El Govern ha tomado este miércoles la decisión de cerrar bares y restaurantes en toda Catalunya durante al menos dos semanas para frenar la expansión del coronavirus. Lo hace porque su incidencia acumulada es de 263 casos por 100.000 habitantes, unos datos que la Comunidad de Madrid alcanzó el pasado 19 de agosto.
Este indicador se ha trasladado al corazón de la trifulca política desde que Sanidad decretó un estado de alarma en la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso por superar los 500 casos, una cifra que duplica los 250 que ya suponen, según el BOE, una transmisión descontrolada. “El objetivo no es bajar de la incidencia de 500, es llegar a 50”, dijo a principios de octubre Fernando Simón, días antes de que el Gobierno amagase con intervenir Madrid.
La presidenta y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, insisten en que, si se baja de los 500 casos, el Ejecutivo debería levantar la que para ellos es “una sucesión de ataques contra los derechos y libertades individuales”. La hostelería en Madrid se ha mantenido abierta con un aforo del 50% en los espacios interiores y un 60% en las terrazas hasta las 23:00. El alcalde, de hecho, ha pedido al Gobierno que retrase esa hora de cierre hasta la medianoche.
Es más, el Gobierno de Ayuso ha indicado que esta semana se aprobará la norma por la cual las discotecas se podrán reconvertir en restaurantes. La medida que se dictó para apoyar al sector de la noche en la capital choca frontalmente con el paso hacia adelante en las restricciones que están dando otras comunidades con una incidencia menor que la de Madrid.
El 18 de septiembre la presidenta madrileña anunció que confinaba 37 áreas sanitarias con más de 1.000 casos por 100.000 habitantes y limitaba en toda la región las reuniones a seis personas. La incidencia total de la región en ese momento rozaba los 700, la más alta de España.
Solo un mes antes, cuando la incidencia sobrepasaba la que ha llevado este miércoles a Catalunya a tomar medidas drásticas para frenar su curva, en Madrid apenas se hablaba de restricciones. A mediados de agosto, la región había pasado de 338 casos semanales a 6.481 en tan solo un mes. Había 49 focos de contagio detectados y los expertos alertaban de que se estaba produciendo transmisión comunitaria. Para el 21 de agosto, ya concentraba un tercio de los nuevos positivos que se detectaban en todo el país y sus datos de ingresos hospitalarios estaban muy por encima de los que presentaban el resto de comunidades autónomas. Por aquel entonces, los dirigentes madrileños señalaban únicamente a Barajas como su “coladero” de contagios, en contra de las evidencias epidemiológicas y numéricas: no suponían ni el 0,28% del total.
Madrid ha sido desde finales de verano el epicentro de la pandemia y la región que más se ha resistido a poner medios para atajarla. Comenzó con la escasez de rastreadores y la saturación de Atención Primaria, pero ha culminado con una afrenta hacia el Gobierno central hasta el punto de falsear el número de contagios para mantener su pulso político.