La bandera arcoíris, primer 'botín de guerra' de la ofensiva reaccionaria

Las banderas arcoíris están desapareciendo este Orgullo de muchos ayuntamientos y comunidades en los que PP y Vox han sellado alianzas para gobernar. Los pactos están teniendo un primer efecto simbólico pero trascendente: invisibilizar el mayor símbolo de la diversidad LGTBI allí donde ondeaba en los últimos años. El empeño de la extrema derecha en quitar la bandera no es nuevo, viene de lejos y va en la línea de la ola reaccionaria –y antiderechos– que arrecia a nivel global.

En las últimas horas la cascada de vetos a las banderas en los balcones por parte de las derechas no ha cesado y se extiende por todo el mapa. PP y Vox acaban de votar en contra de desplegarla en el Parlament Balear y la han retirado de ayuntamientos como Vegas del Genil (Granada), Toledo, donde lucía desde hace siete años, Ciudad Real, Valladolid, Burgos o Nàquera (Valencia), que se convirtió en el primer ayuntamiento valenciano tras el 28M gobernado por Vox con apoyo del PP. El pacto al que llegaron estipula específicamente que no se colocarán banderas LGTBI en instalaciones municipales y se sustituirán las concentraciones oficiales de “no a la violencia machista” por “no a la violencia”.

En Palma, la Policía Local ha retirado el símbolo de sus redes sociales poco después de publicarlo, según diversas fuentes por orden del equipo de la alcaldía, en manos del PP. La extrema derecha ha pedido en Mérida la retirada de los colores LGTBI porque si continúan “saltándose la ley” lo siguiente que “vamos a ver es la bandera de los pedófilos”. Una concejala de Vox ha denunciado ante la Guardia Civil a la alcaldesa socialista de un pueblo de Granada por haber colocado en la fachada del ayuntamiento la bandera. Y en las Cortes de la Comunitat Valenciana, que preside la dirigente antiabortista de Vox Llanos Massó desde el lunes, la insignia LGTBI no se ha desplegado por primera vez desde 2015 pese a las peticiones de Compromís y el PSOE.

Un reconocimiento y sensación de “seguridad”

A pesar de que pueda parecer algo inocuo, la desaparición de los símbolos en favor de la visibilidad preocupa al colectivo LGTBI y ha desatado la reacción en redes sociales de ciudadanos publicando una imagen de la bandera acompañada de la frase “ellos la quitan, yo la pongo”. “Se empieza por ahí, pero después de quitar los símbolos llega el recorte de los derechos a las personas LGTBI u otras personas vulnerables”, opina Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), que llama a prestar atención a la involución que están viviendo varios países a nuestro alrededor.

La bandera LGTBI no es solo un trozo de tela, va mucho más allá. Para Lolo López, secretario de la organización LGTBI DeFrente, es especialmente importante que cuelgue de las instituciones como una forma de “reconocimiento” a las personas con orientaciones e identidades diversas, “de nuestras vidas y de quienes somos”, pero también de sus luchas y reivindicaciones frente a la persecución “que durante mucho tiempo llevaron a cabo precisamente estas mismas instituciones”. Es, además, un símbolo “que da seguridad” a la población LGTBI porque “transmite un compromiso en cuanto que nos sentimos vistos y hasta cierto punto protegidos”, sostiene López.

La bandera original del arcoíris fue creada en 1978 por el activista Gilbert Baker y originalmente se componía de ocho colores para reflejar la diversidad de la comunidad LGTBI. Las rayas rosa y turquesa fueron eliminadas cuando comenzó a producirse en masa por la falta de telas. La versión final se quedó en seis colores –rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta–. En los últimos años se han popularizado banderas que añaden una franja negra y marrón para visibilizar a las personas racializadas y una blanca, rosa y azul claro en representación de los colores trans.

Hay ayuntamientos dirigidos por el Partido Popular en solitario que sí han decidido mostrar la insignia, pero otros, como el de Madrid, llevan sin hacerlo desde que gobierna José Luis Martínez Almeida. En 2019, primer año de mandato del PP y Ciudadanos con apoyo de Vox, el alcalde aseguró antes del Orgullo que sí la colocaría, pero se llevó los reproches de Vox y la exigencia de que lo hiciera con la de España. Aquel 28 de junio la bandera arcoíris fue colocada finalmente en Cibeles pero en un lateral de la fachada. En el centro, unas pocas horas antes, operarios del Ayuntamiento habían puesto la rojigualda.

Desde entonces, Almeida se limita a iluminar la fuente y el palacio con los colores LGTBI, que es lo que también hará este año. El alcalde siempre ha justificado la decisión en el cumplimiento de las sentencias judiciales que hasta ahora han vetado la ubicación de la bandera en las fachadas municipales. El año pasado, a petición de Vox, un juzgado obligó a retirar las colocadas en los balcones del Edificio de Grupos Municipales.

Un debate judicial orquestado por Abogados Cristianos

Colocar o no la bandera arcoíris en los balcones se ha vuelto en los últimos años un debate judicial. El Tribunal Supremo fijó en 2020 como doctrina que utilizar banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos “no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente” ni con “el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas”. Pero el Alto Tribunal se estaba pronunciaba sobre la colocación de la bandera nacional canaria en Santa Cruz de Tenerife en 2016, no sobre la enseña LGTBI. Sin embargo, muchas administraciones que han vetado la arcoíris lo hacen esgrimiendo este pronunciamiento.

Desde entonces los juzgados han emitido fallos dispares, algunos avalando la colocación de banderas y otros denegándola. En todo caso que esto se haya trasladado a los tribunales no es una casualidad. El grupo ultracatólico Abogados Cristianos desarrolla una estrategia desde hace años. El grupo utiliza la sentencia del Supremo para presentar denuncias contra alcaldes que deciden desplegarla en un capítulo más de su larga lista de ofensivas judiciales contra los derechos LGTBI y de las mujeres.

Es habitual que la extrema derecha se pronuncie en contra de todo lo que suene al colectivo LGTBI argumentando que se trata de “adoctrinamiento ideológico”, pero hablar de diversidad afectivo-sexual es hablar de “derechos humanos”, argumentan los colectivos. “No se trata de neutralidad, esto va de respetar la diversidad de toda la población”, apunta López. Por eso poner los colores del colectivo es mandar un mensaje, el del “respeto a la ciudadanía, la convivencia y la democracia”, afirma Sangil, mientras que esconderlos también lleva aparejada una intención: “Que no nos están teniendo en cuenta, que no gobiernan para todos, todas y todes y también volver a intentar meternos en los armarios”, añade la activista.

Sangil incide, además, en que hay formas de poner los colores arcoíris en las fachadas que no tienen por qué pasar por lo que en sentido estricto es una bandera. Y de hecho hay ayuntamientos que lo hacen justificando que lo que despliegan es una lona o pancarta. Es la línea que siguió el año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que quitó la razón a Abogados Cristianos al avalar que el Ayuntamiento de Zaragoza colgara la enseña argumentando que “una cosa es una bandera y otra muy distinta una pancarta”. De ahí, que “la mera utilización de los colores arcoíris en el balcón municipal no vulnera la ley de banderas” ni va contra la neutralidad de las Administraciones, más aún: “Responde a un mandato normativo: el de promover la igualdad y protección contra la discriminación del colectivo LGTBI”, zanjó el fallo.

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