Cumbres y contracumbres. Los próximos seis meses España albergará numerosas reuniones informales de ministros de la UE con motivo de la presidencia rotatoria y varias organizaciones sociales, entre ellas Ecologistas en Acción o SOS Racismo, han organizado movilizaciones para reclamar a los 27 un nuevo rumbo. La falta de ambición de la agenda verde europea frente a la emergencia climática es una de sus preocupaciones así como el auge de la extrema derecha con “políticas racistas, misóginas y anti-LGTBIQ+”.
Cuando los ministros de Energía de la UE se reúnan en Valladolid a partir del 9 de julio para, entre otras cosas, seguir intentando desencallar la reforma del mercado eléctrico, habrá un 'plan B' en esa ciudad: un Foro Social por una Transición Energética Justa para analizar la Directiva de calidad del aire y de emisiones industriales, la rehabilitación energética de viviendas, el mercado eléctrico y la revisión de los planes nacionales de energía y clima. Algo similar sucederá unos días después en Madrid durante el encuentro de responsables de trabajo de los 27. Ecologistas en Acción y Greenpeace prevén una acción para denunciar la sobrepesca mientras se den cita en Vigo los ministros de ese área.
Esa agenda alternativa se mantendrá a lo largo de todo el semestre. “En medio la actual crisis multidimensional, especialmente acentuadas por la emergencia climática y ambiental y el agotamiento de recursos naturales, con guerras y ante el auge de las extremas derechas con sus políticas racistas, misóginas y anti-LGTBIQ+, el programa de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE) no plantea una adecuada respuesta a los principales desafíos”, señalan en un comunicado.
Entre las quejas está “la falta de ambición de la UE para responder a la emergencia climática”. Así reivindican una “transición ecológica socialmente justa y políticamente democrática” que se encamine evitar el calentamiento global con medidas que persigan una “reducción drástica del sobreconsumo energético” o la “sustitución de las energías fósiles por energías renovables de bajo impacto ambiental”. “El Fit-for-55 debe fijar la eliminación progresiva de los gases fósiles en toda la UE para 2035”, reclaman.
La agenda verde se ha convertido en uno de los nuevos puntos divisorios en el continente dado que ha provocado un enorme malestar en algunos sectores económicos, especialmente el agrario, que denuncian la asfixia de la industria por el impulso de leyes ecológicos. Las protestas agrarias recorren media Europa y el auge de los partidos que defienden los intereses de los agricultores (que han llegado a ser primera fuerza en los comicios holandeses) han llevado al PPE a reconsiderar su posición y, junto a la extrema derecha y algunos eurodiputados liberales, pretenden tumbar una ley de restauración de la naturaleza, que plantea la recuperación de los ecosistemas de aquí a 2050.
Las movilizaciones también pretenden alertar del “avance de los partidos de extrema derecha o ultraconservadora que están eliminando derechos fundamentales, como evidencian la prohibición del derecho al aborto, las política misóginas, los ataques a la población LGTBIQ+ o el negacionismo de las violencias machistas”. La alerta coincide con los primeros pactos de PP y Vox en España, que han conllevado la eliminación de consejería de Igualdad o el ataque a la bandera arcoiris con la prohibición de que ondee en edificios públicos.
Pero también piden un giro en las políticas europeas y, especialmente, en algunos de los temas que estarán sobre la mesa a lo largo del semestre. Así, plantean la eliminación del Pacto de Migración y Asilo, cuya negociación ha entrado en la recta final en un momento en el que la UE se ha inclina por crear una 'Europa fortaleza' en la que los países sólo están de acuerdo en el control de las salidas y apenas en nada de lo que tiene que ver con la dimensión interior de la migración. Hungría y Polonia ya han amenazado con incumplir todo lo que tiene que ver con el reparto obligatorio de refugiados, incluso si pueden eludirlo pagando, que es la posición por la que se inclinan los 27.
También alertan de que la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que lleva suspendido desde la pandemia pero que se reactivará en 2024 con el objetivo de forzar a los países a limitar el déficit al 3% y la deuda al 60% del PIB, “supondrá nuevas medidas de austericidio”. Por eso reclaman un marco que “proteja los servicios públicos y el trabajo socialmente necesario y que apueste por una fiscalidad justa y una financiación pública verde y feminista”.
“Descolonizar las relaciones exteriores de la UE” es otra de las exigencias de las organizaciones sociales en un momento en el que los 27 buscan reforzar las relaciones con Latinoamérica. El fin de la negociación del acuerdo comercial con Mercosur será uno de los motivos de las concentraciones en Bruselas durante la cumbre UE-Celac a la que los dirigentes europeos quieren llegar con algún avance.