El Defensor del Pueblo ha pedido más contundencia contra el acoso sexual en las Fuerzas Armadas. Francisco Fernández Marugán ha iniciado una actuación de oficio ante el Ministerio de Defensa con el objetivo de evaluar la eficacia del protocolo contra el acoso sexual puesto en marcha a finales de 2015 tras hacerse público el caso de la comandante Zaida Cantera, hoy diputada del PSOE.
El Defensor del Pueblo pone de manifiesto “su inquietud” por los casos de acoso sexual y laboral en las Fuerzas Armadas y pide “tolerancia cero”. Además, muestra su preocupación por “el aumento de casos y las carencias” que han sido detalladas en el último informe del Observatorio de Vida Militar, que ha reclamado un plan integral para atajar el acoso en la institución.
Fernández Marugán coincide con este organismo en pedir “más protección a las víctimas de acoso en la tramitación de los expedientes sancionadores”. Y es que, prosigue en un comunicado, “solo pueden declarar como testigos, sin
poder intervenir en el procedimiento ni recurrir a los tribunales si el asunto es archivado o no están conformes con sus conclusiones“.
Hace un par de meses se conoció el caso de una soldado del Ejército del Aire que denunció haber sufrido una violación grupal en el mes de diciembre en un cuartel de Antequera (Málaga). La mujer asegura que había sido víctima de un intento de violación anterior en septiembre de 2017 por parte de sus compañeros. Unas semanas después trascendió que la justicia militar indaga sobre sendas denuncias en dos regimientos de Infantería: uno en Girona y el otro en Palma de Mallorca.
El Observatorio de Vida Militar ha hecho una recopilación de cifras de 2004 a 2015, un periodo se presentaron 174 denuncias por acoso sexual o laboral. De ellas, el 76% acabó en nada: la Justicia militar archivó 110 casos durante la fase de diligencias previas y otros 24 no acabaron con sentencia condenatoria contra los acusados. Sólo se produjeron 22 condenas.
Aunque el organismo considera que el protocolo del Ministerio de Defensa es “un primer paso”, también cree que es necesario “simplificar y sistematizar” las medidas de protección de la víctima.
El informe cuenta con un voto particular del abogado Mariano Casado debido a la situación de la víctima del acoso en el seno del procedimiento disciplinario militar. Según censura, la víctima no tiene posibilidad alguna de participar activamente en el expediente disciplinario más allá de ser llamada como testigo. A su juicio, la víctima debe poder intervenir en el procedimiento desde el primer momento hasta el último con las mismas garantías y derechos que el acusado, incluida la posibilidad de ser asistida de letrado.