decimoquinta, artículo cuatro, que explicita que “los municipios cooperarán con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes”. Desde diciembre de 2020 estos suelos solo pueden destinarse a la construcción de centros públicos. Pero se quedó a medio camino: esta disposición adicional es para municipios, no cubre a las comunidades autónomas. Fuentes del Ministerio de Educación explican en cualquier caso que “la ley pretende limitar la cesión del suelo a centros públicos”.
Además, como no hay acción sin reacción, la aprobación de la Lomloe provocó un efecto casi inmediato en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Poco más de un año después de que se publicara la nueva ley estatal en el BOE y tras más de dos décadas sin una ley educativa propia, Ayuso aprobaba su Ley Maestra, dirigida contra la Lomloe desde su propio título: Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa. En su norma, destinada a blindar la concertada, se incluyó específicamente esta práctica: “Se contempla la posibilidad de que en la Comunidad de Madrid se puedan convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”.
Nueve meses después se ha “contemplado la posibilidad” y ejecutado. El primero de los centros está previsto en el barrio de Valdebebas, de reciente creación y que apenas tiene servicios públicos. Se levantará sobre una parcela de 13.456 metros cuadrados entre las calles de Leandro Silva, Félix Candela, Antonio Miró Valverde y César Cort y será, como mínimo, línea seis (seis clases por curso), desde infantil hasta la ESO. La parcela está valorada en 10,3 millones de euros, según el acuerdo de cesión entre Comunidad y Ayuntamiento.
El segundo será construido en el distrito de Villa de Vallecas, sobre una parcela de 13.045 metros cuadrados sita entre la Gran Vía del Sureste y las calles Cerro Murmullo y Cerro Millano, y está previsto que sea línea cuatro. Este suelo tiene un valor estimado de millón y medio de euros, según figura en el documento de cesión.