La mezcla de movilidad y COVID vuelve a complicar la gestión de la pandemia por segundo año consecutivo. La perspectiva de tener un verano tranquilo ha saltado por los aires con la explosión de contagios entre los jóvenes, que ha subido la incidencia en toda España hasta cifras que no se veían desde la tercera ola. Por suerte, la vacunación está evitando que el impacto se manifieste en muertes, hospitales y UCI, pero no así en la Atención Primaria ni en los servicios de Salud Pública que se encargan del seguimiento de los brotes. “Este verano pinta muy mal”, prevé María Justicia, presidenta nacional de la Asociación de Médicos AMYTS.
Los rastreadores han sido llamados escena para afrontar un verano igual o más complicado que el anterior. Y la prueba es el macrobrote de Mallorca, un caso tan mediático como representativo. El debate que ha suscitado el confinamiento forzoso de 269 chavales en hoteles de Palma, 74 positivos y otros considerados contactos estrechos, evidencia la confusión que aún existe sobre las medidas sanitarias básicas.
Desde el comienzo de la pandemia, Sanidad y los servicios de salud han indicado una cuarentena preventiva de 10 días para los contactos cercanos. También si la PCR sale negativa. La razón es que la prueba diagnóstica puede fallar o, si se ha hecho en un momento temprano de la infección, dar positivo hasta dos semanas después.
Aun así, una resolución judicial ha permitido que un centenar de los chicos que estaban en aislamiento en Mallorca vuelvan a sus hogares. La jueza alega que la medida del Govern balear es desproporcionada porque su consideración de contacto estrecho ha sido “genérica”. La magistrada no rechaza las normas sanitarias, sino el criterio con el que se tomaron por afectar a todos los “estudiantes en viajes de estudios”. Como consecuencia, varios jóvenes criticaron que se les confinase a pesar de no haber estado en los conciertos, fiestas en barco o botellones señalados como los orígenes del brote. Algo que las autoridades baleares no han podido asegurar ni desmentir.
En respuesta al varapalo de la jueza, Sanidad ofreció un barco burbuja a 118 jóvenes “sanos” que les trasladó de Mallorca a Valencia. Al atracar, 14 de ellos dieron positivo en un test de antígenos. “A lo mejor hemos querido matar moscas a cañonazos, pero creo que la cuarentena estaba justificada desde el punto de vista de Salud Pública”, entiende José Martínez Olmos, exsecretario general de Sanidad. “Lo que hemos aprendido con esto es que los argumentos para pedirle a la gente que se aísle tienen que ser muy sólidos para que no colisionen con las libertades individuales”, explica el profesor.
Olmos cree que hay que hacer pedagogía con los tribunales para que entiendan que “la decisión de aislarles fue para proteger a los demás” y sean cómplices en el futuro. “Es imposible poner un policía detrás a todo el mundo”, reconoce, y usa como ejemplo el caso del avión que tomaron varios de estos jóvenes en dirección a Galicia unos días antes. Algunos eran positivos y otros viajeros ajenos al brote han tenido que guardar cuarentena por haber volado cerca de las personas infectadas.
A lo mejor hemos querido matar moscas a cañonazos, pero creo que la cuarentena estaba justificada desde el punto de vista de Salud Pública
Sanidad no cuenta con un protocolo concreto para el caso de que, siendo positivo, se deba coger un medio de transporte comunitario. La PCR negativa en origen o el pasaporte COVID soluciona algunas de estas problemáticas, pero en su mayoría dependen de la responsabilidad personal y de la normativa de cada comunidad. Por ejemplo, el Gobierno de Canarias impone multas de entre 100 y 600.000 euros a quien descubra saltándose el aislamiento. Los epidemiólogos, por su parte, recomiendan siempre que sea posible guardar cuarentena en el lugar donde se detecte el contagio.
El de Mallorca ha sido el único brote centralizado por el Gobierno a través del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), lo que ha permitido llevar un seguimiento y un parte actualizado en cada comunidad autónoma. Pero la realidad es mucho más compleja. A partir de ahora, el control lo llevará Atención Primaria, que suma una labor más a su ya apretada agenda vacacional y sus mermadas plantillas.
La cruz de la Atención Primaria
El mismo temor que surgió hace un año ha empezado a cundir en las consultas: la insumisión hacia el aislamiento domiciliario. “Ya tuvimos problemas con el cumplimiento de las cuarentenas el verano pasado porque llamábamos y encontrábamos a los contagiados o a los contactos haciendo la compra y dando paseos”, recuerda Salvador Tranche, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC).
“La sentencia de Mallorca tiene muchos matices porque hay cosas que no se han hecho bien, pero hay que insistir en la importancia de que los contactos estrechos cumplan un aislamiento de 10 días”, pide el médico. Si ese mensaje no cala en la población, el control en Atención Primaria y el seguimiento de los brotes por parte los rastreadores resultará imposible.
