El Congreso aprueba la Ley de Memoria Democrática con la oposición de las derechas

Casi se había dado por perdida la Ley de Memoria Democrática cuando el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos con varios de sus socios habituales logró desencallarla hace un par de semanas. Cogió carrerilla la norma que sustituye y amplía la que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 y, tras salvar su primera votación la semana pasada, ya ha salido adelante en el Pleno del Congreso este jueves. La ley, que declara ilegal la dictadura franquista y asume las exhumaciones de víctimas como responsabilidad de Estado, ha sido aprobada con el voto en contra del PP, Vox y Ciudadanos, además de la CUP y JxCat, y la abstención de ERC y el BNG.

Aunque aún debe pasar por el Senado, el Gobierno ha conseguido sacar adelante uno de sus proyectos legislativos más simbólicos coincidiendo con el debate del estado de la nación, en el que Pedro Sánchez ha escenificado un acelerón de la agenda progresista. Y lo ha hecho en medio de un bronco debate en el que las derechas han vuelto a utilizar a las víctimas de ETA para justificar su oposición mientras una parte de la izquierda ha hecho suyas las críticas de varias asociaciones memorialistas, que consideran “insuficiente” la ley y aseguran que “no revertirá” la impunidad de España con los crímenes del franquismo.

Frente a un arco parlamentario dividido y promesas de derogación de la norma por parte del PP y Vox, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños ha justificado la necesidad de una ley que “va a hacer más digna nuestra democracia” y ha definido la memoria como “un derecho de la ciudadanía y de las víctimas”. El ministro ha leído fragmentos del texto para mostrar que “no dice lo que algunos dicen” y ha asegurado que “homenajea a todas las víctimas de la Guerra Civil, de un bando y de otro. Y de la dictadura, que las hubo, y muchas”. “Este Gobierno está siempre con todas las víctimas, arropándolas y no tratando de utilizarlas”, ha espetado.

ETA contra la memoria histórica

El recurso a ETA ha colmado todos los discursos de las derechas, que no han hablado de represaliados ni del régimen franquista. Guillermo Díaz, de Ciudadanos, ha acusado al Gobierno de hacer una “diferencia de trato” en función de si los asesinados lo son “por el fascismo” o por el “terrorismo” de la banda armada. Bolaños les ha recordado que hay desde 2011 una ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas de terrorismo mientras que Enrique Santiago, de Unidas Podemos, ha calificado de “vergüenza” que la derecha “se esconda detrás de las víctimas del terrorismo para justificar los crímenes de una dictadura”.

Pero si algo han repetido insistentemente tanto PP como Vox y Ciudadanos es la acusación al Gobierno de connivencia con “los herederos políticos de los asesinos etarras”, según el diputado popular Jaime Miguel en referencia al pacto con Bildu para salvar la ley y a pesar del mensaje lanzado a las víctimas ayer por la formación nacionalista. Que es una ley “totalitaria”, que “divide a los españoles”, que supone “machacar a las víctimas” del terrorismo de ETA, un “ataque frontal a la Transición” o la “batasunización de la memoria” son algunas de las frases que ha escuchado el Pleno en boca de las tres derechas.

Avances y cuestiones pendientes

Aunque los grupos que han respaldado la norma no han obviado que deja cuestiones pendientes, han querido defender los avances que supone respecto a la vigente. “Hoy damos un paso más para devolver a miles de víctimas del franquismo una parte de la justicia, la verdad y la reparación que se merecen”, ha dicho la diputada de Bildu Bel Pozueta antes de reconocer que “nos gustaría haber llegado más lejos”. A su juicio, sus enmiendas “han mejorado” el texto, pero “sigue adoleciendo de una visión crítica sobre lo que supuso el periodo de Transición ya que se intenta trasladar la idea de que con la Constitución comenzó un periodo de paz y democracia”.

La norma, que entre otras cosas resignificará el Valle de los Caídos, eliminará los títulos nobiliarios concedidos por Franco y pretende extinguir las fundaciones franquistas, estudiará las vulneraciones de derechos humanos que se cometieron más allá de la muerte del dictador, hasta 1983. Un precepto incluido tras el debate con los grupos que aunque no hace extender la aplicación temporal de la ley hasta entonces, ha focalizado la oposición de la derecha, que acusa al Ejecutivo de cuestionar la Transición y al Gobierno de Felipe González. “Tras la aprobación de la Constitución, las fuerzas reaccionarias no se convirtieron en demócratas a la mañana siguiente”, ha justificado el diputado socialista Valentín García.

Muy críticos con la norma, hasta el punto de no apoyarla, han sido la CUP o JxCat, mientras que ERC y el BNG se han abstenido. Para todos, falta en el texto una cuestión clave que también han denunciado las asociaciones de víctimas e incluso Amnistía Internacional: la supresión de los obstáculos que impiden actualmente que se juzguen los crímenes franquistas y hacen que la única causa en el mundo que los investiga esté abierta en Argentina. Así, creen que no será suficiente la enmienda introducida por el PSOE y Unidas Podemos, que apunta a que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no pueden ser prescriptibles ni amnistiables.

Para ERC, es “una ley de impunidad para los verdugos” y “continúa quedándose muy lejos de lo que debería ser una reparación justa a las víctimas”, ha manifestado Carolina Telechea, que aún así ha reconocido que es “mucho mejor” que la que salió del Consejo de Ministros. “Con lo que hoy se aprueba sigue sangrando la herida” y “seguirá mientras no se haga justicia y las heridas sean reparadas”, ha continuado antes de advertir al Gobierno de que su abstención “no es un voto de confianza” sino de “aviso”.

La mirada crítica de las organizaciones

La ovación en el Pleno cuando Meritxell Batet ha anunciado el resultado de las votaciones contrasta con lo que solo unas horas antes manifestaban las asociaciones de víctimas del franquismo a las puertas del Congreso. Creen que la ley, aunque mejora la vigente, es poco ambiciosa y “absolutamente insuficiente para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva”, señala la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA). En la misma línea se expresa Amnistía Internacional, que aunque celebra y valora positivamente el avance, es tajante y afirma que “no garantiza el derecho a la tutela judicial a las víctimas”, además de dejar de lado las indemnizaciones como parte de su reparación integral.

Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que llevó a cabo las primeras exhumaciones científicas en el año 2000, ha reaccionado a la aprobación de la ley lamentando que “deje en vigor” la Ley de Amnistía, que no cree un organismo de atención a los desaparecidos ni reconozca las reparaciones económicas a las víctimas. “La ley habla de verdad, pero no va a contar quiénes eran los verdugos; habla de justicia, pero no va a juzgar a nadie y habla de reparación, pero no va a indemnizar a las familias de los asesinados y desaparecidos”, asegura.