El pasado mes de mayo varios ciudadanos europeos y de otros países del mundo iniciaban acciones legales contra las instituciones de la Unión Europea por no protegerles adecuadamente contra los efectos del cambio climático. Aunque es la primera denuncia contra la UE por no limitar lo suficiente las emisiones de gases de efecto invernadero, no ha sido, ni mucho menos, la única interpuesta contra un gobierno, institución o empresa a lo largo de este año. Las demandas de este tipo son cada vez más frecuentes y varios analistas consideran que, gracias a los nuevos avances científicos, algunas de ellas pueden incluso llegar a ganarse.
El Tribunal General de la Unión Europea aceptaba el pasado 24 de mayo una demanda contra el Parlamento y el Consejo Europeo presentada por un agricultor francés, junto a miembros de la comunidad indígena sami de Suecia y varias familias de Portugal, Alemania, Italia, Rumania, Kenia y Fiyi. Los demandantes aseguran que el objetivo actual de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 2030, en comparación con los niveles de 1990, es insuficiente para evitar “un cambio climático peligroso” y que amenaza los derechos fundamentales de los demandantes a la vida, la salud, el empleo y la propiedad.
Esta demanda es tan solo la última de una lista que se incrementa cada año, gracias a una comprensión cada vez mayor del cambio climático y de sus consecuencias. En lo que llevamos de año se han presentado más de un centenar de nuevas demandas judiciales relacionadas con el cambio climático en todo el mundo, lo que hace un total de cerca de 1.400 casos iniciados durante la última década, según datos del Centro Sabin de Derecho sobre Cambio Climático.
Además, estas denuncias seguirán creciendo, según ha explicado a eldiario.es el director de este centro, Michael Burger. “A medida que el campo continúa evolucionando y a medida que las agencias estatales promulguen nuevas medidas climáticas o no lo hagan, lo más probable es que continuemos viendo un mayor número de casos que antes”.
La gran mayoría de las demandas, el 80%, se han presentado en EEUU y tan solo ha habido 268 casos fuera del país americano. Contra las instituciones de la UE se han iniciado 41 casos por cuestiones relacionadas con el cambio climático, pero la mayoría de ellos han sido presentados por empresas que se oponían a las limitaciones que impone la legislación medioambiental comunitaria.
Sentencia histórica en Holanda
Entre las denuncias que se han dado en Europa, la más significativa es la que se inició en Holanda en 2015. La demanda fue impulsada por la Fundación Urgenda y se presentó en nombre de casi 900 ciudadanos holandeses que exigían, al igual que en la reciente denuncia contra la UE, unos limites de emisiones más estrictos, tal y como respaldan los estudios científicos.
Pocos meses después, este caso se convertiría en un hito en la historia del derecho sobre cambio climático a nivel mundial, ya que el tribunal dictaminó que el gobierno holandés estaba actuando ilegalmente al no reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 25% para finales de 2020.
El tribunal tuvo en cuenta la reclamación en virtud de varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos que protegen el derecho a la vida y determinó que el gobierno holandés tiene “la obligación de proteger estos derechos de la amenaza real del cambio climático”.
La sentencia, que fue ratificada el pasado 9 de octubre por el tribunal de apelación, se ha convertido en la primera a nivel mundial en ordenar a un estado que limite las emisiones de gases de efecto invernadero por razones distintas a las establecidas en su legislación.
Sin embargo, Burger señala que casos como este, en el que el tribunal ha ido más allá de la legislación nacional, representan “una pequeña fracción de los que aparecen en la base de datos”, ya que “la mayoría de los casos se presentan en virtud de las leyes ambientales ya existentes”.
Ninguna victoria contra empresas contaminantes
Esta victoria histórica de los activistas contra un gobierno contrasta con la situación de las denuncias contra compañías privadas, ya que, hasta ahora nadie ha demandado con éxito a una empresa por problemas relacionados con el cambio climático.
Entre las denuncias presentadas durante los últimos años contra empresas privadas resulta especialmente significativa la demanda del agricultor peruano Saúl Luciano Lliuya contra la compañía eléctrica alemana RWE, ya que pone de manifiesto el carácter global y la complejidad de este tipo de procedimientos.
En su demanda, respaldada por la ONG medioambiental Germanwatch y aceptada a trámite por un tribunal alemán, Lliuya alegó que la empresa ha contribuido de forma consciente al cambio climático y que era parcialmente responsable del derretimiento de los glaciares que amenazan con inundar su pueblo, situado en los Andes peruanos, a más de 10.000 kilómetros de la capital de Alemania.
Aunque el juicio aún está en trámite, las posibilidades de que Lliuya obtenga una sentencia favorable son pequeñas. Sin embargo, no son pocos los analistas legales creen que la situación puede cambiar gracias a los avances producidos en los últimos años en lo que se conoce como ciencia de atribución.
Una segunda ola de denuncias
Ya el pasado año, varios investigadores advertían en la revista Nature Geoscience de que “las mejoras en la ciencia de atribución” están empezando a permitir “la identificación de riesgos crecientes de impactos sobre la propiedad, los activos físicos y las personas”, unos resultados que podrían “impulsar un aumento de los litigios sobre cambio climático en el futuro”.
En un estudio más reciente, publicado el mes pasado en el Oxford Journal of Legal Studies, un equipo de investigadores de la London School of Economics and Political Science asegura que hay “una nueva ola de demandas que de ninguna manera está condenada al fracaso” y que aunque no se puede garantizar que vaya a tener éxito, “las probabilidades han mejorado definitivamente”, porque se basan en “la existencia de un consenso científico sólido sobre el cambio climático antropogénico”.
Hasta hace muy poco tiempo, el consenso general entre los investigadores era que, si bien el cambio climático puede aumentar la frecuencia y la probabilidad de eventos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones o huracanes, no había forma de determinar si un evento particular había sido provocado directamente por el calentamiento global.
Sin embargo, los avances en la potencia de procesamiento de los ordenadores y la mejora de los métodos para clasificar los numerosos factores que contribuyen a la meteorología permiten a los científicos no sólo determinar en qué medida el cambio climático ha contribuido a algunos fenómenos meteorológicos extremos, sino también afirmar con una alta probabilidad que algunos de esos fenómenos no se habrían producido producido de no ser por el cambio climático.
En este sentido, en un número especial de la revista de la Sociedad Meteorológica Americana, publicado el pasado mes de diciembre, varios estudios demostraban que “algunos eventos extremos no habrían sido posibles en un clima preindustrial”, o lo que es lo mismo, estos eventos no solo fueron influenciados por el cambio climático, sino que no podrían haber ocurrido sin él.
En cualquier caso, a pesar de estos avances los analistas de la London School of Economics consideran que “sigue siendo poco probable que todos los demandantes salgan victoriosos”, aunque concluyen que “es aún más improbable que esta nueva ola de casos no provoque cambios en la actual legislación” que sirvan para limitar aún más las emisiones de gases en todo el mundo.