Postrado en una silla de ruedas, con el lado izquierdo de su cuerpo inmovilizado a causa de un ictus. Uno de sus compañeros de la Coordinadora 25-S le empuja por la rampa de los juzgados de Plaza de Castilla. Alberto Torre, de 57 años, entra en la sede judicial para conocer la fecha de su entrada en prisión, tras haber sido condenado a un año de cárcel por el destrozo de parquímetros en 2006, durante las protestas vecinales en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo.
Su caso se ha ido dilatando desde 2006 hasta alcanzar un ritmo vertiginoso en los últimos meses. Para este “peligroso criminal”, como ha sido definido en el auto de la Audiencia Provincial, existe, sin embargo, otra causa paralela no escrita y que condena su activismo social. El 29 de septiembre Torre insistió en participar en la marcha contra la monarquía, incluso con las secuelas provocadas por el ictus. Iba encabezando la manifestación tras una pancarta que rezaba “Jaque al Rey”. Un día después, la sección segunda de la Audiencia desestimaba la petición de suspensión de pena de Alberto.
“Lo que se desprende de la causa es la peligrosidad criminal del penado, entendida ésta como posibilidad de volver a delinquir, ya que el penado ha sido condenado en cuatro ocasiones por delitos de daños”, reza la resolución, a la que ha tenido acceso eldiario.es. Esas cuatro condenas previas se enmarcan, según su abogado, Erlantz Ibarrondo, en el mismo periodo de lucha vecinal contra los parquímetros. “Desde 2006 no tiene una sola denuncia. El argumento del juez es, no obstante, que se intuye que puede tener un comportamiento delictivo de aquí al futuro”, explica Ibarrondo. Alberto es, para la Justicia, un presunto futuro culpable.
El Juzgado de lo Penal Nº 12 le había citado hoy para notificarle la fecha de su entrada en prisión. Sin embargo, la defensa del activista ha tratado de agotar su último cartucho legal: acogerse al artículo 80.4 del Código Penal por sus circunstancias de enfermedad permanente e incurable, ha explicado su letrado. Torre está medicado para paliar una embolia pulmonar sufrida la semana pasada. Tras la vista, el juez estudiará las alegaciones y resolverá si ingresa o no en presidio en un plazo que no ha sido definido.
Mientras, se encuentra a la espera de que se resuelva el indulto que ha solicitado. “Estoy preocupado por mi estado médico, entrar así en prisión sería complejo”, explica, con su mano izquierda atrapada en una rigidez equiparable a la de su situación procesal. “Nos hemos ofrecido a hacer un trabajo social, pero dicen que soy un tipo peligroso. Hay una lista de un millón de personas que debían ir a la cárcel antes que yo; por ejemplo, el señor Blesa y compañía. Si yo pago un año por una tontería, el resto debería pagar miles”.
En la antesala de la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, entendida por los movimientos sociales como una 'ley mordaza', el caso de Alberto Torre se ha tomado como una agresión directa a la participación activa en la protesta social. “Con este caso están intentando reprimir y asustar a la gente que sale a la calle, a los que no somos de esa mayoría silenciosa, ellos nos quieren tapar la boca”, ha señalado antes de abandonar la sede del juzgado en un mensaje que los concentrados han respaldado con aplausos y gritos de ánimo.
“Justifican la condena con la lucha vecinal de 2006, pero es una sentencia política por mi participación en movimientos sociales, acelerada por mi trabajo y por encabezar manifestaciones”, sostiene Torre. Entre sus compañeros, se discute la ironía de su lucha, iniciada en 2006 contra las medidas para regular el estacionamiento del entonces alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, y hoy ministro de Justicia en cuyo gobierno queda el indulto.
Una pelea que perdieron los vecinos
Han transcurrido siete años desde la instauración del estacionamiento regulado en 21 barrios fuera de la almendra central de Madrid, delimitada por la M-30. La ampliación fue respondida por una intensa y dilatada lucha vecinal que acumuló manifestaciones, cartas a políticos, sabotajes o destrozos en cientos de parquímetros, borrado de las líneas que delimitaban las plazas de aparcamiento... A su vez, la ampliación fue recurrida ante los tribunales, que dieron la razón a los vecinos tras dos años de protestas. El Ayuntamiento de Madrid consiguió, sin embargo, mantener los parquímetros tras interponer recurso y hoy continúan siendo una realidad en la periferia.
La condena de Torre se enmarca en esos primeros meses de protesta, cuando acumuló cuatro denuncias. No fue hasta enero de 2011 cuando el juzgado Nº 18 de Madrid sentenció a Torre a un año de cárcel por un delito de daños intencionales sobre un parquímetro valorados en 4.000 euros. Era su quinta condena, ante la que no prosperaron ninguno de los recursos presentados. El Ministerio Fiscal desaconsejó el pasado junio el indulto que había solicitado. Es entonces cuando Alberto plantea la suspensión de la condena. El día después de ser una de las caras visibles de la Coordinadora 25-S en la manifestación contra la monarquía, la Audiencia Provincial desestima su petición.
Otro de los líderes de aquel movimiento vecinal es Jesús Otero, un jubilado vecino de Alberto que también participó activamente contra la ampliación del estacionamiento regulado a los barrios de la periferia. “Me condenaron a pagar 10.000 euros por la rotura de un parquímetro. La lucha fue larga, salíamos en manifestaciones, cortábamos calles...”. Otero tiene embargado un 33% de su pensión, unos 200 euros, hasta que termine de pagar la multa. Para él la lucha contra los parquímetros sigue, mes a mes, en su cartilla del banco.
Patricia aguarda desde 2011 una cita en los Juzgados de lo Penal. El 19 de noviembre participaba junto a otros compañeros en una acción en el barrio de Manoteras para intentar parar el desahucio de una familia por parte de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Los vecinos se limitaron a mostrar resistencia pasiva, sentados en el interior del portal. Tras un primer aviso, fueron arrastrados por los policías a la fuerza y la familia se quedó en la calle.
Frustrada por no haber podido frenar el desalojo, Patricia se marchó a su casa, donde unas horas más tarde fue detenida y acusada de atentado a la autoridad. También de haber roto un codo a un agente al propinarle una patada y tirarle al suelo. Pasó la noche incomunicada en comisaría. Como es diabética, pudo suministrarse una dosis de insulina que su hermano facilitó a los policías, pero no fue suficiente. Sufrió una subida de azúcar y precisó la asistencia del SAMUR. Nadie le proporcionó la insulina que le faltaba.
A las dos de la tarde del día siguiente fue puesta en libertad, previa firma de una ficha de antecedentes. A partir de ese momento, comenzó un proceso largo y complicado, todavía en fase de instrucción. La fiscalía pide para ella tres años de cárcel aduciendo a las secuelas de la fractura del policía, que estuvo 73 días de baja. Curiosamente, la acusación particular reclama una condena más baja (1 año y 4 meses), además de 7.200 euros de indemnización por responsabilidad civil.