El Ministerio de Educación ha situado este miércoles la mejora de la convivencia escolar como una de sus principales líneas de acción, si no la principal. “Llegan al Ministerio indicadores que dicen que hay una subida de las conductas depresivas, autolíticas, intentos de suicidio... que hacen que nos tengamos que preocupar y estar alertas”, ha explicado este martes el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, tras la reunión del Observatorio Estatal de la Convivencia Estatal. “Que el alumnado esté motivado es la base de trabajo de este Ministerio, sin bienestar no hay esfuerzo posible”.
En un encuentro con medios de comunicación tras la reunión del Observatorio –que ha recuperado su actividad tras estar prácticamente parado desde su creación en 2007–, el número dos de Pilar Alegría ha explicado que asegurar el bienestar emocional de toda la comunidad educativa, familias y profesores incluidos, es una de las “señas” del Ministerio, que comparte con otras administraciones.
Bar ha desgranado una serie de acciones que está poniendo en marcha su departamento para mejorar la convivencia, y con ella la salud mental del alumnado. Educación, que más allá de elaborar la ley no tiene competencias específicas, está elaborando materiales e insistiendo a las comunidades en que “prioricen” esta labor.
Entre las actuaciones del Ministerio están la elaboración de dos estudios con los que pretende conocer de manera oficial los datos sobre acoso, autolesiones, etc., dado que actualmente esta información proviene de entidades privadas. Se está trabajando en uno exclusivo de Primaria y en otro general. También se han creado varios grupos de trabajo para estudiar diferentes cuestiones de esta problemática (uno sobre bienestar emocional, otro sobre ciberconvivencia) y se va a fomentar la formación de todos los actores implicados en el proceso para mejorar en la detección, uno de los debes del sistema, según Educación.
Los profesores, a vigilar las redes
El Ministerio ha presentado también una guía de Recomendaciones para trabajar la ciberconvivencia en los centros educativos. En este material, elaborado por el Observatorio –en el que participan todos los actores educativos, desde los políticos hasta familias y sindicatos del sector–, se recomienda a los agentes educativos “la detección proactiva de situaciones de riesgo para la ciberconvivencia”.
Para ello, entre otras cuestiones se sugiere “la monitorización de comentarios y actividad del alumnado dentro de las plataformas educativas, o el seguimiento de hashtags y menciones relacionadas con el centro educativo en las redes sociales preferidas por el alumnado, así como la creación de alertas en buscadores con términos relacionados con el centro educativo”.
Dicho de otra manera, el Observatorio considera “interesante” que el profesorado controle (algo) las redes sociales del alumnado, al menos en lo referente a sus interacciones educativas. La subsecretaria general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa, Purificación Llaquet, ha llegado a emplear la palabra “vigilar”. La medida –que ha generado un debate entre los miembros del Observatorio, según admiten en el Ministerio– no especifica cómo deben afrontar esta tarea los docentes.
Llaquet ha explicado que la idea bajo esta propuesta es que los profesores conozcan de qué se habla en las redes y qué dice su alumnado para luego poder hablar con ellos. “Lo importante es escuchar y dar espacios y momentos para que los niños hablen. Ahí salen cosas”, ha argumentado, aunque también ha admitido que hay docentes que no saben mucho de redes sociales.
Esta guía, que se está ultimando, contiene también medidas más generales relativas a la inclusión en los protocolos de acciones específicas sobre el ciberacoso o la formación de todos los agentes, alumnado incluido, en la detección temprana de posibles situaciones conflictivas.
Una guía para el coordinador de bienestar... dos meses después
Educación también ha elaborado una guía para la figura de nueva creación de los coordinadores de bienestar, que está provocando un cierto caos en escuelas e institutos por la falta de concreción en la normativa sobre sus funciones o sobre cómo y quién debe ejercerlas. Esta indefinición está provocando que cada comunidad regule la figura a su manera. La guía establece, dos meses después de que haya empezado el curso, el rol que tiene este profesional.
Lo hace a modo de recomendaciones –Educación arguye que no puede regular más porque invadiría competencias de las comunidades autónomas– y propone cinco fases de acción básicas: planificación de las actuaciones, prevención, organizar la formación del personal del centro y el alumnado, la detección temprana y por último la intervención (aunque esta pueda depender en última instancia de la dirección del centro como máxima autoridad).
Preguntado por los problemas que está generando la implantación de esta figura, el secretario de Estado ha pedido calma comentando varias veces que es un momento “incipiente”, ha insistido en que son las comunidades las que tienen las competencias para regularlos y les ha pedido que lo “prioricen” en sus políticas. Educación insiste en que no habrá fondos específicos para esto porque los presupuestos contemplan un aumento del 24% en las transferencias no finalistas (que no tienen un destino concreto) a las comunidades y con eso lo dan por financiado.