La violencia contra las mujeres y la violencia doméstica están presentes en toda la UE, y se calcula que afectan a una de cada tres mujeres europeas. Uno de cada dos ha sufrido acoso sexual. Una de cada 20 mujeres denuncia haber sido violada. La violencia online también va en aumento, señala la Comisión Europea, y se dirige en particular a las mujeres en la vida pública, como periodistas y políticas. Una de cada dos mujeres jóvenes experimentó ciberviolencia de género. Las mujeres también experimentan violencia en el trabajo: alrededor de un tercio de las mujeres en la UE que han sufrido acoso sexual lo experimentaron en el trabajo.
En este contexto, la Comisión Europea presenta este 8 de marzo una propuesta de directiva para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Una legislación que viene a cubrir el hecho de que no todos los Estados miembros han suscrito el Convenio de Estambul.
La norma propone penalizar la violación basada en la falta de consentimiento –sólo sí es sí–, la mutilación genital femenina y la ciberviolencia –compartir imágenes íntimas sin consentimiento; acoso cibernético; ciberincitación a la violencia o al odio–.
La Comisión Europea también alienta a los Estados a implementar un mecanismo de ventanilla única, para que todos los servicios de apoyo y protección a las mujeres estén ubicados en el mismo lugar y puedan reclamar una indemnización en el curso de un proceso penal.
La propuesta también pide protección y apoyo “adecuados y especializados, por ejemplo, a través de líneas telefónicas de ayuda gratuitas y centros de crisis por violación. También establece apoyo para grupos con necesidades específicas o en riesgo, incluidas las mujeres que huyen de conflictos armados”.
En el texto presentado, la Comisión Europea propone penalizar los siguientes delitos en toda la UE: violación basada en la falta de consentimiento; mutilación genital femenina; acoso cibernético; intercambio no consentido de imágenes íntimas; incitación digital al odio o a la violencia.
La propuesta presentada este martes complementa la Ley de Servicios Digitales (DSA) “al definir el contenido ilegal online relacionado con la violencia digital. También permitirá que los procedimientos judiciales rápidos eliminen rápidamente el contenido online”.
La propuesta también aborda la falta de datos sobre la violencia contra las mujeres, e introduce nuevas formas de denunciar actos de violencia de género “más seguras, más fáciles, más accesibles, incluso online, y adaptadas a los menores. Los profesionales, como los trabajadores de la salud o los psiquiatras, ya no se verían obstaculizados por los regímenes de confidencialidad para informar cualquier sospecha razonable de un riesgo inminente de daño físico grave. Las autoridades también estarían obligadas a realizar evaluaciones de riesgo individuales cuando la víctima contacta por primera vez, para evaluar el riesgo que representa el delincuente. A partir de aquí, las autoridades tendrían que proporcionar protección inmediata a través de órdenes de restricción de emergencia o de protección”.
La Comisión Europea, además, propone que “las pruebas o preguntas relacionadas con la vida privada de las víctimas, especialmente su historial sexual, sólo puedan ser utilizadas cuando sea estrictamente necesario. Las víctimas tendrían derecho a reclamar una compensación por los daños, incluidos los costes de la atención médica, los servicios de apoyo, la pérdida de ingresos y los daños físicos y psicológicos. También deberían poder obtener una indemnización en el curso de un proceso penal”.
Para abordar las necesidades de las víctimas de la violencia sexual, la Comisión Europea propone que los Estados miembros “proporcionen servicios específicos, incluidos centros de crisis por violación. Las víctimas con mayor riesgo de violencia, incluidas las mujeres que huyen de conflictos armados, deben recibir apoyo específico de los Estados miembros. El número de ayuda nacional para apoyar a las víctimas de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año, y ser gratuito. Cuando la víctima es un menor, las autoridades deben brindar apoyo adecuado a la edad en el interés superior del menor. Las víctimas de ciberviolencia también tendrán derecho a un apoyo adecuado, incluido asesoramiento sobre cómo buscar ayuda legal y cómo eliminar contenido online. En los casos de acoso sexual en el trabajo, se deben poner a disposición de las víctimas y los empleadores servicios de asesoramiento externo”.
Para seguir el progreso y controlar la situación en todos los Estados miembros, la Comisión también propone que los Estados miembros tengan la obligación de recopilar datos sobre la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica para publicar una encuesta en toda la UE cada cinco años.