Una plataforma denuncia que hasta 8.000 mujeres han sufrido desde 2010 el acoso de grupos ultra en las clínicas de abortos
Más de 60 colectivos han suscrito una iniciativa para exigir a las instituciones que pongan freno a “la impunidad” con la que los grupos ultracatólicos acosan semanalmente a las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir voluntariamente su embarazo. Las organizaciones, constituidas en una plataforma presentada formalmente este martes en Madrid, denuncian que este hostigamiento, frecuente en varias ciudades españolas, es “una vulneración de derechos fundamentales” y han habilitado una página web para denunciar esta realidad.
Según sus propios cálculos -conservadores, señalan-, los centros médicos sufren unas 100 acciones de hostigamiento anuales y unas 8.000 mujeres han podido ser víctimas en España desde la aprobación de la Ley del Aborto de 2010, una persecución que se recrudece en determinadas fechas del año, como los llamados '40 días por la vida'. Esta iniciativa de los grupos ultracatólicos, que se inicia este miércoles, intensifica su presencia en las clínicas. “La impunidad y la falta de consecuencias que tiene este acoso anima a los grupos a continuar con sus acciones”, ha señalado Sonia Lamas, de Enclave Feminista.
Junto a este colectivo, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), la Asociación de Mujeres Juristas Themis, UGT y Derecho a Morid Dignamente (DMD) han presentado la plataforma, que pretende constituir “un instrumento de reacción” frente a todas las acciones de estos grupos, centradas fundamentalmente en la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a una muerte digna y los derechos de las personas LGTBI, han explicado.
El hostigamiento a las mujeres que acuden a las clínicas en las que se practican abortos es muy frecuente en Madrid, Málaga o Albacete, donde estas personas tratan de convencerlas para que no entren y las abordan para enseñarles imágenes o fetos de juguete y lanzarles proclamas contra el aborto. Los propios profesionales y los centros también sufren las consecuencias en forma de pintadas en las fachadas en las que han llegado a escribir “asesinos” o “aquí se matan niños”.
Para la Asociación de Mujeres Juristas Themis, este tipo de conductas constituyen un delito de coacciones, pero exige la denuncia de las mujeres, algo que no suele ser muy frecuente y que “pone el peso en las propias víctimas”, que deben “convertirse en heroínas”. Cuando hay denuncia, los procesos no suelen prosperar, explican las organizaciones. En este sentido, el Defensor del Pueblo está investigando actualmente cuál suele ser la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en estos casos.
La plataforma pone el foco en la responsabilidad que tienen las Administraciones Públicas porque “se trata de una vulneración de la intimidad y de la integridad física y moral de las mujeres”, afirma José Antonio Bosch, asesor jurídico de ACAI, además de “un problema de convivencia” y de quebrantamiento de la Ley del Aborto, que “debe garantizar la prestación con una calidad idéntica en todo el Estado”.
Por eso, los colectivos exigen que las instituciones tomen cartas en el asunto y piden una reforma del Código Penal que convierta en delito aquellas conductas que “obstaculicen, impidan, restrinjan, limiten o entorpezcan el acceso de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo”. Así se regula en Francia, donde esta conducta es delito desde marzo de 2017. En otros países existen las llamadas “zonas de seguridad” alrededor de las clínicas para proteger a las mujeres, algo que el PSOE incluyó recientemente en su documento de propuestas con el que pretendía conseguir el acuerdo con Unidas Podemos para gobernar.
Ambos partidos políticos, junto a Ciudadanos, se han reunido con la plataforma, a la que han respondido positivamente a sus propuestas, aunque reconocieron desconocer esta realidad, apuntan las organizaciones. El Partido Popular, por su parte, “ni siquiera respondió” a la solicitud de reunión, han señalado.
En ausencia de la norma específica que convierta en delito estas conductas, la plataforma reclama el establecimiento de estas zonas mediante la reforma del Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, de garantía asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo. “No se puede seguir consintiendo por más tiempo la injustificada impunidad de unas conductas que además de delictivas, suponen una forma clara y evidente de vulneración de los derechos y libertades de las mujeres”, concluyen los colectivos.
