El motor económico, la lluvia de empleo y prosperidad que prometido para ubicar el Almacén Temporal de Residuos Nucleares (ATC) están congelados. Ante los parones técnicos, la empresa encargada, la pública Enresa y la Junta de Castilla-La Mancha han diseminado una serie de obras por el municipio de Villar de Cañas para “dar la sensación de que se está avanzando”, cuenta María Andrés, ganadera del pueblo limítrofe Villares del Saz que describe: “Aquí vivimos igual”. Porque el apoyo popular depende de que se mantenga la idea de que el almacén de 7.000 toneladas de residuos radioactivos es prosperidad.
Así que, el pasado 8 de julio, la presidenta de la región, María Dolores de Cospedal (PP) acudió a la futura sede del almacén para ver los trabajos “en avanzadísimo estado”, de un parque empresarial y un laboratorio nacidos al calor del ATC, pero sin un ATC en el horizonte. Olga Bravo, vecina de Villar de Cañas –y concejal socialista– cuenta a eldiario.es que, a 21 de agosto, “eso está en yesos todavía. Todo es una afán de decir que se va a empezar antes de las elecciones”. Pero “¿qué empresas van a venir aquí si no hay ATC?”, se pregunta Andrés. Cospedal también aseguró que se están acondicionando las comunicaciones. “Un camino municipal”, puntualiza Bravo.
Ese mismo día de julio, el presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, aseveraba: “Hasta el día de hoy no se detecta ningún retraso en las fechas previstas”. Sin embargo, el ATC no tiene ninguno de los permisos que precisa y los vecinos empiezan a calibrar que el maná prometido con el cementerio nuclear no era tal cosa. “Todo los currículos, las promesas son una filfa porque en estos tres años, de trabajo en el pueblo, muy poco”, asegura Olga Bravo.
De hecho, “del ATC no se ha movido una sola piedra”, cuenta a eldiario.es Carlos Villeta, de Ecologistas en Acción en Cuenca. El almacén necesita tres permisos del Ministerio de Industria: el previo de ubicación, el de construcción y el de funcionamiento. De Medio Ambiente se requiere una Declaración de Impacto Ambiental. A esos hay que añadirles los autonómicos y municiaples que se dan por decontados. Y antes de que Industria vise los proyectos, tienen que pasar por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Mucho camino.
El CSN ha tenido que reforzarse y contratar a una empresa externa para ampliar los estudios del suelo donde el Gobierno de Mariano Rajoy decidió enviar los desechos radioactivos de las centrales nucleares españolas. Fuentes del consejo han contado a eldiario.es que “se ha encarecido todo lo que tiene que ver con las instalaciones del ciclo nuclear desde el accidente de Fukushima [11 de marzo de 2011], sobre todo por asuntos de seguridad”.
Por más que se empeñe el presidente de Enresa, los suelos de Villar de Cañas se han mostrado “los peores para ubicar un almacén así”, analiza el físico nuclear Francisco Castejón. No es sólo que el área esté en la cabecera de la cuenca del río Guadiana, sino que los sondeos geológicos han demostrado la permeabilidad del terreno. “Este invierno, con las lluvias, el agua ha aflorado justo donde es supone que tiene que construirse el ATC”, reitera Castejón. “Con dinero lo solventarán, claro”, añade.
Este físico, que también colabora con Ecologistas en Acción, explica que para completar la situación, el retraso del ATC ha hecho que “todas las centrales españolas excepto Cofrentes o han construido, o están construyendo o planifican” una almacén temporal para su combustible gastado. Sus piscinas, donde enfríar y contener el material radioactivo, se han colmado y necesitan vaciarlas para seguir funcionando ya que la ley les obliga a tener capacidad para trasladar a esas balsas todo su combustible en caso de emergencia. Así que “Enresa tiene que pagar esos almacenajes temporales”. Al CSN ha llegado un estudio de emplazamiento mientras en el pueblo siguen los sondeos.
Cospedal, en su paseo por Villar de Cañas, relató que el proyecto es el el referente de riqueza “que queremos para la economía de Cuenca y Castilla-La Mancha”. “Pero los que han querido informarse, al final se han informado de lo que supone”, repite la concejal Bravo. En ese sentido, María Andrés apunta que “sólo en los cuatro pueblitos alrededor del ATC se han presentado más de mil alegaciones para la Declaración de Impacto Ambiental”. Las casas que, al designarse Villar de Cañas “se pusieron a la venta a precios altos siguen vacías”, describe.
El control de María Dolores de Cospedal
Muchas de la quejas de la plataforma que se opone al ATC giran alrededor de la esfera política del proyecto. Si el antiguo presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda se negó al ATC, con la llegada de Cospedal, la oposición se esfumó. Nada más llegar el PP al Gobierno central, se eligió el pueblo conquense. A la cabeza de la empresa pública encargada se colocó al ex alcalde de Ciudad Real –muy cercano a Cospedal–, Francisco Gil Ortega, “no sin protestas en el seno de Enresa porque no tiene ningún perfil técnico en la materia”, según Francisco Castejón. Al timón de la política de comunicación de Enresa está el periodista Carlos Dávila.
Como ejemplo del control que, de momento, ejerce la secretaria general del PP y presidenta autonómica, los únicos proyectos que han avanzado algo –el mencionado vivero de empresas y un laboratorio asociado– son licitaciones llevadas a cabo por la empresa pública castallanomanchega Gicaman que decidió adjudicarlo a OHL. Pero, como entona Andés: “Es que sin lo nuclear no hay nada”. Enresa habla ya de 2018, los técnicos consultados: “2021”.