Educación mantendrá las aulas abiertas durante la tercera ola y asegura que solo un 1,37% están en cuarentena por la COVID-19

Ni el Gobierno ni las comunidades autónomas autorizarán el cierre total o temporal de los colegios debido a la pandemia. Así lo ha repetido la ministra Isabel Celaá tras la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este miércoles junto a los consejeros autonómicos. Aunque el pasado viernes Sanidad reportó 400 brotes en centros educativos, Celaá ha asegurado que esto ha repercutido únicamente en el cierre de 32 colegios en toda España, el 0,11% del total. Respecto a las aulas, actualmente son 5.827 las que se mantienen en cuarentena, un 1,37% frente al “98,63% que están funcionando con normalidad”, ha insistido la titular.

La presión para que el Gobierno cerrase los colegios, como hicieron Portugal y Reino Unido, ha ido in crescendo en las últimas semanas. La alta incidencia acumulada y la cantidad de casos reportados a finales de enero llevaron a sindicatos de profesores como CCOO, UGT y CSIF a solicitar la clausura temporal de colegios e institutos en algunas comunidades autónomas o en ciertas zonas con una incidencia disparada. Pero el Gobierno y los responsables sanitarios y educativos se mantienen firmes.

“Todos los consejeros han coincidido en la importancia de mantener la presencialidad, pues el centro educativo es el espacio más seguro en el que pueden estar los estudiantes”, ha repetido Celaá tras la rueda de prensa. “Los beneficios de la educación presencial son muy superiores a los eventuales riesgos”. En este sentido, Educación apuesta por “no bajar la guardia”, mantener una ventilación natural de las aulas y solo en casos muy concretos optar por filtros HEPA u otros purificadores de aire.

Además, la encargada de Educación ha sostenido que “en esta tercera ola siempre hemos estado por debajo de las cifras de la segunda ola y actualmente observamos una tendencia a la baja”. Es decir, mientras las aulas cerradas ahora suponen un 1,37% de las totales, a finales de octubre y principios de noviembre ese porcentaje ascendió hasta un 1,5 y un 1,6%.

La ministra ha aplaudido el esfuerzo de los docentes y de las comunidades por “seguir manteniendo los centros educativos abiertos”, lo que asegura que ha mejorado “el afecto social hacia el profesorado que está haciendo esta encomiable labor”. Respecto a ellos, Sanidad anunció ayer que vacunará con la remesa de AstraZeneca a los profesores menores de 55 años que no hayan pasado la enfermedad, entre otros trabajadores esenciales. Primero, al personal que atiende en educación infantil y necesidades educativas especiales, y después a los de educación primaria y secundaria.

Sobre qué pasará con los profesores mayores de 55, Celaá ha remitido al Ministerio de Carolina Darias. Lo único que ha asegurado es su insistencia desde el primer momento en que el personal docente estuviese en los primeros puestos del plan de vacunación. “El cuándo, cómo y dónde es algo que compete únicamente a Sanidad”, ha afirmado.

La Lomloe, en marcha para 2022-2023

El Ministerio de Educación ha explicado cómo repartirán los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, coordinado con la Comisión Europea. Así, prevén destinar 1.900 millones a la modernización de la Formación Profesional y 1.496 millones a la digitalización.

Por último, la ministra ha anunciado una tercera partida de 1.118 millones de euros para modernizar el sistema educativo con equidad. De ellos, 671 millones se destinarán a la creación de 65.000 plazas del primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública; 320 millones para la implantación del programa PROA+ en más de 3.000 centros de especial complejidad educativa -una ayuda a la que la Comunidad de Madrid renunció voluntariamente-; y 124 millones para la creación de un millar y medio de unidades de acompañamiento y orientación del alumnado vulnerable.

Para ello, Celaá ha recordado que es imprescindible el despliegue de la Lomloe como su verdadera “piedra angular”. El Ministerio y las comunidades autónomas ya han iniciado grupos de trabajo para desarrollar un currículo “menos enciclopédico y más competencial”. Esta nueva ordenación debería empezar a aplicarse en el curso 2022-2023, después de que el PP amenazase con boicotear la aplicación de la nueva ley para el periodo 2021-2022. El secretario de Estado ha confirmado en la rueda de prensa que espera poder informar de los primeros avances de cara al verano.

El del currículo es un “melón” complicado de abrir y que despierta numerosas dudas sobre si se repartirá por asignaturas o ámbitos de conocimiento, por cómo se evaluará o si debe primar las competencias frente a los contenidos. Todo ello garantizando la autonomía de los centros, algo que piden los docentes y que no acaba de ser una realidad.

“El currículo actual es un disparate: en eso el acuerdo es absoluto. Un sinfín de asignaturas por curso y un listado interminable de contenidos en cada una de ellas, que las más de las veces se presentan de manera fragmentada, descontextualizada y vertiginosa. Así no hay aprendizaje posible que merezca la pena”, decía a este diario Guadalupe Jover, profesora de Secundaria en Madrid. Los peores resultados de España en la prueba internacional de TIMMS también apuntaban en esta dirección: un currículo inapropiado que no despierta el interés del alumnado en las ciencias.