El Congreso ha aprobado pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que permita a las mujeres de 16 y 17 años abortar sin consentimiento paterno o de sus representantes legales. Con 163 votos a favor, 137 en contra y 39 abstenciones, el pleno ha dado luz verde a la moción presentada por Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea y que insta al Ejecutivo a iniciar todos los trámites para deshacer la reforma de la Ley del aborto de 2010 que culminó el PP en 2015 y que restringió el derecho de las jóvenes a interrumpir voluntariamente su embarazo. A última hora PSOE y Unidos Podemos han acordado una enmienda transaccional, a la que el PP ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido.
“Persigue ser una guía para el Gobierno en cuanto a nuestros derechos reproductivos”, empezaba defendiendo la diputada de Unidos Podemos, Sofía Fernández Castañón. “Las mujeres queremos ser ciudadanía de pleno derecho y ésta no será mientras el derecho al aborto sea obstruido continuamente. Ciudadanía de pleno derecho es que si puedo trabajar y me puedo casar con 16 años, también puedo interrumpir voluntariamente embarazo sin informar a los representantes legales”, ha sostenido.
La moción consta de 20 puntos relacionados con el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos, que tocan temas como el acoso de los grupos ultracatólicos en las puertas de las clínicas o la petición de la suspensión de los tres días de reflexión que contempla la ley antes de abortar. El primero de ellos, se basa en la extensión del consentimiento para interrumpir voluntariamente su embarazo a las menores de 16 y 17 años “dejando también en sus manos la decisión de comunicarlo o no a sus progenitores”.
La iniciativa no ha contado al principio con amplio consenso y tanto Ciudadanos como el PSOE han criticado a Unidos Podemos por “buscar un hueco político” con el tema, en palabras de la diputada socialista y portavoz de igualdad Ángeles Álvarez. “La mayoría de propuestas atienden más a estrategias políticas del grupo proponente”, ha asegurado antes de concluir: “Entiendo que estén buscando ese hueco político, pero no poniendo el riesgo o utilizando torticeramente los derechos de las mujeres porque eso se les va a venir siempre en contra”.
Por su parte, Ciudadanos ha presentado varias enmiendas que no han sido aceptadas, entre ellas, una modificación relativa a que las menores sí tengan la obligación de informar al menos a uno de sus representantes legales excepto si la joven alega “que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo”, recoge la enmienda.
Para Unidos podemos, sin embargo, si una mujer de 16 o 17 años no informa a su familia de una decisión como la interrupción voluntaria del embarazo “es porque algo pasa en esa familia”, con lo que la obligación de ponerlo en conocimiento de su padre, madre o representante legal “condena a las mujeres a abortos inseguros”, ha explicado.
La posición del PP, que ha votado en contra, ha sido defendida por la diputada Alba Mullor, que ya en el debate ha confirmado que su grupo no iba a prestar su apoyo para eta moción porque “el aborto no es un derecho, es un fracaso” y, en su opinión, “la obligación de los poderes públicos es prestar el apoyo a las mujeres que van a ser madres”.
El pasado año, la Comisión de Igualdad del Congreso ya aprobó una proposición de ley de Unidos Podemos en el mismo sentido de deshacer la reforma del PP llevada a cabo en 2015, que a día de hoy mantiene un recurso en el Tribunal Constitucional contra la ley socialista al completo desde hace siete años, que está parado y con el tribunal sin vocación de iniciar el debate.
La amenaza del PP con su reforma era mayor frente a lo que finalmente fue: el objetivo del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, era tumbar por completo la norma socialista y alumbrar la ley del aborto más restrictiva de la democracia. Sin embargo, el Gobierno abandonó la idea entre las protestas multitudinarias del movimiento feminista, y mantuvo solamente lo que tenía que ver con las menores de 16 y 17 años. Ruiz Gallardón dimitió al ver truncado su plan inicial y el PSOE y Unidos Podemos siempre se han mostrado partidarios de recuperar el consentimiento de las menores.