El exdirector general de Hospitales de la Comunidad de Madrid Antonio Burgueño ha decidido renunciar a su cargo como asesor del consejero de Sanidad, Javier Rodríguez. Lo hace después de que trascendiera que había sido contratado por la Consejería días después de haber sido despedido, tras el fracaso de la privatización de seis hospitales.
Rodríguez ha lamentado “mucho” esta decisión, pues considera que la sanidad pública madrileña “ha perdido un buen asesor”. A preguntas de los periodistas sobre la decisión tomada por Burgueño, y que, según adelanta el diario El País, obedece a “motivos personales”, el consejero madrileño ha reconocido desconocer si al exdirector “le ha podido la presión”.
“Le oferté si quería quedarse de asesor mío, me dijo que sí y después me ha mandado una carta diciendo que no lo quiere ser, yo lo lamento mucho, y si es por la presión pues apúntense un cero (a los periodistas), porque hemos perdido un buen asesor”, ha dicho en referencia a su renuncia.
El consejero ha vuelto a insistir en que “una persona que se dedica a la Sanidad tiene que comer de la Sanidad”, y en este sentido ha mencionado que tenía varias opciones, “o ponerlo de gerente de un hospital” o “mandarlo a una consulta” o “ponerlo de asesor”, porque lo que “no se puede hacer”, ha dicho, “es condenarle por haber sido director general”, ha sentenciado.
Las declaraciones de Rodríguez han tenido lugar en el contexto de su visita al Aula de Habilidades Clínicas del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, donde el consejero ha podido comprobar en primera persona cómo los alumnos de Medicina de la Universidad Complutense se entrenan en la adquisición de habilidades diagnósticas y terapéuticas.
Prevaricación, malversación, falsedad documental...
El exdirector general de Hospitales trajo a la Comunidad de Madrid su visión de la colaboración “público-privada” en la asistencia médica. En 1999, cuando era director médico de la aseguradora Adeslas, Burgueño invitó al entonces ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, a unas jornadas en las que le escuchó decir: “El monopolio lleva a la ineficiencia, circunstancia que se puede corregir si introducimos la competencia entre los centros”.
En eso estaba metido Burgueño. Adeslas se encontraba en el desarrollo del llamado modelo Alzira que cede la gestión sanitaria de hospitales públicos a empresas privadas a cambio de un canon económico. Pecisamente la política que adoptó Esperanza Aguirre en su gestión sanitaria. Y la que ha acabado en los Tribunales con la paralización de la concesión a empresas privadas de seis hospitales.
La destitución de Burgueño se entendió como un mensaje de transparencia del nuevo responsable de la Sanidad en Madrid, ya que el exdirector está imputado junto a los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes por prevaricación, falsedad documental y malversación en una causa que juzga irregularidades en la primera fase de la provatización sanitaria en la región.
Según el auto, están imputados por ser los responsables políticos de las “adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco, incumpliendo alguno de los requisitos previstos por la ley como la no exigencia del canon de la que se han beneficiado dichos acuerdos”.
El 13 de febrero, un día antes de ser removido de su puesto junto a la ex viceconsejera Patricia Flores, la Audiencia Provincial había rechazado el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid Audiencia Provincial había rechazado el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid en defensa de ambos, con la que pretendía que ni siquiera se iniciara la investigación judicial ordenada por el juzgado de Instrucción Nº4.