Más de 40 asociaciones de científicos han arrancado a los principales partidos políticos el compromiso de alcanzar un pacto por la Ciencia que duplique la inversión en investigación hasta alcanzar la media europea del 3% del PIB, que en el caso de España son casi 40.000 millones de euros. El acuerdo también implica la aprobación de un Estatuto del Personal de Investigación, una reducción de la burocracia y el impulso de una ciencia transparente y con protocolos claros para evitar abusos de poder.
La ciencia y su investigación “son los pilares principales sobre los que construir nuevas políticas que puedan afrontar los retos actuales, desoyendo las ideas teorías negacionistas que rodean la disciplina en el entorno político”, según defiende la Marea Roja, la coordinadora de la investigación de España.
El debate sobre la relevancia de la investigación en ciencia ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia española, pero “la realidad es que las decisiones legales que se han implantado casi siempre tras las modificaciones de nuestro sistema productivo y no al contrario, han generado desajustes que nos siguen condicionando como sociedad”, reflexionan desde la organización. Para que esto sea posible, sostienen que “es fundamental garantizar los derechos de quienes investigan” y es por ello que, mediante un manifiesto lanzado este jueves y respaldado por diferentes grupos políticos, tratan de impulsar un nuevo Pacto por la Ciencia que se desarrolle en la próxima legislatura.
En el escrito se sitúan los derechos y las condiciones de la investigación y las personas que la producen como eje vertebrador de las políticas científicas. “Las futuras actuaciones deben cambiar radicalmente el enfoque tradicional con el que pensamos que la ciencia viene de arriba, de unas mentes privilegiadas. Tenemos que darle la vuelta para trazar un camino hacia un modelo que entienda que la ciencia emana de la realidad social que la rodea, del trabajo en equipo de muchas personas”, ha señalado Emilio Criado, investigador del CSIC y vocal del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Madrid, en el acto de firma del pacto.
Las organizaciones convocantes reconocen los avances han tenido lugar a lo largo de la legislatura de Pedro Sánchez –como ciertos progresos en derechos del personal de investigación o la reforma de la Ley de la Ciencia–, pero consideran que “son insuficientes si no van acompañados de transformaciones sistémicas y estructurales alejadas de estrategias cortoplacistas”. “Pese a las declaraciones formales de los distintos partidos a apoyar y ejecutar nuestras reivindicaciones durante estos años, la realidad es que sigue sin manifestarse un acuerdo estratégico entre los diferentes partidos que permita pasar de la palabra a la obra”, sostiene Criado. “Seguimos lejos de la financiación media de la OCDE, siguen sin implantarse medidas de rejuvenecimiento y estabilidad de los trabajadores de la investigación, no se han resuelto los problemas de coordinación entre las distintas administraciones”, ha señalado el investigador entre otros problemas que detectan en el entorno.
En este problema sistemático basan sus reivindicaciones del nuevo Pacto por la Ciencia, que, reflexionan, “debe estar basado en cuatro pilares fundamentales para el buen desarrollo del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación”: la creación de un Estatuto del Personal de Investigación, una simplificación y eficiencia burocrática, el compromiso con una ciencia responsable que incluya los valores de transparencia, integridad, diversidad y coimplicación y el alcance del 3% de inversión del PIB en I+D+i.
Construir un sistema capaz de dignificar el trabajo de los investigadores
Desde las decenas de organizaciones de representación de la investigación que han redactado este nuevo Pacto por la Ciencia –entre ellas la la Federación de Jóvenes Investigadoras Precarias, FPU Investiga, la Red de Doctorandos del CSIC o la Asociación para el Futuro de la Ciencia en España “Ciencia Con Futuro”, Rebelión Científica y varios sindicatos– consideran que es necesario “un modelo de ciencia que comience en la protección de su base humana como el mejor cohesionado, más eficiente y más innovador”, por lo que piden que el inicio de la transformación social de la ciencia comience por “mejorar las condiciones laborales y los derechos como las retribuciones, la progresión y la estabilización de toda su plantilla” mediante la creación de un Estatuto del Personal de Investigación (EPI) que incluya al personal investigador, técnico y gestión.