La sentencia de Mallorca tiene muchos matices porque hay muchas cosas que no se han hecho bien, pero hay que insistir en la importancia de que los contactos estrechos cumplan aislamientos de 10 días
No ha ocurrido únicamente en Mallorca. Otros viajes de fin de curso han acabado en brote en Sevilla, Tenerife, Menorca, Salou o Lloret de Mar. También las fiestas de verano, como las celebradas en la localidad vasca de Hernani, han multiplicado por diez la incidencia en una semana. Cantabria y Catalunya son las regiones con mayor transmisión de España, y la primera ha decidido adelantar la vacunación de los más jóvenes y el cierre del ocio nocturno hasta contener el pico. En Pontevedra (Galicia) ya han procedido al cierre de las discotecas.
“Hay tres razones que justifican esta tendencia: las ansias tras la fase más estricta de la pandemia; los hábitos sociales de los más jóvenes y una cierta banalización de la enfermedad ahora que es menos grave en adultos y ancianos”, enumera Tranche. “Es una mala noticia para la Atención Primaria, porque éramos los primeros que confiábamos en la buena evolución de la pandemia”, reconoce el doctor.
María Justicia, de AMYTS, comparte la preocupación. “Las macrofiestas y macroeventos nos van a complicar el verano”, adelanta. “No hay estado de alarma, no hay prohibiciones, no hay horario limitado, no hay mascarillas y algunos tienen la sensación de que esto ya ha acabado”, lamenta. Ella, que es doctora en un centro de salud en Madrid, recuerda que la comunidad se enfrenta al verano con “un déficit de 764 médicos de familia y 300 pediatras” y una sobrecarga de agendas: “Vamos a intentar hacer medicina de supervivencia”.
El año pasado, el control de los brotes se confió a la coordinación entre las distintas comunidades. Algo que no existe este año. “Somos 17 países distintos, con distintas bases de datos y protocolos, y no hay ningún contacto”, reconoce la doctora. Lo suscribe Salvador Tranche, para quien la única solución pasa por la vacunación. “El año pasado estábamos alerta, pero esa sensación ha disminuido”, asume. Por lo demás, la carga de trabajo de los centros sigue siendo la misma que hace 12 meses: “Seguimos llamando a los contactos, diagnosticando, mandándoles una cuarentena de 10 días y haciendo un seguimiento más cercano si son positivos”, enumera Justicia.
“Pero también estamos doblemente cansados de la pandemia”, lamenta. Los sanitarios piden que, si la gente sale y se lo pasa bien, al menos sea consecuente y responsable si se contagia. “No van a poder acceder a los centros de salud a la carta, así que hay que evitar la transmisión del virus con las medidas básicas: mascarillas donde convenga y distancia de seguridad”. Y, por supuesto, confinamiento para contagiados y sus contactos estrechos. “Hay mucha fatiga pandémica y económicamente también se necesita movimiento, pero las autoridades deberían mantener cierta tensión hasta que el 70% de la población no esté vacunada”, concluye Tranche.
Una jueza de Palma ordenó este miércoles que 181 estudiantes confinados en un hotel de la ciudad abandonaran el edificio al no haber dado positivo en los test PCR o al no haberse sometido a los mismos y no presentar síntomas. En auto, el Juzgado Contencioso número 3 de Palma acordó únicamente mantener el confinamiento forzoso de los jóvenes que han dado positivo en COVID-19 y rechazó parte las medidas sanitarias adoptadas por el Govern de les Illes Balears, que solicitó el aislamiento tanto de los jóvenes infectados como de los considerados “contactos estrechos” por haber coincido en los mismos hoteles, barcos o aviones; así como en eventos y fiestas.
En la resolución, de 22 páginas, la jueza no considera proporcionada la medida con el argumento de que el Govern ha hecho una consideración “genérica” de contacto estrecho que “no puede fundamentar un confinamiento forzoso por potencial diagnóstico de infección, máxime cuando ni siquiera se ha establecido un criterio cierto acerca de la relación del positivo con el resto”. A su juicio, el confinamiento debe producirse únicamente con un “diagnóstico cierto”, con PCR positiva; o “muy probable”, de quien haya sido un contacto “directo, continuado, y sin las correspondientes protecciones” aunque haya dado negativo en una prueba.
La magistrada entiende que estas consideraciones son “avaladas” por los “actos” de la Administración, que no ha confinado a los trabajadores de los hoteles a pesar de que se hizo test a 175 de ellos y uno dio positivo. La decisión de la jueza cuenta con el aval de la Fiscalía, que cuestionó que el Govern considere sospechosos de contacto a los jóvenes “de forma general, presuntiva e indeterminada” con el único criterio de ser “estudiantes en viajes de estudios”. Y que también calificó de “extraño” que no se hayan considerado sospechosos o contactos a los trabajadores de los hoteles en los que se alojan los jóvenes, así como otros clientes de esos hoteles y a empleados de locales de ocio a los que han acudido.
Escribe Elena Herrera.