La empresa pública que gestiona el agua en la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, estaba al tanto de las irregularidades en la facturación de su filial Hispanagua, no lo denunció e incluso lo permitió, según los autos y sentencias judiciales a los que ha tenido acceso eldiario.es. Unas irregularidades que supusieron un agujero de 700.000 euros y que se solventó con el despido de dos trabajadores a la postre declarados inocentes.
Varias fuentes dentro de la empresa subrayan que así se operó dentro del Canal, al menos en la época en la que se detectaron problemas en las facturas de la compañía con varias subcontratas: los años 2006 y 2007. Por aquel entonces el actual presidente del Ejecutivo madrileño, Ignacio González, presidía el Canal de Isabel II y todas sus filiales, entre ellas Hispanagua, cuyo gerente era Gerardo Díaz García. Díaz García ha sido recientemente detenido y puesto en libertad con cargos en la Operación Tosca que investiga amaños de contratos en la ciudad autónoma de Melilla.
Hispanagua está participada al 100% por Canal Gestión. Según la legislación de contratos del sector público en España, se trata de un medio propio de Canal Gestión, por lo que la práctica totalidad de su actividad empresarial la realiza para la empresa matriz. Se dedica a trabajos de obra relacionados con las infraestructuras de abastecimiento de agua ya sea con medios propios o mediante subcontratación de otras sociedades.
Canal de Isabel II cerró la batería de sobrecostes, importes ficticios y facturas duplicadas de su filial con el despido de dos empleados. El volumen ascendió a 700.000 euros y se hizo responsable a los expulsados. Varias acciones judiciales exculpan a éstos del agujero fiscal y demuestran que no se llevaron dinero. El auto 2381/08 del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, firmado por la magistrada-juez Mercedes Pérez Barrio, subraya que “o bien no existía el control adecuado o era una práctica que, por diversas razones, era conocida y aceptada”.
Dicha conclusión fue posteriormente ratificada tanto por el propio Juzgado como por la Audiencia Provincial de Madrid (12 de marzo de 2012). El auto fue muy claro con la supuesta vinculación de los diferentes cuadros directivos: “No se acierta a comprender cómo (…) dichas irregularidades pasasen en definitiva desapercibidas a la gerencia de Hispanagua y al Canal”.
El Tribunal de Cuentas, en su sentencia del 4 de diciembre de 2012, falló en este mismo sentido: “Ha quedado probado que en el proceso de gestión de pagos no intervenían exclusivamente los demandados [los trabajadores despedidos y las dos subcontratas], sino que por el contrario existían diversos departamentos de la sociedad con competencias específicas en la materia que tenían atribuidas funciones de control, verificación y autorización de pagos, así como la asistencia de un sistema informático para la gestión de los trabajos en encomendados y su facturación”.
Además del ahora imputado por la Operación Tosca, Gerardo Díaz, el cuadro de mando lo completaban entonces nombres como los de Gaspar Cienfuegos-Jovellanos, que era el director financiero del Canal y actual presidente y socio fundador de PW&P (Professional Water & Partners); Ildefonso de Miguel, en ese tiempo director gerente del Canal y fuera de la compañía desde 2009 –abandonó su cargo después de que se anulara una adjudicación de 26 millones de euros, una de las ofertas más caras, por el servicio de atención telefónica de la empresa pública–; Marisa Carrillo, entonces secretaria técnica del Canal, entidad en la que continúa actualmente; Adrián Martín, en aquella época director de Ingeniería y Nuevas Tecnologías del Canal y hoy gerente general del Canal; y María González Cano, otrora una de las jefas del área financiera de Hispanagua y que todavía sigue en cargos de responsabilidad del grupo.
Son por tanto varias las personas que continúan vinculadas al Canal. Sin ir más lejos, Gerardo Díaz lleva desde 2013 como director gerente de Canal Gestión Lanzarote, la filial del grupo Canal de Isabel II que gestiona el ciclo del agua en la isla; todo apunta a que su detención no está relacionada con la actividad realizada en su actual destino, sino por su gerencia en Hispanagua en Melilla. Aunque el círculo también parece cerrarse: la detención “es algo personal, que afecta a Canal de Isabel II y no a Canal Gestión Lanzarote”, afirmó un portavoz del Cabildo a La Voz de Lanzarote. El Canal no ha querido ofrecer su versión sobre los asuntos de Melilla.
“Una forma de operar”
Fuentes de la empresa cuentan a eldiario.es que existía una “forma de operar para que Hispanagua no diera pérdidas”. Insisten, además, en que era una práctica consentida por la dirección del Canal, parte de un modus operandi habitual que, según testificó un exempleado en uno de los juicios, tenía incluso sus propios programas informáticos “para incluir los incrementos de facturación al Canal”.
Es más, según otra persona, conocedora de las interioridades del grupo, varios asesores de la empresa habrían recomendado, “ante la gravedad y evidencia de los hechos, llevar el caso a la Fiscalía, sin que jamás se haya iniciado esta vía, optándose por ganar tiempo e iniciando la vía laboral que se sabía prescrita y por encargar nuevos estudios”.
En esta línea acerca de la manera de trabajar, una de las sentencias judiciales recoge cómo el coste de los “trabajos se incrementaba irregularmente en la facturación de las empresas Morer y Silvalex, contratistas de Hispanagua, que cobraban además un sobreprecio”. En uno de los autos, de 2008, la jueza apunta que “conocidos los hechos por quien tiene capacidad de sancionar no se toma ninguna medida”.
