El colegio Arcipreste de Hita de Fuenlabrada (Madrid) se ha convertido en un “fuerte de la educación pública” durante el verano. Varias familias afectadas por el cierre de un aula para niños de tres años cumplieron 50 días de encierro el pasado martes, 12 de agosto. Protestan por lo que califican como trato de favor por parte del Gobierno de Madrid hacia la escuela privada.
Ahora, un informe elaborado por el colectivo Aulas en la Calle arroja cifras que tratan de desmontar los argumentos que utiliza la Consejería de Educación para abrir o no aulas de Educación Infantil. El departamento se ampara en las solicitudes, plazas vacantes y ratio de alumnos por clase. El estudio afirma que no afecta por igual a todos los colegios. “Existe un trato de favor para los colegios concertados frente a los públicos”, concluye Chemi Martín, profesor y portavoz del colectivo al analizar esta manera de actuar del Partido Popular en esta etapa educativa.
El curso pasado, la consejera de Educación, Lucía Figar, echó el cierre a una de las dos clases de primero de Infantil del colegio público Arcipreste de Hita por un descenso en las solicitudes de admisión. Para el próximo septiembre, las peticiones se han disparado de las 28 a las 44, pero Educación no concede más que un aula de 25 niños. Su argumento: “Hay plazas vacantes en los centros cercanos que no justifican la apertura de una nueva aula”, afirma un portavoz.
“Tratan a los niños como meros expedientes, que da igual que sean admitidos en un colegio que en otro”, se quejaba Jéssica Gómez Romero, madre de uno de los 19 niños que se ha quedado sin plaza en el Arcipreste, en conversación con eldiario.es.
Sin embargo, Chemi Martín señala que la selección de qué colegios sufren los recortes no es igualitaria: “Cuando hay que cerrar un colegio por baja demanda, siempre es público. Con los mismos resultados en concertados, no se eliminan los conciertos y son colegios que pagamos con el dinero público”.
En el documento de Aulas en la Calle se enfrentan los datos de admisión de los colegios concertados de la localidad madrileña de Fuenlabrada en los cursos pasados ya que los datos del curso 2014/2015 (a falta del periodo extraordinario de matriculación) no han sido publicados por la Comunidad de Madrid. Entre ellos está, el colegio Alhucema, situado en la misma zona del Arcipreste de Hita, que este curso ha podido abrir dos aulas de 17 niños cada una. “Eso es por debajo de la ratio máxima de 25 que fija la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el Arcipreste de Hita, con 44 solicitudes –diez más que el Alhucema– podría tener dos aulas de 22, pero solo le conceden una de 25”, apunta Chemi Martín.
La diferencia entre ambos centros, uno público y otro concertado, condujo a una denuncia de la Federación de Asociaciones de Padres Giner de los Ríos contra la consejera Figar y contra el director del área territorial de Madrid-Sur, Alberto González, por posible prevaricación. El estudio de Aulas en la Calle extiende “el trato de favor” a otros colegios concertados: durante el curso recién terminado, el colegio Albanta admitó 41 solicitudes, para las que tuvo dos clases, y el centro Madrigal ofreció tres clases de 22 alumnos.
Además, este colectivo ha tenido acceso a los datos de admisión del próximo curso en el centro concertado Fuenlabrada, que tendrá dos aulas de primero de infantil tras haber recibido 43 solicitudes, una menos que el Arcipreste de Hita, que sólo tiene una autorizada.
Misma dinámica en otros municipios
Esta dinámica favorecedora está extendida. En otros municipios madrileños también han criticado diferencia de criterios a la hora de abrir nuevos centros. La consejera Lucía Figar anunció en plena Semana Santa la apertura de dos colegios concertados religiosos en Parla y Rivas-Vaciamadrid, que echarán a andar el próximo septiembre. En ambas localidades, no ha existido ningún centro de estas características hasta el momento y sus respectivos Gobiernos municipales se opusieron a la medida, dado que habían solicitado sin éxito la apertura de colegios públicos en reiteradas ocasiones.
En Parla, el colegio Juan Pablo II, gestionado por la Fundación Educatio Servanda, abrirá sus puertas el próximo curso en la zona de Parla Este, de unos 22.000 habitantes y con mucha vivienda protegida. “Es una zona donde reside sobre todo gente joven y cada vez más niños”, cuenta un portavoz del Ayuntamiento. “Llevábamos mucho tiempo pidiendo el colegio público número 22 de la localidad, pero nos lo negaban porque no era necesario, supuestamente”, continúa.
El pasado curso, 115 alumnos se quedaron fuera del colegio público Madre Teresa de Calcuta (muy cercano al Juan Pablo II), por falta de plazas. El Ayuntamiento denunció la adjudicación de la parcela al colegio católico, que consideran “ilegal”: “El terreno es propiedad del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid y en la mesa de adjudicación no se informó de las características del proyecto al responsable municipal. Nos enteramos de que el terreno iría para un colegio religioso mediante unas declaraciones del portavoz del PP en Parla”, relata el portavoz del consistorio.
Ante la polémica, la Consejería y el Ayuntamiento de Parla han firmado un convenio en el que la Comunidad se compromete a finalizar las obras que quedaban pendientes en el centro Madre Teresa de Calcula, invertirá un millón en el mantenimiento de los centros públicos y construirá un colegio público para dentro casi dos años: curso 2015/2016. El Ayuntamiento concederá la licencia al colegio religioso, aunque continuará con la denuncia por la adjudicación.
En Rivas-Vaciamadrid la situación es similar. El Ayuntamiento ha impugnado la orden de la Comunidad de Madrid que autoriza la apertura de un centro educativo concertado, también debido a la parcela adjudicada por la Comunidad, “incompatible con las prescripciones urbanísticas del planeamiento en vigor”, apuntan en un comunicado. El colegio Santa Mónica –que pertenece al Camino Neocatecumenal (el movimiento conservador católico conocido popularmente como los Kikos)– informa en su cuenta de Twitter que, pese a todo, abrirá sus puertas en septiembre.
Por su parte, el Ayuntamiento de Rivas recurre también a las cifras para deslegitimar la demanda del colegio concertado por parte de sus ciudadanos. Frente a las 127 solicitudes que superaron las plazas públicas ordinarias ofertadas para alumnos de 3 años, el centro concertado Santa Mónica solo ha recibido 12 matriculaciones (de las 25 disponibles) para ese curso, según recoge la impugnación del Ayuntamiento.
“No queremos que saturen los centros y que todos lleguen a la ratio máxima. Lo que pedimos es igualdad entre colegios, que no cierren los públicos por baja demanda cuando hay otros concertados en la misma situación”, resume Chemi Martín, de Aulas en la Calle. Mientras las familias planean actividades para septiembre, en un verano que, para ellos, sigue avanzando entre pancartas.