Cremades propone indemnizar con hasta 100.000 euros a las víctimas de abusos en la Iglesia

Madrid, 21 dic (EFE).- El despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo propone indemnizaciones de entre 6.000 y 100.000 euros para las víctimas de abusos en la Iglesia y la creación de un fondo inicial de 50 millones de euros, por parte de la Conferencia Episcopal y la Conferencia de Religiosos, para cubrir estos gastos.

Es una de las recomendaciones que el despacho hace en su informe sobre abusos a menores en la Iglesia -investigación encargada por la Conferencia Episcopal Española (CEE)- que recoge un total de 1.383 denuncias y un mínimo de 2.056 víctimas.

La CEE ha publicado este jueves en su web el informe íntegro, que fue entregado el pasado 16 de diciembre a los obispos y que indica que la Iglesia sufragará las reparaciones a las víctimas, “sean del orden que sean, con cargo a este patrimonio propio, para cuya dotación y garantía de suficiencia podrá disponer de patrimonio inmobiliario”.

“En ningún caso podrá condicionarse al patrimonio de las personas victimarias, ni solidarizarse el riesgo generado con los feligreses a los que no podrá recurrirse para incrementar los recursos disponibles, ni utilizar los fondos provenientes del Estado o la asignación del 0’7 % del IRPF”, advierte Cremades.

El informe concluye que las víctimas tienen derecho a una compensación económica y propone una Comisión Independiente de reparación integral para los casos en los que los afectados decidan no acudir a los tribunales.

En estos casos, la Comisión fijará una indemnización en función de una serie de criterios y del tipo de abuso cometido. Así, la Comisión establecerá indemnizaciones de entre 6.000 y 100.000 euros y Cremades señala que la cuantía máxima podrá ser excedida sólo en casos de especial gravedad.

Entre las reparaciones posibles, la Comisión Independiente podrá plantear una posible Renta Mínima Vital para víctimas a quienes, como consecuencia de los abusos, les resulte impedido incorporarse a la vida laboral.

Insiste el informe en que el derecho a la reparación integral de las víctimas se haga a través de un comité o autoridad independiente y externa a la Iglesia; que las víctimas sean consideradas parte de los procesos canónicos y que se abran y se denuncien ante las autoridades civiles todos los delitos que lleguen a oídos de las eclesiales.

También aconseja entregar al papa el informe y las medidas propuestas para la reparación, crear un canal de denuncias externo y otro interno en cada institución eclesial y que se estudie ejercer la acusación contra los presuntos abusadores.

Para esas personas pide que se adopten medidas disciplinarias como suspenderlas del ejercicio de las funciones, y apartarlas de todo acceso a niños, niñas y adolescentes.

En este informe, los diferentes profesionales que forman parte del grupo de trabajo han dedicado 100.000 horas de trabajo. De ellas, 57.000 horas de trabajo corresponden a miembros del bufete.

Cremades explica que se han facturado un total de 275.000 euros en honorarios profesionales de expertos, todos ellos externos a la firma.

El despacho no ha repercutido a la CEE los honorarios profesionales, que con la tarifa horaria habitual de 200 euros por hora de trabajo hubiesen ascendido al menos a 9’5 millones de euros, aunque sí los gastos de desplazamiento, organización y costes en los que ha incurrido para atender a los profesionales internos y externos de la firma.

Así la cantidad completa de los gastos repercutidos a la CEE es de 750.000 euros.

El informe recomienda a la CEE que reconozca la “enorme dimensión” de lo ocurrido y que tanto esa institución como la Confer “condenen explícitamente los hechos, proclamen la superación de la cultura del silencio y la ocultación e indiquen su voluntad de abordar esta realidad de los abusos, de prevenirlos y erradicarlos en su ámbito, así como de asumir la responsabilidad por los daños producidos, remediar sus acciones negativas y garantizar su no repetición”.

Propone, además, a la Iglesia que facilite a las víctimas la narración de los abusos sufridos y que reconozca públicamente “el valor de la memoria de las víctimas, sin cuestionarla, minimizarla o negarla”.

Y que “para cada actividad que se organice con niños, niñas y adolescentes, aunque sea de forma puntual, se debe establecer un responsable de protección que adquiere la responsabilidad de su protección durante la duración de la misma”.