Los cazadores, empeñados en matar tórtolas: amenazan con los tribunales si se prohíbe abatirlas para protegerlas

Los cazadores se revuelven ante la posibilidad, cada vez más próxima, de no poder disparar a las tórtolas europeas debido a la protección de esta especie que exige la Unión Europea. Se preparan para denunciar al Ministerio de Transición Ecológica en su plan para seguir con la caza cada año de cientos de miles de Streptopelia turtur.

La Real Federación Española de Caza afirma que declarar la especie como vulnerable “ignora la evidencia científica que avala la caza sostenible” y avanzan que “se verán en los tribunales”. De hecho, afirman que esta especie ya está en recuperación.

La federación esgrime para sostener su postura un informe del lobby cinegético Fundación Artemisán, que afirma que “se han reducido las capturas un 47% desde 2015, no superándose los 500.000 ejemplares” para ilustrar el esfuerzo de sus miembros por contener el declive de las poblaciones de esta especie debido a las escopetas. Hasta un 40% de caída en España entre 1996 y 2016, según la Comisión Europea.

Lo cierto es que las cifras oficiales sobre la caza de la tórtola común los facilita el Ministerio de Agricultura. En 2015 fueron 795.000, en 2016 se llegó a 890.000, en 2017 fueron 797.000 y en 2018 otras 749.000. A partir de ese año, la Comisión Europea estableció una estrategia que pedía una moratoria para salvar la especie.

Un año después, la Comisión Europea abrió un expediente sancionador contra España por no hacer lo suficiente para proteger estas tórtolas. Con todo, esa temporada, hasta 13 comunidades autónomas (que tienen las competencias cinegéticas) todavía firmaron autorizaciones para abatir cientos de miles de ejemplares. La Fiscalía de Medio Ambiente remitió incluso un oficio a los ejecutivos autonómicos en el que les conminaba a detener las autorizaciones de caza.  

Tras aquel tirón de orejas y con la sanción europea pendiendo encima, en 2020 Asturias, Canarias, Cantabria, La Rioja, la Comunidad Valenciana, la isla de Menorca y la provincia de Álava no han autorizado la temporada de tórtolas, según el recuento de órdenes de veda de SEO-Birdlife. En Aragón, Cataluña, Murcia y la isla de Ibiza los cupos y días se han reducido mucho.

La RFEC repite que poder cazar tórtolas es positivo para su conservación ya que eso deriva en programas para mantener la especie (y así continuar con sus cacerías). En la defensa de mantener estas aves como trofeo cinegético, insisten en que la moratoria supondría “un peligro ignorando las evidencias científicas, que apuntan precisamente todo lo contrario: que sería el golpe definitivo a esta especie a la que supuestamente pretenden proteger”.

El miedo de los cazadores es que el Gobierno declare ahora a la tórtola como especie vulnerable lo que impediría lo que se denomina “aprovechamiento cinegético”. Es decir, cazarla. Lo que ocurre es que, antes de que llegaran los avisos de Bruselas y el posterior expediente, el Gobierno ya tenía en su mano un dictamen científico que pedía esa medida.

Ese informe es de octubre de 2016, pero el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que dirigía Isabel García Tejerina (PP) no tomó la decisión. Ese año se alcanzó el pico histórico de tórtolas abatidas del registro. En las dos temporadas siguientes se mataron más de 1,5 millones más, según los últimos datos oficiales.

La SEO explica que la conservación de las tórtolas europeas también pasa por “mejorar los ecosistemas agrarios” mediante el mantenimiento de linderos, y setos y “limitar el uso de herbicidas e insecticidas” que terminan en los buches de estas aves. Pero, al mismo tiempo, añaden que debe declararse una “moratoria temporal” de su caza. Este análisis coincide con el que figura en el dictamen científico de Medio Ambiente que señala la “intensfiicación agrícola” y la “degradación” de hábitats entre las causas de la crisis e la especie. Y tambien añadía que su “delicada situación se ve empeorada por el hecho de ser una especie cinegética”.

En el otro lado, la RFEC espera que el Gobierno remita a Bruselas la batería de medidas que, aseguran, los cazadores han ido tomando “y los resultados positivos de la especie” para que se detenga la sanción y puedan continuar cobrando tórtolas.