Los científicos reclaman al Gobierno auditar ya la gestión de la pandemia y que se comprometa a aplicar sus conclusiones

El grupo de científicos españoles de primer nivel que el pasado 7 de agosto pidió en The Lancet una auditoría externa sobre qué ha fallado en la gestión de la crisis de la COVID-19 en España ha publicado a última hora de este lunes una nueva carta en la misma revista, insistiendo en la necesidad de iniciar sus trabajos y detallando cómo creen que debería realizarse. Un mes y medio después, ha llegado el momento de definir cómo ha de ser ese examen, dicen, “en términos de tiempos, alcance y liderazgo”. Deberá involucrar, repiten en la publicación científica británica, al Gobierno central y a los autonómicos.

Se trata de un avance de la propuesta que llevarán el 1 de octubre al ministro Salvador Illa, que finalmente ha concertado una reunión con ellos para ese día, que constituirá el primer contacto del grupo con las administraciones. Le plantearán tres requerimientos. El primero, que el examen comience “con urgencia”, “inmediatamente”, para después reportarse “periódicamente” hasta que termine la pandemia cuando haya una vacuna eficaz que se administre masivamente. El segundo, “en un país con muchas tensiones políticas”, contar con el apoyo de partidos políticos, organizaciones y sociedad civil: “Las reacciones a nuestra primera carta fueron positivas entre todos los interesados, y los gobiernos deberían capitalizar ese consenso”. En tercer lugar, el “firme compromiso” de que Gobierno central y los autonómicos van a escuchar las recomendaciones que salgan de este proyecto, y a actuar en consecuencia.

La carta está encabezada por el epidemiólogo e investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona Alberto García-Basteiro, y por la experta en Salud Pública de la Universidad de Singapur y asesora de la Organización Mundial de la Salud Helena Legido-Quigley. Les acompañan en la firma los mismos otros 18 científicos de prestigio de la anterior vez: Carlos Alvarez-Dardet, Alex Arenas, Rafael Bengoa, Carme Borrell, Margarita Del Val, Manuel Franco, Montse Gea-Sánchez, Juan Jesús Gestal Otero, Beatriz González López Valcárcel, Ildefonso Hernández, Joan Carles March, José M. Martin-Moreno, Clara Menéndez, Sergio Minué, Carles Muntaner, Miquel Porta, Daniel Prieto-Alhambra y Carmen Vives-Cases. A la primera carta, recuerdan, acabaron sumando su apoyo más de 50 sociedades y asociaciones científicas del país.

“La COVID-19 ha golpeado fuertemente a España, con más de 300.000 contagios, 28.498 muertes confirmadas, y un exceso de alrededor de 44.000 muertes, a 4 de agosto de 2020. Más de 50.000 trabajadores de la salud han sido infectados, y casi 20.000 muertes ocurrieron en residencias de ancianos”. El artículo del 7 de agosto empezaba con esa descripción de la primera ola de coronavirus en nuestro país. En septiembre, España ya tiene más de 600.000 casos diagnosticados, y se ha convertido en el país de Europa con más incidencia por cada 100.000 habitantes. Todo eso debe ser analizado de manera independiente, para determinar qué falló y qué se hizo bien en el pasado, tanto en el pasado como actualmente y en lo que quede de crisis, apuntan los expertos. La guía que sugieren bebe de la que los profesores Martin McKee y Mike Gill presentaron en mayo para el Reino Unido con el mismo objetivo.

Una vez cumplidas las tres premisas, la urgencia, el apoyo y el compromiso, lo más importante es que el estudio tenga “garantías de independencia”. Los científicos, según han explicado a elDiario.es, no tienen intención de ser ellos mismos los que lleven a cabo la evaluación, sino que animarán al Ministerio a buscar perfiles externos. “Tanto las personas que seleccionen a los miembros del equipo de evaluación, como los propios miembros, deberán ser independientes de los gobiernos, no haber trabajado nunca para ellos, y no tener conflicto de intereses”.  Sugieren que pueden ser tanto españoles que trabajen en el país y en el extranjero, como expertos internacionales, y hablan de un “panel de expertos” y de distintos grupos de trabajo.

Insisten asimismo en que el enfoque no tiene que ser buscar culpables, sino priorizar “recomendaciones que puedan mejorar la situación, sin culpabilidades”. El equipo deberá tener, a juicio de los expertos, igualdad de género y ser multidisciplinar, para poder observar la crisis desde distintos ámbitos. Y aspirar al “alto alcance”, a analizar las actuaciones en materia de salud, economía y efectos sociales, de Gobierno y de comunidades. Los grupos de trabajo podrán incluir incluso a personas de la sociedad civil y representantes profesionales.

Además de la propuesta de McKee y Gill, existen otros modelos de auditoría que llevarán al ministro Illa. Están el que anunció la OMS que prepara a nivel mundial y el que elaboró el parlamento de Victoria, en Australia. “Seguimos animando al gobierno de España y a los gobiernos regionales a sacar adelante esta evaluación, que se puede convertir en un ejemplo que otros países repliquen”, siguen en la misiva, publicada en inglés en el original. Los científicos van a seguir enviando más propuestas basadas en la “evidencia científica” y pensando en contribuir a superar la pandemia de COVID-19 a nivel mundial, defienden.