El caso del máster de Cifuentes pone a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ante una encrucijada. Este viernes se celebra el Consejo de Gobierno en el que el rector, Javier Ramos, va a analizar la situación generada por la actuación del Instituto de Derecho Público (IDP) que coordinó el postgrado de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El miércoles, el rector se reunió con representantes del Consejo de Estudiantes de la URJC y avanzó su intención de adoptar medidas contra las “manzanas podridas”. En el foco de posibles medidas disciplinarias están los profesores implicados en las posibles irregularidades del máster de Cifuentes y que ya han sido trasladadas a la Fiscalía para que determine si hay una posible comisión de delito por falsedad documental.
Los expertos en derecho laboral explican que las sanciones que recoge la normativa van desde amonestaciones, sanciones de empleo y sueldo e incluso el despido; pero en el caso de los profesores con plaza fija y funcionarios el procedimiento es mucho más complicado y largo.
En relación al título de Cifuentes, eldiario.es ya informó de que la inspección interna probablemente terminará con la retirada del título de máster a la presidenta de Madrid. El pasado viernes el rector, Javier Ramos, ya dejó claro que el trabajo fin de máster de Cristina Cifuentes no existió, como tampoco existió el tribunal ante el que tenía que exponerlo.
El pasado 6 de abril el Consejo de Estudiantes instó a Ramos a llegar hasta el final para depurar responsabilidades y solicitó a los profesores implicados que diesen explicaciones “claras y reales”. Así, propuso que un órgano interno formado por expertos, alumnos, personal administrativo y docentes vigile si lo que ha ocurrido con Cifuentes ha podido suceder con otros casos.
Proceso sancionador
Los expertos en derecho laboral tienen opiniones diferentes sobre la contundencia de las sanciones que se pueden asumir desde el rectorado o el Consejo de Gobierno de la URJC y la capacidad de actuación que tienen mientras la Fiscalia instruye una investigación. Eso sí, todos coinciden en que las profesoras que no tienen plaza fija son “las más vulnerables”.
En esta situación se encuentra, Cecilia Rosado, la directora del máster, y Clara Souto, una de las docentes que alertó de que su firma se había falsificado en el acta presentado por la presidenta regional. “El Consejo de Gobierno puede acordar la extinción de los contratos laborales”, apunta Ricardo Morón, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma.
Morón explica que el proceso sancionador se inicia con una comisión informativa y de ahí ya deriva en un procedimiento disciplinario que tendrá conclusiones diferentes dependiendo de la gravedad de los hechos. “Se le notifica al afectado los hechos y la sanción a la que hace frente. Eso finaliza con unas conclusiones”, añade. Asimismo apunta que la expulsión de personal funcionario tiene que ser ratificado por un ministro y no por la Universidad.
Sobre el proceso al que hacen frente los docentes con plaza fija, en caso de que se determine la separación del cuerpo de funcionarios, reseña que es una actuación mucho más compleja. “Con toda probabilidad a Álvarez Conde le daría tiempo de sobra a jubilarse”, incide Morón en alusión a esta posibilidad. El catedrático que dirige el Instituto de Derecho Público tiene plaza fija, así como la tercera profesora que aparecía en el presunto acta de presentación del TFM de Cifuentes, Alicia López de los Mozos.
Otras fuentes aseguran que esta decisión no se puede ejecutar hasta que no haya una sentencia, en caso de que la causa esté judicializada. “La jurisprudencia más novedosa, cuando se trata de personal de una institución pública, protege a los funcionarios para evitar que sean despedidos por motivos personales o políticos”, apuntan.
Actuación de la Complutense
La Universidad Complutense vivió hace cuatro años un escándalo muy mediático después de que El Mundo informase sobre el estado de descomposición en el que se encontraban más de dos centenares de cadáveres en la Facultad de Medicina. El rector en aquella época, José Carrillo, explica que en ese momento las actuaciones contra el jefe de departamento se limitaron a cesarle en el cargo, la Universidad no le expulsó. Aunque Carrillo cuenta que llegó a proponer una sanción administrativa de año y medio sin empleo y sueldo, no se llegó a ejecutar porque el afectado recurrió y posteriormente cambió el equipo directivo de la Complutense.
Tras iniciar un procedimiento de información reservada, similar al promovido por la URJC, enviaron la documentación del caso de los cadáveres a la Fiscalía. Tal y como ha sucedido en el caso del máster de Cifuentes, una vez que el Ministerio Público ha entrado en la investigación se paralizó la causa interna en la Complutense. “No significa que se cierre la vía administrativa, se quedó congelada a expensas de lo que digan los jueces”, incide Carrillo que tomó esa decisión asesorado por expertos juristas de su Universidad.
Por su parte, el abogado Juan de la Lama explica que el artículo 23 del reglamento de régimen disciplinario de la administración del Estado ampara que si se inicia “una vía penal no se suspenda la actuación laboral”. Este epígrafe indica que informar a la Fiscalía “no será obstáculo para que continúe la tramitación del expediente disciplinario hasta su resolución e imposición de la sanción si procediera”.
El letrado Morón recuerda que la Fiscalía no analiza todas las irregularidades. “Las que no traten sobre falsedad documental y se limiten a temas académicos y administrativos se pueden investigar en la Universidad”, señala.