Como segunda propuesta sitúan la apuesta por el desarrollo y la ejecución de políticas concretas de simplificación burocrática, como de desaceleración del uso de rankings y métricas de evaluación como pieza clave: “Es imperativo elaborar políticas activas de descongestión, como, por otra parte, de simplificación y desaceleración de trámites administrativos y satisfacción de rankings y métricas de productividad”, recoge el escrito. Entre las propuestas para llevar a cabo esa aceleración burocrática destacan la elaboración de un registro único para convocatorias de plazas de personal docente e investigador en Universidades Públicas y Organismos Públicos de Investigación o el uso generalizado de un formato único de CV en las distintas convocatorias de contratos y proyectos. “El exceso de burocracia innecesaria y mal planificada no solo va en detrimento de la productividad del personal de investigación, sino que es una de las tareas que más afectan a la desmotivación y a la salud mental y un mal uso de los recursos públicos, ya que consume tiempo de trabajo de unos y otros profesionales en una tarea que se puede simplificar sin mayor coste económico”, reflexionan desde Marea Roja.
Solamente desde un modelo transparente y sujeto a un riguroso seguimiento podremos asegurar su efectividad y evitar desviaciones [...], estaremos construyendo un SECTI capaz de dignificar el trabajo y beneficiar a toda la sociedad en su conjunto
Asimismo, creen que el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) debe ser socialmente transversal, por lo que proponen medidas de promoción de la diversidad y la inclusividad, como por ejemplo “la reducción del techo de cristal, especialmente en los puestos de mayor nivel, donde se produce una mayor desigualdad de género”. En este sentido, defienden que el sistema científico debe ser “transparente e íntegro”. Para ello, ven estrictamente necesario la dotación de medios efectivos del recientemente nombrado Comité Español de Ética de la Investigación para que no acabe siendo “un organismo meramente consultivo y marginal” porque aseguran que, actualmente, existen “abusos de poder y prevaricación en concursos públicos” que gozan de impunidad por la “falta de políticas activas que sancionen estas conductas”.
Sin embargo, añaden y recogen como último pilar del pacto, “todas estas medidas no se podrán llevar a término si no se produce un incremento efectivo del gasto en el sector”. Sitúan como objetivo principal que en esta legislatura se alcance el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) y una tasa de ejecución del 90%, tanto en gasto no financiero como en gasto financiero, para “contrarrestar el retraso histórico que adolece España en cuanto a inversión en I+D+I” y poder competir frente a otros países como Estados Unidos, Japón o Corea del Sur. Esto supondría superar el doble de lo que se gasta actualmente en investigación y desarrollo: en 2021 la inversión ascendió a 1,43% del PIB, porcentaje traducido en 17.249 millones de euros.
“Solamente desde un modelo transparente y sujeto a un riguroso seguimiento podremos asegurar su efectividad y evitar desviaciones. Al garantizar derechos laborales, simplificar la burocracia, promover la responsabilidad en ciencia y aumentar la inversión en I+D+I, estaremos construyendo un Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) capaz de dignificar el trabajo del personal de investigación y beneficiar a toda la sociedad en su conjunto”, concluyen en el manifiesto.
La próxima legislatura, una nueva oportunidad
Este jueves se ha producido el acto de presentación y firma del documento con representantes de Izquierda Unida, Más Madrid, Más País, PP, PSOE, Podemos, Recortes Cero, Sumar, Compromís, BNG o Adelante Andalucía. Otras formaciones, como Bildu, han confirmado a este diario que apoyarán las medidas, aunque no han firmado porque no les había llegado la petición. Vox es el único gran partido a nivel nacional que no ha secundado el texto.
“Las inminentes elecciones constituyen una oportunidad inaplazable para forzar a que los partidos asuman un compromiso público con los ciudadanos para acordar medidas que aseguren que no hay marcha atrás en las políticas de apoyo a la ciencia como instrumento clave de las decisiones políticas. En el momento en el que algunos sectores ponen en duda el método científico, desde Marea Roja lanzamos esta petición de toma de posición clara por parte de los partidos políticos”, ha concluido el investigador Emilio Criado.
En este sentido, la representante de Izquierda Unida en el acto, Alicia Durán, ha declarado ante sus colegas políticos que “no habrá futuro de España si no se toma la ciencia y la tecnología como herramientas estratégicas de cambio de futuro, tomando la disciplina como barrera contra la involución y contra la ultraderecha”. Tanto el representante del PSOE, Javier Alfonso Cendón, como el del Partido Popular, Pedro Navarro, han repetido numerosas veces en su intervención su compromiso a alcanzar esa inversión del 3% del PIB que propone el pacto.