“Mis viejos problemas digestivos volvieron en pleno confinamiento. Mi médico de cabecera atendía por teléfono, no me trasladaba a un especialista, sentía dolor y no sabía qué hacer. Por primera vez en mi vida, me sentí sanitariamente desamparada. Imagino que los agentes vendedores de seguros saben que muchos nos sentimos así y por eso no me extrañó empezar a recibir llamadas de una compañía ofertándome seguros de vida, de defunción y de salud. Al principio lo rechacé pero al final, como pasa con el negocio de los seguros, me pudo el miedo”. Elena, de 46 años, es una de las personas que ha contratado un seguro privado de salud durante la pandemia. Con una sanidad pública al límite, el sector privado termina 2021 con datos especialmente buenos.
Si los seguros de salud ya vivían una época de crecimiento, la pandemia y la gestión de la sanidad pública en estos dos años han terminado de consolidar esa tendencia. El número de personas con pólizas de asistencia sanitaria creció un 4,4% entre 2019 y 2020, el incremento interanual más abultado desde 2011, según los datos de la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa). Entre 2019 y 2021, la facturación de los seguros de asistencia sanitaria ha crecido un 10,3%, una de las cifras más elevadas de entre todo tipo de pólizas.
No era la primera vez que Elena contaba con un seguro de salud, en su familia, debido al empleo de su padre, contaron con uno durante unos años. Cuando esa cobertura se acabó, ella misma contrató otro “por inercia”. “Lo estuve pagando unos cuantos años hasta que me di cuenta de que era una contradicción ideológica, así que di de baja. Me parecía un poco ridículo defender los servicios públicos y hacer crecer el sistema de la sanidad privada, que me parece un negocio inmoral, pues creo que la sanidad y la educación deberían ser gratuitas y universales”, afirma. Diez años después de ese momento, con las mismas ideas pero “con más achaques y más miedos” que entonces, Elena aceptó la oferta unos días después de esa llamada.
Esta migración, incluso a regañadientes, de muchas personas a la sanidad privada tiene que ver “más que con la pandemia con las otras enfermedades”, dice el representante de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle. “La mayoría de población que ha tenido un problema importante con la COVID ha sido atendida en la sanidad pública, que ha resuelto también los casos más graves. La mayoría de la gente sigue teniendo claro que el sistema público es el que ofrece mejores alternativas a los problemas graves de salud pero la pandemia ha producido un incremento muy importante de las demoras tanto para el especialista como en pruebas diagnósticas”, prosigue.
A finales de 2020, casi un 50% de los pacientes del Sistema Nacional de Salud habían esperado más de seis meses para tener una cita con el especialista, y el tiempo de espera medio para una operación era de casi cinco meses. Castilla-La Mancha y Andalucía son las comunidades autónomas donde más días de media hay que esperar para someterse a una operación. Catalunya y Aragón son por su parte líderes en el retraso para conseguir una visitas de atención especialista.
La Comunidad de Madrid, la que menos recursos destina a la sanidad pública, es la que más población tiene con seguro privado, aunque el dato se explica en parte por la alta concentración de funcionariado de la administración del Estado en la capital.
Nada es casual, explica Sánchez Bayle. “Madrid es un caso paradigmático: este momento ha sido utilizado por la administración para deteriorar aún más la sanidad pública madrileña para expulsar a la gente a la privada. Deteriorar lo público para demostrar que no funciona y así que la gente que pueda se escape al sector privado de manera que lo público se convierta en residual, en un sistema de segunda clase”, apunta.
Fuentes de Unespa subrayan a elDiario.es que sanidad pública y privada son “complementarias” y no rivales. “Las atenciones que presta la sanidad privada son atenciones que se ahorra el sistema público sanitario. Quienes contratan un seguro de salud hacen uso del mismo y, aunque pueden ir a la sanidad pública como cualquier contribuyente, van a la privada y alivian así la carga de trabajo que tienen los centros públicos”, dicen.
La letra pequeña
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) confirma que la contratación de estos seguros ha crecido notablemente en los últimos dos años. Entre los 12 millones y medio de personas que cuentan con uno en nuestro país (el 7% a través de las mutualidades de funcionarios) los motivos principales para tenerlo son acortar esperas, poder tener asesoramiento médico en cualquier momento o disponer de servicios como la fisioterapia, según un estudio de la OCU.
Aunque el informe muestra que, en general, los usuarios están satisfechos con sus seguros, no es oro todo lo que reluce. El 19% de las personas a las que encuestaron relataban que en algún momento su póliza no le había cubierto un determinado tratamiento. Al 7% le subieron el precio debido a su estado de salud cuando iba a renovar el contrato. Al 5% no le autorizaron un tratamiento o medicamento pese a estar incluido. Un 4% tuvo que pagar un extra que no estaba incluido en las condiciones para poder usar el seguro.
“La gente va a lo privado porque piensa que si tiene un problema probablemente le atiendan con más rapidez, pero seguramente se están equivocando y utilizando una salida que no es la mejor”, apunta Sánchez Bayle, que alerta además de esa “letra pequeña” de los contratos de las pólizas, que a menudo esconden requisitos que dificultad el acceso a algunos tratamientos, establecen copagos o periodos de carencia elevados. En cualquier caso, el coste no será el mismo para una persona joven y sana que para alguien que supera los 60 y tiene, por ejemplo, diabetes.
Desde Unespa destacan que los seguros médicos tienen éxito porque son productos que se comercializan “a precios competitivos y accesibles”, con una “amplia” oferta: “Permiten contar con opciones terapéuticas complementarias y acceder al especialista rápidamente, ofrecen coberturas complementarias”.
“En pandemia, la privada te manda a la pública para todo”, dice una usuaria de seguro privado. Otra se queja de que su seguro ofrece precios reducidos para pruebas de antígenos y PCR pero que apenas supone ahorro. “Llamé un día porque había tenido un contacto positivo en el trabajo y me remitieron al ambulatorio”.
En el caso de Elena, espera poder prescindir de su seguro lo antes posible, aunque la cosa, dice, dependerá de cómo evolucione la pandemia y la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, donde vive: “Estos negocios tienen sus trucos, y durante los seis primeros meses pagando el seguro había muchas cosas que no podía hacer, o que tenía que pagar aparte. Y la atención es rápida, eso es verdad, pero hay una frialdad, una desatención, una sensación evidente de que eres cliente en lugar de paciente que no me gusta. No estoy contenta con pagar la sanidad privada pero tampoco me siento bien utilizando la sanidad pública para ir pidiendo aquí y allá pruebas que necesito pero que no son de vida o muerte. Creo que hago mal porque creo en los servicios públicos pero, por otro lado, en un momento como este todo desahogo que se le pueda hacer a un sistema colapsado, viene bien”.
El representante de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, lo tiene claro: “Hay que exigir que el sistema público tenga recursos suficientes y haya una atención sanitaria de calidad y en tiempos razonables. Cuanta mas población esté cubierta por el sistema privado, el público estará más débil y se destinarán menos recursos”.