Una de las voces documentadas habla de una “irregular y opaca organización que, durante años, fue llevada a cabo por los gestores de turno”. Lo que sostiene este testigo, que prefiere mantener el anonimato, y corrobora la justicia, es que los problemas de facturación eran conocidos por los superiores, que no habrían puesto cartas en el asunto porque “¿cómo va a denunciar el Canal de Isabel II a Hispanagua? No es posible que se den latigazos ellos mismos. Hispanagua ha sido siempre la herramienta para que el Canal hiciera lo que no podía hacer sin llamar mucho la atención y sin someterse a sindicatos y controles”, puntualiza esta persona.
Hispanagua está participada al 100% por Canal Gestión. Según la legislación de contratos del sector público en España, se trata de un medio propio de Canal Gestión, por lo que la práctica totalidad de su actividad empresarial la realiza para la empresa matriz. Su polémica facturación quedó envuelta entre el humo del incendio que el 1 de abril de 2008 arrasó con los almacenes de Colmenar Viejo, donde se guardaba la documentación que la empresa pública necesitaba para evaluar el alcance real del fraude. Según el atestado de la Guardia Civil al que en su día tuvo acceso la Cadena SER, el incidente fue provocado.
La Plataforma en contra de la privatización del Canal de Isabel II recuerda que Díaz no es el único alto directivo del grupo de empresas de Canal Gestión que está siendo investigado. Ponen sobre la mesa el nombre de José Manuel Serra Peris, imputado en el caso Bankia y desde diciembre presidente del Comité de Auditoría, encargándose de velar por la información financiera del Canal de Isabel II Gestión. El colectivo denuncia “la opacidad y clientelismo con que se designa a los cargos directivos”, exigiendo “un cambio radical en la gestión de la empresa en el que queden garantizadas la participación, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas”.
Ignacio González: primer presidente que se aleja de Hispanagua
Justo en la época en la que los agujeros contables de Hispanagua saltaron a la luz pública, quien sí dio un paso atrás fue Ignacio González. El 22 de febrero de 2008, coincidiendo con el escándalo de las facturas, el ahora presidente madrileño se convirtió en el primer presidente del Canal de Isabel II que renunciaba a una de sus filiales. Dejó su cargo en Hispanagua, asegurando sin embargo que su cese no tenía relación alguna con el asunto.
¿Quién o quiénes estaban al tanto de lo sucedido? El juzgado de instrucción admite que “no se acierta a comprender cómo, existiendo un sistema informático en el que se registraban las peticiones (...) pudieron pasar desapercibidas para los administrativos y en definitiva (…) desapercibidas para la gerencia de Hispanagua y del Canal”. Un dictamen que extiende a “la doble o triple facturación”. Según añade el auto judicial, “la única explicación para que una alteración en los conceptos de la facturación tan evidente pasase desapercibida es que o bien no existía el control adecuado o era una práctica que, por diversas razones, era conocida y aceptada”.
Sospechas del Canal
Que la facturación falsa de Hispanagua no fue una bomba sorpresa en el Canal lo demuestra el hecho de que la empresa recurriera a la asesoría KPMG para realizar informes “sobre presuntas irregularidades cometidas en Hispanagua”, según un análisis de la consultora que ha podido ver este medio. Estos informes llegaron después de que ya hubieran sido detectadas anomalías en un primer trabajo de revisión de KPMG.
También la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid fiscalizó las cuentas de Hispanagua de los años 2005, 2006 y 2007. En el informe, de más de 150 páginas, se recoge cómo “de determinadas facturas no se ha podido verificar la razonabilidad de los precios de los conceptos facturados, por no haberse facilitado contrato, presupuesto o detalle de precios convenidos a priori”. Y que “en algunos gastos por trabajos subcontratados no se ha facilitado documentación soporte o ésta ha resultado insuficiente para verificar los trabajos efectivamente realizados en que se ha basado la facturación”.
El estudio de la Cámara de Cuentas asegura asimismo que “se han detectado sobrevaloraciones en la facturación de varios subcontratistas, principalmente debidas a que parte de los trabajos facturados han sido realizados por personal de Hispanagua, se han facturado servicios a precios superiores a los recogidos en contrato o se han facturado servicios de precio superior a los efectivamente realizados”.
Como muestra de la transparencia que rodea todo el asunto, el informe señala que “no consta” que la empresa pública de la Comunidad de Madrid haya publicado ningún anuncio de licitación en diarios oficiales o en periódicos ni tampoco en su página web, que no estaba operativa en la fecha de la fiscalización y que hoy sigue siendo apenas una fotografía fija sin información.
A pesar de las críticas recogidas en el amplio informe, la defensa de uno de los despedidos sostuvo en el proceso judicial que la “fiscalización de la Cámara de Cuentas se basa en el informe de KPMG y en la información que le ha suministrado la propia empresa fiscalizada” resultando, por lo tanto, “parcial e incompleta”.
Sólo un dato más que muestra lo complejo del entramado: la esposa de Ildefonso de Miguel, Concepción Ruano, era en aquel tiempo consejera de la Cámara de Cuentas, cargo que mantiene en la actualidad. De hecho, recientemente el Partido Socialista de Madrid ha criticado la “parcialidad” de Ruano. La hasta hace unos días diputada regional socialista Maru Menéndez ha afirmado que Ruano tiene, “por su entorno familiar, una vinculación directísima con el presidente regional Ignacio González, con los negocios del Canal de Isabel II, las concesiones de TDT e incluso con la empresa de informática y comunicaciones de la Comunidad de Madrid”.